Como ya afirmamos en artículos anteriores, la estafa está definida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua como «Delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro». La mención de la palabra «delito» nos remite al Código Penal donde encontramos la siguiente definición en su artículo 248: «1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno».
La actuación de Emilio Saracho desde que accedió a la presidencia del Banco Popular podría encajar perfectamente en las distintas definiciones anteriores por las razones que Diario16 ha expuesto en artículos precedentes.
En primer lugar, desde el primer momento Saracho indicó que había que bajar el precio de la acción porque estaba muy alto. Así se lo reconoció al propio Ángel Ron. ¿Cómo que había que bajar el precio de la acción? Hacerlo de manera intencionada suponía un perjuicio patrimonial y económico para todos los accionistas y para la propia entidad. Se hizo y se movieron los hilos del mercado para que así ocurriera. En principio, estos movimientos parecían encaminados a llevar al Banco Popular a un precio que lo hiciera atractivo para una operación corporativa por parte de otra entidad. No obstante, esa operación sólo tenía un objetivo: el Santander que, además, en medio de toda la rumorología, siempre se quedaba al margen.
En segundo lugar, para lograr esa pérdida de valor del Popular se manipuló al mercado con los ataques continuados de los bajistas, principalmente Marshall Wace (JP Morgan, el antiguo banco de Saracho) y BlackRock (máximo accionista del Santander y tercero en el Popular). Estos ataques, que llegaron a ocupar más del 20% del capital del Popular, sólo pudieron ser efectivos por la impasibilidad de las autoridades reguladoras dependientes del Ministerio de Economía. Además, Saracho conocía perfectamente los comportamientos del mercado por ser un experto en banca de inversión.
En tercer lugar, Emilio Saracho realizó movimientos encaminados, precisamente, a llevar el precio de la acción a unos niveles muy bajos para propiciar que terminara en manos del Santander, aunque él públicamente siempre se refiriera a una operación corporativa.
En cuarto lugar, Saracho era la fuente principal de una serie de medios de comunicación a los que filtraba informaciones que pudieran generar un escenario de pánico en clientes y accionistas para hacer perder valor en bolsa y en depósitos, lo que provocó que las agencias de rating bajaran la valoración del Popular y, en consecuencia, generara una huida masiva de depósitos, lo que afectó claramente a la liquidez de la entidad. Que Saracho era el filtrador fue reconocido por uno de los medios en cuestión y no fue desmentido. La corroboración de que estas filtraciones eran parte de una estrategia la vimos cuando Francisco Aparicio Valls remitió un desmentido sobre la quiebra del Popular a la CNMV y fue cesado fulminantemente.
En quinto lugar, su intervención en la Junta de Accionistas dando dos soluciones para el Popular sin explicar cómo las iba a implementar provocó una huida de depósitos y una bajada importante del valor de la acción.
En sexto lugar, en semana previa a la intervención Saracho ocultó al Consejo de Administración las ofertas de Barclays y de Deutsche Bank por un valor conjunto de 8.000 millones de euros que, evidentemente, hubieran salvado al Popular.
En séptimo lugar, los días previos a la intervención, Emilio Saracho ocultó al Consejo de Administración las negociaciones que se estaban produciendo entre altos ejecutivos del Popular y altos directivos del Santander en la que se ofrecieron cantidades que oscilaron entre los 5.000 y los 3.000 millones de euros, negociaciones que estaban prácticamente cerradas en la tarde del 6 de junio. De haber comunicado las ofertas descritas y las negociaciones, el Consejo de Administración hubiera tenido que comunicarlas ante la CNMV y ésta habría suspendido la cotización del Popular, lo que hubiese provocado que la operación bajista se frenara y la posterior revalorización de los mercados al valor del banco intervenido el día 7 de junio.
En octavo lugar, según declaró Javier Alonso, subgobernador del Banco de España, Saracho no presentó todas las garantías que tenía a su disposición el Popular para acceder a una cantidad mayor de provisión de liquidez urgente (ELA).
En noveno lugar, en la última reunión del Consejo de Administración, según el acta de la misma, Saracho declara la inviabilidad del Popular tras reconocer que hay una cantidad de depósitos superior a los 60.000 millones de euros y de que se estaban cumpliendo los compromisos adquiridos por la entidad.
En décimo lugar, tras esa reunión se envía una carta de dudosa veracidad a la JUR para que el Popular sea intervenido, una carta con una firma diferente a la de Saracho, según se puede comprobar comparándola con la que rubricó la propia acta de la reunión del Consejo y que no va acompañada ni de antefirma ni certificada con un sello del Popular. Con esta carta se intervino a la sexta entidad financiera de España y se entregó al Santander por un euro.
En undécimo lugar, los movimientos de Saracho y de su círculo más cercano (Miguel Escrig y Joaquín Hervada) para declarar la inviabilidad del Popular se realizaron en base a las instrucciones recibidas desde el despacho de abogados de referencia del Santander, tal y como se demuestra en la conversación telefónica y su transcripción mantenida el día 2 de junio.
En duodécimo lugar, Saracho también ocultó al Consejo de Administración el cierre negativo de las negociaciones con el banco chileno BCI para la venta del TotalBank por una cantidad de 540 millones. Ahora el Santander lo va a vender a la misma entidad por 400 millones.
En decimotercer lugar, Saracho realizó provisiones de activos crediticios no tóxicos, lo que, evidentemente, impactó en la liquidez del Popular.
En resumen, y volviendo a la definición inicial, Emilio Saracho perpetró una presunta estafa durante su presidencia del Banco Popular Español S.A. porque todos sus movimientos provocaron un perjuicio económico y patrimonial a más de 305.000 familias y tenían un fin que llevaba implícito un ánimo de lucro: el del Santander, la empresa para la que realmente trabajó.
