Podría explicarse que, tras la salida de los March de ACS, Florentino Pérez necesita capital líquido para emprender nuevas acciones empresariales o pagar la cuantiosa deuda que mantiene su empresa, parte de la cual proviene de su época en que quiso ser el amo y señor de la energía española. Los más de 2.600 millones que el Estado español le viene abonando por diversos contratos cerrados, a la espera de la resolución final/judicial de las autopistas de pago, tampoco parecen suficiente para abonar esa deuda y tapar algún que otro fracaso empresarial (Hochtief se ha negado a fusionarse con ACS).
La sorprendente venta de las participaciones en tres hospitales baleares no responde a un problema de liquidez en sí mismo. ACS, a través de su filial Iridium, ha vendido el 80% de las participaciones que poseía al grupo Mirova. Mirova es un fondo de inversión de la “economía social y solidaria” según afirman en su web. Es la filial dedicada, realmente, a las inversiones en servicios sanitarios de Natixis Global Asset Management, empresa de capital francés vinculada a Caisse d’Espagne y bancos corsos.
La venta le ha reportado a Pérez unos ingresos 43,3 millones de euros con una plusvalía neta de 7 millones según ha reportado la propia ACS. Parece poco provecho para una gran inversión, pero ahí no se cuenta que por la gestión del Hospital Universitari Son Espases y el Gran Hospital Can Misses, a la empresa de Florentino Pérez ha estado cobrando dinero de las administraciones públicas y los beneficios obtenidos de las gestiones.
Ya vendió ACS su participación, en 2014, a otro fondo de inversión su participación en el Hospital Puerta de Hierro. También se deshizo del 80% de sus participaciones en favor del fondo de inversiones DIF. En aquella ocasión, se vendieron esas participaciones junto con los intercambiadores de transportes de Madrid y la línea 9 del metro de Barcelona. Todo ello por un montante de 175,2 millones de euros con una plusvalía de 44,5 millones. El Hospital de Puerta de Hierro fue el primero en utilizar la fórmula PIF, esto es, se hacen cargo de la construcción y la gestión no médica a cambio de un canon durante 30 años. El problema es el canon.
Como se denunció en las páginas de Diario 16, el canon es una figura oscura y que en la Consejería de Salud no han sabido explicar cómo se aplica a fecha de hoy. El canon en sí encubre numerosos gastos de gestión que, las concesionarias, utilizan para incrementar los costes (por ejemplo, una bombilla de 3 euros ellos la han facturado a casi 6) y supone un gran coste para las arcas públicas. Según el estudio de costes y pagos que realizó Podemos, el coste del Hospital que pudo suponer unos 300 millones de euros, ha sido ya amortizado por la concesionaria en 5 años pues los pagos son de cerca de 200 millones al año.
En el caso de Pérez podría tratarse de una posible fórmula de desinversión en ciertos servicios para centrarse en otros. Pero no es una explicación plausible. Ya en estas mismas páginas, se comentó cómo el imperio de Florentino ocupa todo lo ocupable respecto a servicios públicos. Desde una cafetería en un hospital hasta un CIE o una casa de acogida de mujeres maltratadas, más autopistas, embalses y demás aspectos del ladrillo puro y duro. A todo ello hay que sumar que en abril ACS, mediante UTE, se ha hecho cargo de la construcción y gestión no-médica del Nuevo Hospital de Toledo. Por tanto, la venta de Pérez parece estar más vinculada a las revelaciones de ciertos casos de corrupción (Púnica, Lezo, 3%) o al posible cambio en la modalidad de los pagos de cánones. Tiene información privilegiada y directa de los responsables políticos y eso ayuda a invertir y desinvertir.
Los demás empresarios del ladrillo también venden
Pero ACS no ha sido la única empresa que ha vendido sus participaciones en las distintas concesionarias de Hospitales. Sacyr también ha estado vendiendo sus “hospitales” a distintos fondos extranjeros. En 2016, vendió su participación del 20% que tenía en la concesión del Hospital Puerta de Hierro al fondo de inversiones DIF, fondo que como se ha explicado más arriba controlaba ya el 80% que le había vendido ACS. El importe de la venta fue de 55 millones de euros, a los que se sumarían los cánones recibidos, que con mucho ya superaban la propia construcción, y los beneficios de la gestión.
También se deshizo Sacyr del 49% de las concesiones que mantenía en los hospitales de Parla y Coslada, guardándose un 51% de las mismas. En este caso el benefactor fue el fondo de inversiones LBIP de Lloyds por una cifra de 90,2 millones de euros. “Esta operación se engloba dentro de la estrategia de Sacyr Concesiones de dar entrada en sus concesiones a un socio financiero que maximice la rentabilidad de sus activos y aporte capital para el desarrollo de nuevos proyectos (greenfield), sector en el que ostenta una posición de liderazgo mundial” decía el comunicado de la propia Sacyr.
En Portugal también había vendido sus participaciones de HC-Hospitais Concesionados por un valor de 113 millones de euros al fondo de inversiones Aberdeen. Se trataba de las participaciones del 51% en dos hospitales de Braga y Vila Franca y del 40% de uno en Isla Terceira, en las islas Azores. La operación, en esta ocasión, servía para rotar “activos maduros” e invertir en nuevos proyectos.
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) también vendió parte de sus productos en el corpus sanitario español. Junto a Bankia vendió Globalvía que poseía participación en el Hospital de Torrejón de Ardoz y que se selló por 420 millones de euros. En este caso fue a tres fondos de inversiones privados.
La sanidad pública en manos privadas y fondos de inversión
Todo esto no es más que consecuencia de los numerosos años de gobierno en distintos lugares de España del Partido Popular y por su apuesta, que ha seguido algún gobierno socialista como el andaluz, de derivar a camas privadas a ciertos pacientes para bajar las listas de espera. Listas de espera que se incrementaban por la falta de inversión real en la sanidad pública con medios materiales y humanos, como han denunciado colectivos médicos y la marea blanca.
El gran beneficiario de toda esta trama de desvíos público-privados es el grupo sanitario Fresenius Helios (IDC Salud, anteriormente Capio y Quirón Salud), empresa que gestiona la Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos de Móstoles, Villalba e Infanta Elena. Estos Hospitales, con la derivación de pacientes, han visto aumentados sus ingresos en una media del 250%. Algo que se permite y se fomenta desde la propia Consejería Madrileña como han denunciado PSOE y Podemos. “Hay una competencia desleal que la consejería fomenta. La facturación intercentros además no es bidireccional y estos centros mandan a los pacientes complicados a los públicos” ha denunciado Mónica García de Podemos Asamblea de Madrid.
El caso más sonrojante, y que es objeto de denuncias continuas en los Plenos de la Asamblea de Madrid, es el Rey Juan Carlos de Móstoles. El Hospital recibe todos los años “donaciones” de la Comunidad de Madrid para que acoja a numerosos pacientes, pero aquí se puede hacer una comparación con el Hospital Universitario de la misma localidad. Mientras que el aumento de pacientes derivados en el año 2016 sólo fue en el público de apenas 2900, en el otro la cifra se situó en 30.449. De esta forma el usuario observa que le atienden con más prontitud para una operación, pero desconoce que el dinero público se está yendo a manos privadas y se produce una desinversión en lo público.
La pescadilla que se muerde la cola, se quita a lo público dinero de inversión para favorecer a lo privado, y como lo público recibe menos dinero se deteriora y justifica la lógica del partido conservador y del liberal de que lo privado es mejor. Cuando la realidad demuestra que lo público empeora porque están regalando dinero a lo privado. A esto hay que añadir, como denuncia Maribel Domínguez del sindicato MATS, que los servicios telefónicos contratados “dan orden” de derivar continuamente a los centros concertados. Cuando Aguirre impuso la libre elección de centro sabía perfectamente lo que hacía.
El problema es que en la actualidad la sanidad, al menos parte de la madrileña, se encuentra en manos de fondos de inversión de capital desconocido y cuya única función es obtener beneficios con prontitud y especular. No tienen, en muchos casos, relación real con la gestión directa de ciertos servicios, sino que sólo buscan el beneficio a corto y medio. Así lo indican los periodos de inversión que exponen algunos de ellos en sus propias páginas web. Por ejemplo, en el caso de Fresenius Helios, que sí tiene experiencia en gestión, sus sociedades se encuentran ubicadas en las Islas Caimán. Por lo que podría estar incumpliéndose la legislación vigente que impide contratar con empresas que residan en paraísos fiscales.
