El Gobierno ha tomado cartas en el asunto de las cláusulas suelo, y la semana que viene aprobará en el último Consejo de Ministros del año un Código de Buenas Prácticas de adhesión voluntaria para las entidades financieras con el que resolver “con celeridad” la devolución de lo cobrado de más a los clientes afectados por dichas cláusulas suelo.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo ha precisado que la relación que mantienen los bancos con sus clientes es una cuestión “privada y personal” y ha destacado que la intención del Ejecutivo con la aprobación de este Código de Buenas Prácticas es dar “seguridad, tranquilidad y certidumbre” para ayudar a solucionar esta situación “de una forma rápida”.
El portavoz no ha precisado qué medidas incluirá este Código de Buenas Prácticas, puesto que el acuerdo del Consejo de Ministros se reduce a la aprobación de su elaboración.
Tras esta propuesta, no se han hecho esperar las primeras reacciones. La asociación Adicae considera un peligro para los consumidores y un regalo de Navidad para la banca el código de buenas prácticas anunciado por el Consejo de Ministros.
La improvisación en las cláusulas suelo
Según Adicae, en lugar de esta intervención improvisada en favor de la banca, lo que el Gobierno debería hacer es cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales de protección de los consumidores. Para ello, insta a promover una solución extrajudicial de resolución del conflicto. Esa solución debe incluir la participación de las organizaciones legitimadas por la ley para representar y defender a los consumidores.
Para la asociación, esta propuesta va en contra de lo manifestado por los consumidores, por el Consejo de Consumidores y Usuarios, la Defensora del Pueblo y casi todos los grupos parlamentarios, que consideran que el cumplimiento inmediato, universal, gratuito de una sentencia tan importante e inapelable del máximo tribunal europeo no puede considerarse algo «voluntario» o «graciable» como los códigos de buenas prácticas del ministro Luis de Guindos.
Tal como se ha demostrado, según Adicae, este tipo de medidas han sido de pobre aplicación y resultados, además de que no son en absoluto de aplicación a este caso que exige la aplicación inmediata de la justicia después de una sentencia tan inapelable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante un escándalo de tan grave impacto económico y social en la ciudadanía.
Desde el punto de vista de la legalidad, tal como ha anunciado el Tribunal Supremo, en las próximas semanas rectificará su doctrina y jurisprudencia de 2013 y dará vía libre absoluta a todos los tribunales e instancias para que resuelvan los casos con arreglo a la doctrina fijada por el TJUE.
Los propios tribunales y desde luego el ministerio competente en consumo (Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) deben dar una salida práctica en línea con la legalidad de resolución extrajudicial de conflictos con la participación inexcusable de los consumidores, que fueron excluidos en las ‘soluciones De Guindos’ al problema hipotecario, a las preferentes y la salida a bolsa de Bankia.
Asimismo, Adicae advierte de que soluciones como los códigos de buenas prácticas pueden motivar nuevos engaños y fraudes de la banca. Para la asociación sería lamentable que esos nuevos abusos fueran propiciados por el Gobierno, demostrando a su vez que la banca española es incapaz de reestrablecer relaciones de confianza, como exigiría una banca moderna que ha sido condenada de forma tan contundente.
