Tal y como informamos la semana pasada en Diario16, mientras se está negociando el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de los Servicios Centrales del Popular en el que perderán su empleo más de 1.500 trabajadores, el Santander ha insertado anuncios en distintos portales de empleo en los que solicita administrativos de banca para la red de oficinas del Popular, lo cual es una incongruencia.
Este asunto salió a relucir en la última reunión entre la Representación Legal de los Trabajadores y los representantes del Santander. No era muy lógico que, si se va a aplicar un ERE, tanto en los Servicios Centrales como, posteriormente, en la red de oficinas en la que se prevé que el número de despidos supere los 5.000, tal y como publicamos en este medio en el mes de septiembre, se esté buscando personal a través de portales de empleo.
La respuesta de los representantes del Santander fue que, efectivamente, faltan trabajadores en la red de oficinas y que por eso se ha abierto un proceso de selección en las provincias en las que hay déficit de personal. Por tanto, la estrategia está clara: contratar personal para posteriormente despedirlo sin asumir costes de antigüedad y, de este modo, rentabilizar el Expediente de Regulación de Empleo por medio de tretas legales que terminen porque el ERE les salga gratis y sea el Estado quien asuma el coste.
Por otro lado, según nos confirman fuentes sindicales, el Santander ofreció a los representantes sindicales las mismas condiciones del último ERE aplicado en el Popular recordándole a los sindicatos que si en aquel entonces les parecieron buenas condiciones, ahora no hay razón para que sea diferente. Esto raya el cinismo puesto que la situación no es la misma que en el proceso de reestructuración de 2.016, además de que muchas de las bajas que se producirán serán forzosas.
El Santander ya reconoce abiertamente en la mesa de negociación que las cuentas del Popular están consolidadas con las del Grupo Santander, por tanto, tienen beneficios. Este hecho debería hacer, tal y como están proponiendo algunos de los sindicatos representados en la mesa, que se presentara un buen plan de prejubilaciones antes de llegar a los despidos forzosos. Sin embargo, teniendo en cuenta que el plan de reestructuración está diseñado por Javier García Carranza Benjumea, lo que se buscará será el camino más cruel, dado que lo peor está por venir, puesto que, tras la finalización de las negociaciones para el ERE de los Servicios Sociales se planteará la reestructuración de la red de oficinas donde, según las informaciones de las que dispone Diario16, se aplicará a, al menos, 5.000 trabajadores y a los que se les impondrán las mismas condiciones que los servicios centrales. Estas son las líneas maestras.
Hay que recordar que con dicha reestructuración de la red de oficinas el Santander obtendrá un beneficio de más de 700 millones de euros, según diferentes estudios. Además, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las sucursales del Popular son propiedad del banco, mientras que las del Santander están en alquiler tras la operación en la que para conseguir liquidez la entidad cántabra vendió su sede de Boadilla y sus oficinas para alquilarlas posteriormente, una operación de venta de oficinas en la que, entre otros, estuvo implicada la familia Pujol. La estrategia del Santander para las oficinas del Popular será la misma: vender las oficinas del Popular para, posteriormente, alquilar. De este modo, no sólo obtendrán el beneficio de la venta, sino que el Santander se ahorrará millones de euros de los alquileres actuales. Esta operación podría reportarle un beneficio de otros 500 millones de euros. Por tanto, la entidad presidida por Ana Patricia Botín obtendrá en esta operación otros 1.200 millones de euros.
Todo el dolor que va a generar el Santander en los trabajadores de Popular podría ser evitado si la Audiencia Nacional adoptara medidas cautelares sobre la operación porque, ¿qué ocurrirá si finalmente se determinara que la intervención del Popular fuese ilegal y ya estuvieran aplicados los Expedientes de Regulación de Empleo, vendidas las oficinas y firmados los contratos de alquiler? La Justicia se verá ante un escenario de hechos consumados que impedirán la retracción de toda la operación. Por esto es fundamental que esas medidas cautelares se adopten cuanto antes para evitar que la Justicia se vea imposibilitada a ser justa con los más de 305.000 afectados y con los trabajadores.
