El Santander tiene la mala costumbre de ser cruel con los trabajadores. Ya se vio en el ERE de 2.016 que fue traumático. Ya se vio en la reestructuración de plantilla durante la absorción definitiva de Banesto, que fue dolorosísima para los empleados. En el año 2.018 no iba a ser una excepción y el Expediente de Regulación de Empleo de los Servicios Centrales del Banco Popular está siendo cruel por mucho que desde el propio Santander y desde ciertos medios que siempre actúan como órganos de propaganda se esté queriendo transmitir que todo el proceso es una balsa de aceite y que los empleados del Popular se están adhiriendo a la voluntariedad sin poner dificultades. Esto es falso. En Diario16 ya hemos publicado los movimientos que está realizando la entidad presidida por Ana Patricia Botín para lograr que la totalidad de los 1.100 despidos sean «voluntarios» y cómo se ha llamado a trabajadores que no se habían adherido al ERE para «convencerles» de que lo hicieran. También es de resaltar que cuando a esos empleados citados iban acompañados de un representante sindical, algo a lo que tienen derecho, en el departamento de recursos humanos se hacía el silencio o, directamente, se negaba la presencia de los representantes de los trabajadores.
El Santander no ha logrado ese objetivo. Sin embargo, hay irregularidades que recuerdan a otros ERE dolorosos aplicados en otras entidades, de los que hablaremos en el futuro y que aún están siendo juzgados. Distintas fuentes de los trabajadores consultadas por Diario16 nos han confirmado que hay cientos de trabajadores que solicitaron adherirse de manera voluntaria al ERE y que a fecha de hoy no han recibido respuesta alguna por parte del Santander mientras que a otros que no se adhirieron se les está presionando para que lo hagan y se beneficien del «gran acto de altruismo» del banco. Esta irregularidad es muy grave y preocupante dado que en el acuerdo firmado entre los sindicatos mayoritarios y el Santander se deja muy claro que antes del 5 de febrero, es decir, hoy, la entidad el banco tendría que haber respondido a esas propuestas.
Lo más grave es que muchos trabajadores que se negaron a secundar el ERE ya no están en la plantilla del Banco Popular, hecho que demuestra que no es voluntario sino forzado y esto se evidencia en lo explicado anteriormente. ¿Había listas diseñadas de antemano? Trabajadores consultados por Diario16 nos dan a entender que sí porque si no lo que está ocurriendo es inexplicable.
Esta crueldad para con los trabajadores no es de extrañar teniendo en cuenta quién está al cargo de la reestructuración, Francisco Javier García-Carranza Benjumea, un hombre al que no le tiembla la mano a la hora de provocar desgracias y al que le cuesta mucho realizar algo que beneficie a la humanidad. Muchas veces la genética es más fuerte que la dignidad. Estos movimientos dejan muy claro que el Santander tenía focalizados sus objetivos, tenía en el punto de mira quiénes debían abandonar los Servicios Centrales y la red NITA y quiénes debían quedarse. Sin embargo, la verdad logra que no se distorsione la realidad porque la lógica indica que es imposible que desde el primer minuto tras la firma del acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo la Dirección del Santander supiera el número de empleados del Popular que no se iban a inscribir al ERE y, por tanto, el número de forzosos ocultos bajo el manto de la «voluntariedad». Todo estaba previsto. Cuando hay mucho dolor en juego, García-Carranza no deja puntada sin hilo que dar. Todo estaba previsto y diseñado incluso antes de que sindicatos y empresa se sentaran a negociar.
Este es el primer paso y los niveles de crueldad del Santander ya están siendo elevados. No obstante, aún queda el ERE más doloroso, el que se aplicará en la red de oficinas una vez que los sistemas de los dos bancos queden integrados. Diario16 ya dio una cifra: al menos 5.500 trabajadores serán despedidos y se volverá a intentar dar la imagen de que todo será «voluntario». Esperemos que la Justicia actúe antes de que esto se produzca y paralice una operación que ya debería estar anulada desde hace meses y, de este modo, evite más dolor y más sufrimiento a unos trabajadores que llevan en estado de angustia más de un año por las decisiones que se adoptaron para salvar, precisamente, a su verdugo.
