La alcaldesa de Barcelona vuelve a enseñar las uñas. Ada Colau asume que está librando una cruzada contra las plataformas tecnológicas que se dedican al alquiler vacacional (sobre todo Airbnb y HomeAway), y habrá nuevas multas.
En concreto, el Ayuntamiento de Barcelona ha incoado dos nuevos expedientes sancionadores a estas plataformas, a las que multará con 600.000 euros por reincidencia en la infracción de anunciar pisos turísticos ilegales en sus páginas web.
De este modo, la alcaldesa ha anunciado las dos sanciones en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde ha afirmado que «no es asumible que haya miles de pisos operando sin licencia y de forma ilegal, sin pagar impuestos y causando perjuicios a las comunidades de vecinos».
«El turismo es un activo positivo para la ciudad, pero estaba desequilibrado e impacta directamente al derecho a la vivienda», ha dicho Colau, que ha defendido que las administraciones deben velar por que todos cumplan la legalidad, «empezando por los más grandes y los que tienen capacidad de hacerlo».
Los nuevos expedientes son fruto de la presión iniciada el verano de 2015 a las compañías que hacen de intermediarias a través de la red. Entonces, el Ayuntamiento hizo unos primeros requerimientos a éstas y otras empresas que se saltaban la obligación establecida por la Ley 13/2002, de 21 de junio, de Turismo de Cataluña, de hacer constar el número de Registro de Turismo de Cataluña (RTC) de los establecimientos turísticos en todo tipo de publicidad que los anuncie.
Airbnb y HomeAway no colaboraron con la administración y obviaron los requerimientos, por lo que a cada plataforma ya le impusieron dos sanciones de 30.000 euros cada una por no dejar de anunciar pisos sin número de licencia y no facilitar los datos de estos alojamientos.
En julio de ese año, el Ayuntamiento notificó a las empresas que los dos expedientes ya se habían resuelto en firme. Según el Ayuntamiento, desde entonces, ambas compañías han continuado anunciando viviendas de uso turístico sin RTC. Dada la reincidencia, la tipificación de la infracción pasa de ser grave a muy grave y sancionable con una multa de 30.001 a 600.000 euros, según la Ley de Turismo de Cataluña.
¿Turno de la administración central?
Por el momento todas las acciones contra Airbnb o HomeAway se han tomado desde las distintas administraciones locales. Tanto Barcelona, como este caso; o Valencia, que también ha sido de las ciudades más beligerantes.
Así pues, ¿debería empezar a tomar cartas en el asunto el Gobierno central? Por norma general las empresas deben adaptarse a la legalidad vigente, no puede ser que en unas ciudades se opere con normalidad, y en otras por orden de un alcalde en particular haya multas, sanciones y cierta persecución.
No debería dejarse para más tarde una regulación a nivel estatal para que empresas como Airbnb o HomeAway sepan dónde están sus límites legales, y dónde no.
