En los últimos días hemos visto cómo diversos medios de comunicación, principalmente El Mundo, han comenzado a publicar editoriales y documentación interna del Popular (documentación a la que tuvo acceso Diario16 desde hace meses y que nuestros lectores ya pudieron ver el análisis que se hacía de la misma) en los que se solicitan el inicio de investigaciones para, por ejemplo, verificar que no hubo un tráfico de información privilegiada para que las entidades públicas y las grandes empresas retiraran sus depósitos en los días previos a la intervención. Es curioso que, ya sea por desconocimiento o por no haber podido acceder a esos documentos, ya sea por otras razones, estos medios hayan tardado varios meses en comenzar a hacer públicas estas informaciones.
Sin embargo, lo que realmente sorprende, y los lectores de Diario16 son conocedores de estos hechos por los documentos publicados hasta la fecha, es que la búsqueda de responsabilidades en todo lo ocurrido con el Banco Popular se oriente hacia Emilio Saracho o hacia las instituciones europeas, olvidándose absolutamente de la responsabilidad que ha tenido el Santander en todo el proceso previo a la intervención y coincidiendo en la estrategia judicial que está siguiendo la entidad cántabra de cara a las demandas y los recursos que ya se han interpuesto en la Administración de Justicia.
Emilio Saracho tiene una responsabilidad clara y su presunta culpabilidad es obvia en base a todo lo que hemos publicado en Diario16 y que fue depositado en la Audiencia Nacional. Sin embargo, el papel de Saracho fue el de ejecutor de toda la operación que se diseñó varios meses antes, tal y como queda demostrado en la primera parte del libro de Manuel Domínguez Moreno, Banco Popular. Una Operación Diabólica.
No cabe en ninguna lógica que un vicepresidente mundial del mayor banco de inversión del mundo abandone esa responsabilidad para presidir a la sexta entidad de España por una cantidad económica irrisoria para él o para cualquier miembro de las élites depredadoras: 4 millones de euros. Otros beneficios debía de tener esa contratación para que se produjera de manera tan rápida y para que Saracho asumiera los riesgos profesionales que asumió y la contratación de JP Morgan Chase, su antiguo banco, para encargarse de la venta del Popular fue una declaración de intenciones.
Todo lo publicado en estos días por medios que no han informado de lo ocurrido con el Popular demuestra la implicación directa de Saracho en toda la operación y que cuando asumió la presidencia el banco tenía liquidez de sobra. Esas informaciones demuestran que Emilio Saracho conocía a la perfección los efectos que producirían las diferentes estrategias que implementó, estrategias que buscaban deliberadamente tanto la caída del precio de la acción —tal y como le reconoció al propio Ángel Ron— como la pérdida de liquidez a través de la salida masiva de depósitos, una pérdida de liquidez que alguien con poder y acceso le debió prometer que sería restituida por el Banco de España.
Sin embargo, Saracho, al depender directamente del Santander, se granjeó muchos enemigos porque se hicieron promesas que luego no se cumplieron, algo muy propio de la entidad cántabra, porque ya actuó de esta manera en otros casos como Abengoa o Isolux y, en la actualidad, con la empresa asturiana Duro Felguera.
Emilio Saracho siempre tuvo un plan original: bajar el precio de la acción para hacer más atractiva la venta del modo que fuese y, dentro de ese modelo, se encontraba asustar al mercado y a las propias autoridades con conceptos como la liquidez o la pérdida de depósitos. Esto demuestra la falta de principios y lo diabólico de toda la operación y de los que fueron sus máximos responsables, desde el propio Saracho, pasando por el Santander y todos los asesores cercanos o de referencia del banco cántabro, además de la complicidad de las autoridades españolas y europeas. También demuestra que el comportamiento de Saracho es el propio de alguien que va a ganar mucho con todo lo que hizo o que no tenía nada que perder. Por eso, aunque desde diferentes medios y desde el Santander se quiera hacer responsable único a Saracho o a las autoridades europeas, la verdadera responsabilidad va más allá del último presidente del Popular.
El Santander es el máximo responsable de la ruina de 305.000 familias porque si no fuera así no se comprendería cómo el propio Saracho, aún sin tener poderes para hacerlo, contrató los servicios de Uría y Menéndez en nombre del Popular por más de un millón de euros, despacho del que es socio el hijo de Rodrigo Echenique. Fue el bufete de referencia del Santander quien diseñó toda la estrategia; fueron los que dictaron las instrucciones para la declaración de la inviabilidad; fueron los que diseñaron todos los protocolos que debían adoptarse en el Popular el día 7 de junio.
Saracho fue el ejecutor, es cierto, y su responsabilidad en todo lo ocurrido la determinará un juez. Sin embargo, Saracho no puede hacerse cargo de las indemnizaciones a los afectados porque no tiene patrimonio para ello. Podrá ir a la cárcel si la Justicia así lo determina, pero los accionistas arruinados se quedarán sin recuperar lo que les fue hurtado en la noche del 6 al 7 de junio. Lo mismo ocurre con la responsabilidad de la JUR. Ya dejaron caer que sólo pagarán a los afectados si se determina que hay una diferencia entre el «justiprecio» pagado por el Santander y lo que hubiesen recibido en un concurso de acreedores.
Por tanto, ¿a quién beneficia que todas las miradas se centren en Emilio Saracho y en las instituciones europeas? Precisamente, al principal responsable: el Banco Santander. Es un modo de desviar la atención de los propios arruinados para que centren sus demandas en una línea que, precisamente, es la que defienden los servicios jurídicos del Santander y todos aquellos despachos que tienen conflicto de interés con la entidad cántabra. Algunos de ellos ya los hemos citado en estas páginas.
Mientras se desvía la atención hacia otros presuntos culpables el Santander continúa con su estrategia de monetizar al máximo el patrimonio y la cartera de negocio del Popular y, de este modo, las 305.000 se quedarán sin nada. Para evitar que esto ocurra, Diario16 volverá a depositar en la Audiencia Nacional más documentación, alguna ya publicada y otra que lo será en breve porque las 305.000 familias tienen el derecho de recuperar lo que les fue hurtado para rescatar a la entidad que realmente se encontraba en dificultades.
