Soria deja al próximo Gobierno un agujero de 1.500 millones en el plan de residuos nucleares

El programa de la empresa estatal Enresa para la gestión de todos los residuos radioactivos presenta un déficit de 1.486 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas. El Gobierno no tiene previsto reformar el sistema de financiación del plan y, aunque el actual ya tiene ese agujero, se encomienda a una futura actualización del mismo -sin fecha prevista- para subir las tasas “si lo estima oportuno”.

Las empresas propietarias de las ocho centrales nucleares que hay en España (siete funcionando y otra, Garoña, parada desde hace dos años y medio) no son responsables de la gestión de los residuos nucleares que generan sus instalaciones ni se encargarán de ellos cuando las plantas empiecen a desmantelarse una vez concluya su vida útil. La encargada de la gestión de la basura nuclear y del desmantelamiento de las centrales, y en principio también de los costes que conllevan, es la sociedad pública Enresa (acrónimo de Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA, su antigua denominación, que no llamaba a engaño sobre sus funciones).

El Plan General de Residuos Radiactivos, que no se ha actualizado desde 2006, es la guía de actuación hasta 2085 y cuenta con unos costes previstos que rondan los 20.000 millones de euros. Pero los ingresos no son suficientes para cubrirlos

La empesa pública gestiona el fondo que sirve para financiar el Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR), la guía de actuación a largo plazo con que se pretende asegurar la gestión de la basura nuclear que generen las plantas españolas. Y aunque Enresa está participada por la SEPI (holding empresarial adscrito al Ministerio de Hacienda) y por el Ciemat (centro investigación adscrito a Economía), la compañía está tutelada por el Ministerio de Industria, comandado por José Manuel Soria, por ser el encargado de diseñar la política energética nacional y de gestión de residuos nucleares en último término.

El plan de residuos radioactivos, que va por su sexta edición y que no se ha actualizado desde 2006, cuenta con un presupuesto fijado y prevé actuaciones hasta 2085. El programa de gestión de residuos nucleares de España cuenta con proyecciones para los próximos 70 años, aunque el tratamiento y la vigilancia de la basura nuclear serán necesarios a más largo plazo (según los expertos los residuos mantendrán su actividad durante unos 10.000 años, aunque es evidente que nadie espera un programa público con esa vigencia).

Un plan de 20.000 millones… con un déficit de 1.500 millones

En el plan se contemplan todos los gastos relacionados con la gestión de los residuos (incluido el combustible nuclear gastado), el desmantelamiento de todas las centrales nucleares en los próximos años, la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC, el cementerio nuclear transitorio que está previsto construir en Villar de Cañas, aunque el proyecto va con mucho retraso), la posterior construcción del Almacén Geológico Profundo (AGP, el cementerio definitivo donde descansarían los residuos durante miles de años y que debería estar en construcción en 2035 y operativo ya en 2063)… Según el presupuesto de Enresa, a partir de 2083 los gastos se supone que serán ya muy reducidos y están consignados como una mera “vigilancia institucional” de las instalaciones que acogen los residuos.

En la última revisión de las cuentas del PGRR, realizada por Enresa en junio del año pasado, se prevé que todos los costes por la gestión de los residuos rozarán los 19.720 millones de euros hasta 2085 si se mantuviera la vida útil prevista de 40 años para las centrales (si el cálculo se alarga hasta los 48 años, los costes rozan los 20.500 millones de euros).

Pero los ingresos previstos para financiar el programa (obtenidos mediante tasas que pagan las eléctricas y otras compañías que generan los residuos) son insuficientes, y el plan se enfrenta a un déficit de 1.486 millones de euros, un 16,9% del total de necesidades futuras de financiación, según el último informe de fiscalización de la actividad de Enresa elaborado por el Tribunal de Cuentas publicado el pasado febrero.

Desde 2010, el fondo del PGRR se financia mediante cuatro tasas: dos que pagan las empresas que explotan las centrales nucleares del país y, con una aportación menor, otras dos que abonan los fabricantes de elementos combustibles y otras instalaciones radiactivas. En los últimos cinco años esos gravámenes que pagan las empresas no se han actualizado y el resultado es un agujero de casi 1.500 millones porque los ingresos no cubren los gastos previstos.

La reforma de la financiación no está en la agenda

La reforma del sistema de financiación del fondo del PGRR no está en la agenda del Ministerio de Industria, según confirman a SABEMOS fuentes del departamento que dirige José Manuel Soria. En cualquier caso, desde Industria se subraya que la reforma de todo el sistema de financiación del programa “no sería necesaria para hacer frente al déficit al que se refiere el informe del Tribunal de Cuentas”, y es que las tasas que alimentan el fondo “pueden ser revisadas por el Gobierno mediante real decreto, en base a una memoria económico-financiera actualizada del coste de las actividades del PGRR”, según la legislación vigente.

El Ministerio de Industria no pretende reformar el sistema de financiación y sólo prevé revisar las tasas «si lo estima oportuno» con la próxima revisión económica del plan, que no tiene fecha. La última revisión ya contempla un déficit de 1.500 millones

“Con motivo de una próxima revisión de este plan, si el Gobierno lo estima oportuno, se podría llevar a cabo la actualización de estas tasas”, explican las mismas fuentes. Sin embargo, una nueva revisión de las previsiones económicas del Plan General de Residuos Radiactivos no está prevista a corto plazo. Como tampoco está prevista una actualización general de todo el programa, que se convertiría en el séptimo PGRR, y eso a pesar de que el sexto se aprobó hace casi una década. Desde la propia Enresa se lavan las manos y se remiten al Ministerio de Industria como responsable de solicitar las actualizaciones.

El Gobierno se encomienda, en cualquier caso, a una futura revisión del programa, ya sea total o sólo de sus previsiones económico-financieras, para acometer una revisión de las tasas que se aplican actualmente. Sin embargo, es ya en la última actualización de las cifras, que Enresa realizó hace un año, en la que se detecta ese agujero de 1.500 millones de euros y el Ejecutivo no ha movido ficha. Será el próximo Gobierno el que tenga que reformular el programa para intentar cuadrar las cuentas.

La propuesta del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización de Enresa, propuso que la compañía pública realizará revisiones anuales del sistema de financiación del fondo del PGRR y, en concreto, de las tasas que abonan las compañías eléctricas que explotan las centrales nucleares. El Tribunal de Cuentas denuncia que el actual sistema, que mantiene los tipos de gravamen que se aprobaron en 2010 y que no se han actualizado desde entonces, no traslada a las empresas titulares de las centrales las desviaciones presupuestarias para cubrir el programa de tratamiento de los residuos nucleares.

“Habida cuenta de que el fondo acumulado por Enresa no constituye una provisión contable en sentido estricto, no garantizaría, como requiere la normativa comunitaria y la legislación nacional de protección del medio ambiente, que no se trasladen a generaciones futuras parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de las instalaciones nucleoeléctricas”, dijo el presidente del Tribunal de Cuentes, Ramón Álvarez de Miranda, en una comparecencia del pasado marzo en el Congreso de los Diputados.

Esto es, ni Enresa ni directamente el Gobierno están velando por asegurar la financiación del tratamiento de residuos radiactivos que generan y generarán las centrales nucleares españolas para producir electricidad para las generaciones actuales. Y, en contra de lo que establece la normativa comunitaria, ese agujero presupuestario que hoy no se evita lo tendrán que afrontar las generaciones venideras que no se beneficiaron de la actividad de esas centrales. Según el Tribunal de Cuentas, si se revisaran anualmente las tasas para ajustarlas a los costes previstos, se garantizarían las dotaciones necesarias y, con ello, se podrían distribuir a lo largo del periodo que resta de vida útil a las centrales nucleares españolas.