Desde que accedió a su independencia el 9 de julio de 2011, Sudán del Sur vive en un estado de guerra civil permanente que ha causado, hasta la fecha, el desplazamiento de dos millones de personas, la muerte de no menos de 50.000 personas y gravísimas violaciones de derechos humanos por parte del Ejército, que se unen a la extensión de la hambruna en un país que nada literalmente en petróleo y al despilfarro de sus recursos a causa de la corrupción, el saqueo internacional y los gastos militares.
Sudán del Sur es actualmente el Estado soberano más joven del mundo. En 2005, después de medio siglo de guerra civil (apenas interrumpida durante una década) entre el Gobierno mayoritariamente musulmán de Sudán y los rebeldes cristianos de Sudán del Sur, que causó alrededor de dos millones de muertos y cuatro millones de desplazados, se firmó el Acuerdo de Paz Global que sentaba las bases para un paulatino proceso de desagregación que culminó con la creación del nuevo Estado, con capital en Juba, hace justamente cuatro años.
La independencia supuso no sólo el triunfo de los hasta entonces rebeldes del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA), reconvertidos como Ejército nacional, sino que implicó la concesión al Sur de la mitad de los ingresos del petróleo que se generaban en el conjunto del antiguo Sudán.
En todo caso, el nuevo Estado nació enfermo, y así quedó bien patente en la misma resolución 1996 del Consejo de Seguridad de la ONU que consolidaba el proceso y que había sido aprobada justo un día antes de la proclamación de independencia. Previendo de forma expresa que Sudán del Sur podía constituir una amenaza para la paz y la seguridad en el conjunto de la región, estableció la creación de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS), con el objetivo de controlar la situación, crear las condiciones para el desarrollo y asegurar el cumplimiento del Acuerdo de Paz Global. La misión estaba programada inicialmente para un año, pero los hechos, como en tantos otros casos, han obligado a prolongarla.
Salva Kiir, antiguo señor de la guerra y actual presidente
La realidad del país es tan deprimente como paradigmática del mundo en que vivimos. A falta de industria ni de nada que se le parezca, la economía del país depende casi absolutamente del petróleo, que genera alrededor de 150.000 barriles diarios, muchos menos, no obstante, que los 500.000 que se registraban aún en 2010.
A pesar de que el país, por lo tanto, apenas produce un tercio de su capacidad real, y de que los precios del petróleo se encuentran en plena caída libre en el mercado internacional, entre el 90 y el 95 por ciento de los ingresos del Estado proceden de la venta del crudo, como recordó recientemente el experto Gonzalo Fanjul en un artículo publicado en El País. Con estos ingresos, el Estado debe devolver los alrededor de 1.600 millones de dólares que debe a las compañías petrolíferas chinas, malasias e indias en concepto de préstamos ya vencidos (y, por supuesto, impagados) y financiar un costosísimo ejército que absorbe la mitad de los presupuestos estatales. A ello se une el problema estratégico que supone que, aunque dos terceras partes del petróleo que producía Sudán antes de la partición se encuentran en los yacimientos del Sur, los oleoductos, refinerías y puertos se encuentran en el Norte.
Yacimiento petrolífero en el estado de Unity
El despilfarro y el endeudamiento caminan de la mano con un tercero que, a tales alturas, ya no puede sorprender a nadie: la sempiterna lacra de la corrupción. En 2012, el presidente Salva Kiir llegó a pedir por carta a políticos y altos funcionarios que devolvieran hasta 4.000 millones de dólares procedentes del petróleo que habían sustraído de las arcas del Estado.
Aparte, y como es también habitual, el país no es, ni de largo, el principal beneficiario de sus productos naturales. Por ejemplo, se calcula que el Gobierno sursudanés sólo obtiene una media de diez dólares por barril, muy por debajo de los 60 habituales en el mercado internacional.
Detrás de ese problema están las condiciones de los contratos de explotación. A modo de ejemplo, la organización Global Witness ha denunciado, como caso paradigmático en el que se combinan corrupción y saqueo internacional, el acuerdo firmado por el Gobierno de Juba con la empresa Star Petroleum para la concesión y exploración de 45.000 kilómetros cuadrados. “No se ha hecho pública ninguna información sobre quién es el propietario de esta empresa”, que podría estar “estrechamente relacionada con un empresario convicto por un fraude de un millón de euros” y cuyo titular mayoritario podría ser, por cierto, español. Aparte, no consta que esta compañía “esté produciendo petróleo en ningún otro lugar del mundo” y el acuerdo fue negociado “a puerta cerrada”, sin ningún tipo de concurso público para la concesión, añade la prestigiosa ONG de defensa de la transparencia.
Hambre, cólera y niños soldados
En tales circunstancias, poco tiene de extraño que Sudán del Sur figure en 2015, por segundo año consecutivo, en la lista de Estados más “frágiles” (nueva denominación para lo que antes se llamaba “Estados fallidos”) del mundo, que elaboran anualmente la revista Foreign Policy y el centro de investigación Fondo para la Paz (FFP, en inglés), ambos con sede en Estados Unidos.
Debido a la falta de una política económica digna de tal nombre y del permanente estado de guerra en que vive el país, que afecta directamente a los medios de vida de la población, al menos 3,5 millones de sursudaneses (aproximadamente el 40 por ciento de una población total de 8,2 millones de habitantes, de acuerdo con el último y muy controvertido censo de 2008) precisaban ayuda alimentaria de emergencia el pasado mes de junio. Para agravar la situación, el recrudecimiento de la guerra ha obligado a las organizaciones no gubernamentales a evacuar a su personal de las zonas de Koch, Nyal, Ganyiel y Mayendit, según han informado la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y la red de sistemas de alerta temprana contra hambrunas, la Fews Net.
Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), alrededor de 250.000 niños menores de cinco años sufren una situación de “inseguridad alimentaria grave” y casi uno de cada tres niños de las zonas más castigadas por el conflicto sufre desnutrición. A esta cifra se unen los cerca de 13.000 niños de la guerra reclutados por todos los bandos enfrentados y los 200.000 menores que han quedado fuera de cualquier sistema escolar. UNICEF tiene constancia de que, en el curso de los últimos enfrentamientos armados en torno a Leer y a Malakal (capital del estado del Alto Nilo y puerta de acceso a los principales yacimientos petroleros del país), han sido asesinados al menos 19 niños y siete niñas (algunos con solo siete años de edad), mientras que otros menores han sido violados, secuestrados, mutilados o reclutados para combatir.
Una mujer y su hijo desplazados en la frontera con Sudán a causa del conflicto
En medio de esta crisis humanitaria, una de las más graves del mundo, el Gobierno de Sudán del Sur expulsó del país, a principios de junio, al coordinador de la ayuda humanitaria de la ONU, el británico Toby Lanzer, sin dar ninguna explicación. La decisión del gobierno del antiguo señor de la guerra Salva Kiir fue duramente criticada por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, quien agradeció los esfuerzos de Lanzer en favor de los sectores más vulnerables de la población.
Apenas una semana antes de su expulsión, el propio Lanzer había declarado al diario británico The Guardian que Sudán del Sur se encontraba al borde del colapso económico, con una inflación galopante. “No se trata solo de que Sudán del Sur tenga uno de los indicadores de desarrollo humano más bajos del mundo. No es solo que llevemos 17 meses de violencia brutal. También ocurre que estamos al borde del colapso económico”, advirtió. “La gente va a destinar entre el 80 y el 85 por ciento de sus pertenencias solo a comer”, añadió. “Esto va a suponer una importante presión para un pueblo que intenta ganarse la vida”, agregó.
Por si fuera poco grave el panorama, la UNMISS y la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertaron el pasado 30 de junio de la aparición de al menos 396 casos de cólera, 26 de ellos mortales, en Juba, capital del país, y en uno de los focos del conflicto, Unity. Al menos 53 de los enfermos eran niños menores de cinco años de edad.
La guerra civil y los abusos del Ejército
La guerra por el control de los yacimientos está íntimamente relacionada, obviamente, con las alianzas, los enfrentamientos armados y, por supuesto, los soportes financieros del conflicto armado que sufre el país. El presidente Salva Kiir se ha valido del oro negro para armar a sus aliados, tanto internos como externos (entre otros, a las fuerzas ugandesas, eternos enemigos de Jartum).
El país se encuentra enclavado, para su suerte o su desgracia, en una zona estratégica para las grandes potencias mundiales. China, vieja aliada y cómplice de Sudán del Norte, ha apostado por el nuevo Estado, con inversiones y armas, y la Unión Africana se ha entregado, una vez más, a su despreciable papel de obstaculizador de cualquier proceso de investigación y reparación para las víctimas del conflicto armado, vetando la publicación del informe de su propia Comisión de Investigación sobre Sudán del Sur.
El 15 de diciembre de 2013, el veterano líder guerrillero y actual presidente Salva Kiir acusó a su antiguo vicepresidente Riek Mashar de haber intentado un golpe de Estado para derrocarlo. Por lo general, las grandes tragedias africanas tienen un comienzo muy parecido a éste. El resultado fue el estallido de una guerra civil que, como suele ocurrir en estos casos, adquirió pronto un componente de enfrentamiento étnico entre la tribu Dinka, a la que pertenece Kiir, y la tribu Nuer, de la que forma parte Mashar, todos ellos con sus respectivos aliados paramilitares.
Se calcula (por lo bajo) que la guerra ha causado alrededor de 50.000 muertos y el desplazamiento de alrededor de dos millones de personas, una cuarta parte de las cuales se han refugiado en Etiopia, Uganda, Kenia y Sudán, con el consiguiente riesgo para la estabilidad interna de estos países. Aparte, desde diciembre de 2013, más de 120.000 personas han buscado refugio en las bases de la ONU en Sudán del Sur.
En 2014, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2155, por la cual se reforzaba la UNMISS con la misión de proteger a los civiles, vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y apoyar la prestación de la ayuda humanitaria.
Mapa de Sudán del Sur
Pues bien, en el marco de ese mandato, la UNMISS hizo público el pasado 30 de junio un informe demoledor en el que acusaba al SPLA y a un grupo paramilitar aliado de gravísimas y generalizadas violaciones de derechos humanos en Unity, un estado del norte fronterizo con Sudán.
Tras entrevistar a 115 víctimas y testigos de los condados de Rubkona, Guit, Koch, Leer (localidad natal de Riek Mashar) y Mayom (en los que el Ejército lleva a cabo, desde el pasado mes de abril, una ofensiva de envergadura contra las fuerzas armadas de oposición), los investigadores de la ONU han constatado que tanto el SPLA como sus aliados paramilitares han asesinado a civiles, saqueado y destruido aldeas y causado el desplazamiento de alrededor de 100.000 personas. Entre las denuncias más abominables recopiladas por los responsables de derechos humanos de la UNMISS, destacan los secuestros y abusos sexuales perpetrados contra mujeres y niñas, algunas de las cuales, según los testigos, fueron quemadas vivas dentro de sus propias viviendas.
Un grupo de desplazados en Sudán del Sur
“El reciente resurgimiento de los combates no está marcado únicamente por las denuncias sobre asesinatos, violaciones, secuestros, saqueos, incendios y desplazamientos, sino también por una brutalidad e intensidad inéditas”, ha denunciado la misión en un comunicado. “El alcance y el nivel de crueldad que ha caracterizado a este informe sugiere un odio profundo que va más allá de las diferencias políticas”.
Los expertos de la UNMISS solicitaron permiso para personarse en los lugares en los que supuestamente se habían cometido las atrocidades, pero los militares se lo negaron en todo momento, lo que se añade a los numerosos obstáculos logísticos a los que tuvieron que enfrentarse en el curso de la investigación.
Una vez redactado el informe, los miembros de la misión visitaron otros dos lugares en los que supuestamente se habían cometido atrocidades y llevaron a cabo varias entrevistas con testigos y víctimas. La información reunida durante estas visitas ha servido para corroborar denuncias anteriores.
Siguiendo el procedimiento habitual, la UNMISS entregó una copia del informe al Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur diez días antes de su publicación, pero ningún responsable del Gobierno se ha pronunciado hasta la fecha sobre las conclusiones. Otra copia fue entregada al propio SPLA, cuyo portavoz ha rechazado las denuncias pero, al mismo tiempo, ha agradecido las investigaciones sobre estas acusaciones.
Como era de prever, el presidente Salva Kiir anunció en mayo de 2013 que su país «nunca» formará parte del Tribunal Penal Internacional (TPI) porque «se creó para los líderes africanos, que tienen que ser humillados». Poco antes, Kiir se había reunido con el presidente sudanés Omar Hassan al Bashir, contra el que pesa una orden de arresto del TPI por las atrocidades de Darfur. Antes enemigos y ahora hermanos de sangre. Un final feliz.
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