El informe de la CNMV inculpa aún más a Saracho

Estruendosos suspiros de alivio se han escuchado entre los responsables de la operación diabólica que terminó con la intervención del Popular, el regalo al Santander por un euro y la ruina de más de 305.000 familias tras conocerse que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha presentado un informe en el que entiende que Saracho no realizó ningún tipo de manipulación del mercado a través de los bajistas. Evidentemente, los abogados del ex presidente del Popular han cogido ese documento para reclamar el archivo de la causa abierta contra él porque incluye los mismos argumentos que los presentados por su defensa. Es sospechoso que haya esta simbiosis entre lo dicho por Saracho para defenderse de los delitos de manipulación del mercado y de administración desleal y lo que se indica en el informe de la CNMV, lo que podría demostrar que la presunta connivencia entre los actores principales de la operación de rescate del Santander sigue activa.

El informe concluye que la CNMV investigó más de 100 operaciones sospechosas de manipular el mercado pero que fueron desestimadas por no haberse detectado abuso de mercado. Sin embargo, cuando los bajistas ocuparon más del 24% del capital bursátil del Popular, ¿por qué no paralizó el supervisor la cotización como hizo con Liberbank cuando esa ocupación fue muy inferior? Esa pregunta aún no la ha respondido la CNMV por más que, tanto su presidente como el ex ministro De Guindos, afirmaran que no se paralizó porque se «disponía de toda la información» sobre esas operaciones.

En segundo lugar, la propia CNMV concluye que fueron las noticias negativas publicadas las que incidieron aún más en la caída del Popular. Este punto es fundamental porque, tal y como reconoció uno de los periodistas que firmaba esas informaciones, la fuente de las mismas era el propio Emilio Saracho. Por tanto, las conclusiones de la CNMV, más que exculpar al ex presidente, le inculpan aún más. Sin embargo, en este punto el supervisor también tuvo su responsabilidad porque, tras la presentación de un Hecho Relevante por parte del Banco Popular que desmentía la información publicada por un medio digital, no hizo nada.

El señor Aparicio Valls hizo su trabajo y, por ello, fue despedido por Saracho. Por otro lado, ¿por qué Saracho no emprendió esas acciones legales contra ese medio de comunicación? Porque él era la fuente, según lo indicado por el periodista firmante de esas informaciones.

El propio Saracho reconoció nada más llegar al Popular indicó que el precio de la acción estaba muy alto y que había que bajarla. Evidentemente, para ello se benefició de la operación bajista de Antonio del Valle y sus declaraciones o sus filtraciones fueron fundamentales para, además de bajar el precio de la acción, provocar la salida de depósitos que afectara a la liquidez.

El hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya aceptado los argumentos de ese informe de la CNMV y, por lo tanto, haya «comprado» los argumentos de los abogados de Saracho en referencia a la manipulación del mercado y la administración desleal para conseguir que el ex presidente del Popular que declaró la inviabilidad sea exculpado, lo que sería un escándalo social provocado por la Justicia superior al de La Manada.

Por otro lado, el presidente de la CNMV ha afirmado que el supervisor no tiene responsabilidad sobre la solvencia de las entidades bancarias. En parte tiene razón, pero la CNMV también tiene la responsabilidad de controlar los datos de una entidad cotizada para trasladarlos al mercado.

Sin embargo, todos los especialistas y entidades supervisoras están de acuerdo en que la causa de la caída del Popular fue la crisis de liquidez, no la solvencia y esa liquidez huyó del banco intervenido por los movimientos y estrategias de Saracho; por sus declaraciones en la Junta de Accionistas; por presentar unos colaterales incompletos a la hora de acceder a la línea de liquidez de 9.500 millones de euros y que, como las garantías presentadas no se correspondían a las que disponía el Popular, se quedó en 3.500 millones; por haber ocultado las ofertas de ampliación de capital de Barclays y de Deutsche Bank que garantizaban 4.000 millones y que podrían llegar a 8.000 millones; por no haber ejecutado las ofertas de venta de activos no estratégicos como WiZink o TotalBank; por haber comunicado la inviabilidad con una carta que «presuntamente» no fue firmada por él; por haber firmado un contrato con Uría y Menéndez —el despacho de cabecera del Santander, donde son socios el hijo de Rodrigo Echenique y la esposa de Javier Botín— para que le fuera asesorando sobre la inviabilidad y los movimientos a realizar según lo indicado en el Proyecto Noya. Ante toda esta situación, ¿cómo puede la Fiscalía pensar en archivar la causa contra Emilio Saracho? El juez Fernando Andreu, con la documentación que ha publicado este medio, la que ya está admitida en la Audiencia Nacional, y la que se presentará en breve, tiene documentos suficientes como para no archivar la causa o cerrar la instrucción, lo cual sería un verdadero escándalo social provocado por la Justicia y que demostraría que España está cada vez más cerca de ser un Estado o una democracia fallida.

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