El lenguaje es una herramienta, a veces arrojadiza. De esta forma se pueden torcer significados y hechos, como es el caso de la economía colaborativa. Que hace tiempo dejó de ser “colaborativa”, para convertirse solo en “economía”. La situación legal de Blablacar y Airbnb pone de manifiesto que todo ha cambiado, pero nadie asume la transformación.
Y es que volviendo al lenguaje, resulta que al viajar en un Blablacar realmente no lo hacemos en un Blablacar. En realidad vamos en el coche de Pepita Gómez Soler. Natural de Segovia que conduce hasta Oviedo para ver a su novio. Nosotros nos metemos en el coche, pagamos a Pepita y, de por medio, Blablacar saca dinero (por conectarnos).
Lo mismo sucede cuando nos alojamos en un Airbnb… lo que sucede es que no estamos en un Airbnb. Pasamos una, dos o las noches que sea en la casa de Fulanito Alonso Pérez. De igual manera, Fulanito se lleva el dinero del alquiler, y Airbnb recibe su pertinente comisión (por conectarnos).
Este lío semántico ha llevado a que estas dos empresas, como tantas otras, prefieran considerarse parte del entorno de la Sociedad de la Información. Se ven como una red social de internet que simplemente conecta personas para que, entre ellas, “hagan negocios”. De ahí el retorcido nombre de economía colaborativa. Pero los actores tradicionales de ambos sectores han conseguido implicar a las administraciones locales para que les salven el pastel que están perdiendo.
Así, en un país de competencias múltiples, deslocalizadas y a veces incomprensibles, el Ayuntamiento de Barcelona por una parte, y la Comunidad de Madrid por otra, han decidido cargar legalmente contra Airbnb y Blablacar respectivamente. No se trata de nada nuevo, pero la beligerancia cada día es mayor.
¿Empresa turística o de transporte?
Ni rastro en su web de que Airbnb sea una empresa turística como un hotel. Aunque su actividad, a ojos de quien la recibe y paga, sea muy similar. Lo mismo sucede con Blablacar. La gente va del punto A al punto B en un medio de transporte por el cual paga, pero tampoco se atiene a las regulaciones (consecuencias y fiscalidades) de las leyes de transporte.
Es aquí donde entra de nuevo la semántica y la torsión lingüística. Esta semana, en un encuentro con la prensa, el responsable de Blablacar en España, Jaime Rodríguez de Santiago-Concha, insistía en que su compañía se engloba en la Sociedad de la Información y que, por lo tanto, no debe regirse por la ley de transporte. ¿Aunque su negocio se base en el transporte de personas?
Ambos casos ganan relevancia porque, de un lado el Ayuntamiento de Barcelona ha multado a la empresa estadounidense por el tema del alquiler; y Blablacar ha denunciado a España por los expedientes que le ha abierto la Comunidad de Madrid.
La hora de la verdad ha llegado
No tiene sentido prolongar esta situación. Tanto Airbnb como Blablacar defienden sus intereses. Se consideran redes de conexión entre personas, compañías tecnológicas… se pueden considerar lo que quieran, pero sus negocios -o en el que involucran a la gente- compiten directamente con otros que están regulados y legislados.
Y lo hacen porque hay un lucro económico directo y suculento para sus inversores y dueños. Por lo tanto, y sin negar su existencia, debe generarse un marco legal para su normal coexistencia con el resto de compañías. ¿De igual manera? ¿Es lo mismo Blablacar que Alsa? ¿Airbnb que NH Hoteles? No. Y no.
La decisión se debe tomar desde la administración central. Debe ser el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el que dé un paso al frente. No puede ser que cada ayuntamiento o comunidad autónoma decida cómo legislar, cuándo multar o a quién investigar. Ese tipo de inseguridad jurídica es innecesaria.
De este modo, el Gobierno debe armonizar la presencia de estas empresas, que efectivamente son de la Sociedad de la Información. Pero con un marco unificado en toda España. Lo que sea legal en Barcelona lo debe ser en Madrid. Y viceversa.
