BlaBlaCar ha recibido un toque por parte de la Comunidad de Madrid. La plataforma de coche compartido afronta su primera sanción en Europa por no contar con la “autorización” necesaria para ofrecer “un servicio de transporte público”.
Para todo hay una primera vez. Hasta para las sanciones. Esta ha sido la sensación que ha experimentado BlaBlaCar tras conocer las dos penalizaciones que la Comunidad de Madrid ha impuesto a la compañía.
La plataforma de coche compartido tendrá que hacer frente a dos sanciones muy graves con valor total de 8.000 euros por «facilitar en nombre propio servicios de transporte público de viajeros sin ser previamente titular de una autorización», según publica Efe.
También ha recibido otra sanción grave de 800 euros por «ofertar servicios de transporte público de viajeros sin disponer del título habilitante». De modo que la Comunidad de Madrid entiende que la compañía ha vulnerado los artículos 140.2 y 141.7 de la Ley de ordenación de los transportes terrestres, respectivamente.
Dos conductores de la empresa también se han visto afectados con sanciones de 4.000 euros cada uno por no disponer «de ningún título habilitante para ejercer dicho transporte».
La decisión se ha tomado tras la realización de varias inspecciones por parte de la Comunidad de Madrid en torno a la actividad que Comuto Iberia, nombre comercial de BlaBlaCar, entregó el pasado verano al Gobierno regional en los documentos requeridos.
El director general de Transportes de la Comunidad de Madrid ha comentado que van a seguir inspeccionando a otros conductores y ha advertido a la compañía de que «tendrá que cambiar su metodología si quiere funcionar en España». «Hasta que España no cambie la ley, su manera de trabajar es ilegal», ha asegurado.
En una nota de prensa, BlaBlaCar ha solicitado una reunión «urgente» a la Comunidad de Madrid para «aclarar» las sanciones impuestas a dos conductores de la compañía, tras asegurar que «siempre» cumple «escrupulosamente» la ley «en todos los países en los que opera».
La compañía ha señalado que es conocedora de la existencia del procedimiento administrativo abierto por la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid contra dos de sus usuarios el pasado mes de agosto. Sin embargo, ha comentado que «no ha recibido ninguna notificación de la incoación de ningún expediente en su contra».
Asimismo, ha explicado que los usuarios «presentaron en su día las correspondientes alegaciones, cumpliendo con los plazos establecidos, manifestando que no utilizaron la red social de coche compartido para realizar servicios de transporte público de viajeros con ánimo de lucro».
«El hecho de que particulares se unan a una red social para conocer gente con la que compartir los gastos de un viaje no es ilegal y tampoco es una actividad de transporte público de viajeros ni de intermediación a tal fin», ha sostenido.
