La Secretaría de Estado de Seguridad está a punto adjudicar el contrato de casi 12 millones de euros para la repatriación de extranjeros a sus países de origen. La licitación recaerá otra vez en la Unión Temporal de Empresas, formada por las compañías Air Europa y Swift Air. En los últimos cuatro años, el Gobierno lleva gastados un total de 72 millones de euros en el “negocio de la deportación”, según lo califican diversas ONG y asociaciones de defensa de los inmigrantes. La licitación antes citada deja claro que el Ministerio Interior llega a pagar nada menos que 22.000 euros por hora de vuelo.
En respuesta a una pregunta escrita formulada por la diputada socialista Esperança Esteve, que ayer publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, la Administración del Estado se ha gastado en los últimos cuatro años un total de 72 millones de euros en la deportación de inmigrantes a sus países de orgen: casi 22 millones en 2011, algo más de 17 en 2012, otros 17 en 2013 y casi 16 en 2014.
Según aclara el Ejecutivo en su respuesta, la factura abonada corresponde a la aplicación presupuestaria denominada “Gastos de Transporte” y la misma comprende tanto los servicios aéreos del referido contrato con la Unión Temporal de Empresas, como los realizados en vuelos regulares y viajes por vía marítima.
Al Gobierno, no obstante, le resulta difícil aclarar a la diputada socialista el desglose de dicha factura, pues –según dice- cada vuelo conlleva unos gastos distintos, al concurrir en cada uno de ellos circunstancias distintas, como son el número de ciudadanos extranjeros expulsados, el nivel de peligrosidad, la duración del vuelo y demás factores que influyen en el coste final.
Las asociaciones de defensa de los inmigrantes no han dejado de censurar en estos últimos años lo que para ellos es “el negocio de la deportación”, porque repatriar a la fuerza a los extranjeros sin permiso de residencia en España sube el precio de los vuelos. Según afirman las ONG, las compañías aéreas se llevan pingües beneficios con los que ellas llaman “vuelos de la vergüenza”.
El vuelo del medio millón de euros
Como ejemplo de su denuncia, las asociaciones citan la deportación que tuvo lugar el 11 de diciembre de 2913, de Madrid con destino a Colombia y Ecuador. Aquel día Air Europa puso a disposición del Ministerio español del Interior una aeronave con más de 200 plazas, en la que se transportaba a 91 deportados y 147 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Según los cálculos de las citadas asociaciones, el Gobierno llegó a pagar a la aerolínea más de medio millón de euros por el itinerario de ida y el de vuelta para la escolta policial.
Según el expediente ahora en fase de adjudicación en la Secretaría de Estado de Seguridad, cada hora en el aire de las naves más pequeñas (hasta 75 plazas) pasará a costar este año 9.000 euros. Si se trata de un avión de 76 a 120 plazas, la factura ascenderá a 10.500 euros. La hora de vuelo en una aeronave de 121 a 200 asientos, alcanzará los 17.000 euros. Por último, los vuelos en aviones de más de 200 pasajeros llegará a los 22.000 euros cada sesenta minutos.
El nuevo contrato que tramita la Administración del Estado volverá a recaer, presumiblemente, en el consorcio formado por Air Europa Líneas Aéreas y Swift Air, que es el único que se ha presentado a la licitación. El plazo de ejecución del contrato será de doces meses, con un presupuesto base de 10.896.000 euros. Si a este se le añade el IVA, la factura ascenderá a 11.985.600 euro, a pagar en dos anualidad: 6.991.600 en 2015 y 4.994.000 en 2016.
Las cifras señaladas representan el gasto máximo a realizar por la Administración en virtud del contrato de servicios. No obstante, el importe a facturar por la empresa adjudicataria será el que resulte del gasto real producido en función de los servicios efectivamente prestados y de los precios unitarios ofertados.
