El Banco Santander tiene un riesgo reputacional evidente que viene lastrado por la conducta de sus dirigentes, directivos y de la familia Botín que gobierna el banco como si fuera su cortijo, con sucesión dinástica incluida, desde hace generaciones, al protagonizar constantes escándalos de presunto fraude fiscal (cesiones de crédito, 2.000 millones de euros ocultos en Suiza, etc.) y operaciones dudosas (Popular, Banesto, etc.) durante muchos años.
Por mucho que se empeñe su departamento de comunicación dirigido por Juan Manuel Cendoya, ni su presidenta es feminista ni el Santander es benefactor de las personas con discapacidad. Su labor social queda en entredicho con la aplicación de ERE salvajes y coactivos que han dejado en la calle a trabajadores y mujeres embarazadas, tal como ya hemos publicado en Diario16 en relación con el Popular.
Toca hoy hablar de la sociedad Konecta BTO que es una empresa participada en el 40% por el Santander y que, recientemente, se ha adjudicado la concesión del servicio de cita previa de la Agencia Tributaria, tras una rocambolesca y rauda resolución de un recurso contra la adjudicación a Grupo SIFU.
El Santander, a través de su empresa Konecta —sancionada anteriormente por ERE encubierto— ha dejado en la calle a los 92 empleados discapacitados de Grupo SIFU que hasta la fecha se encargaban del servicio telefónico de cita previa de la Agencia Tributaria. En vez de subrogar a los empleados, como es la costumbre habitual en casos de cambios en las subcontratas, Konecta se ha negado a hacerse cargo de los 92 empleados discapacitados que facilitaban el servicio de cita previa.
En múltiples ocasiones Santander y Konecta han presumido y alardeado de su supuesta ayuda a las personas con discapacidad con programas de ayuda a proyectos inclusivos en los que dicen “promover la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad dentro del territorio nacional” e “impulsar proyectos dirigidos a la mejora de la empleabilidad, la autonomía y el empoderamiento de las personas con discapacidad”.
Sin embargo, cuando llega la hora de la verdad y tienen la oportunidad de demostrar esa labor social de ayuda a las personas con discapacidad han mostrado su verdadera cara dejando sin empleo a 92 discapacitados, mostrando el rostro más cruel del nuevo capitalismo y que es falso todo lo que muestran a través de las campañas de marketing de su departamento de comunicación apoyadas por sus medios afines.
Estos trabajadores con discapacidad que no fueron subrogados en Konecta han sido despedidos de su trabajo y ni siquiera fueron recibidos por ningún representante de Konecta, a pesar de haber estado esperando largas horas en sus oficinas.
La actuación de Konecta va en contra de lo que dicen que son sus principales objetivos «el apoyo, la formación y la inserción laboral de los colectivos en riesgo de exclusión social como son las personas con discapacidad, mayores de 45 años, desempleados de larga duración y mujeres con cargas familiares. Además, apoya iniciativas de I+D que mejoren la accesibilidad física y tecnológica en los centros de trabajo, asesora a empresas para el cumplimiento de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y desarrolla proyectos enfocados al empleo y formación de personas con discapacidad».
Señora Ana Patricia Botín, ¿qué será de estas 92 personas con discapacidad que se han quedado en la calle? ¿Dará instrucciones a Konecta para que estos trabajadores sean, finalmente, subrogados en sus puestos en el servicio que llevan desempeñando años para la Agencia Tributaria?
