Vodafone y Orange han presentado sendos recursos contenciosos administrativos ante la Audiencia Nacional contra las condiciones impuestas a la compra de Canal+ por parte de Telefónica, según han informado fuentes de ambas compañías a Europa Press.
El pasado mes de abril, la CNMC aprobó la compra de Canal+ por parte de Telefónica en segunda fase con compromisos sometidos a vigilancia. Los competidores enfatizaron en su momento que tras la operación Telefónica ostentaría una cuota en televisión de pago del 85% en cuanto a ingresos y de más del 70% en clientes.
En cuanto a las condiciones, las más polémicas han sido las referentes al acceso a contenidos ‘premium’ y a los precios. De acuerdo con los compromisos aceptados por la CNMC, los competidores de Telefónica podrán acceder a un máximo del 50% de los canales ‘premium’ que integran la oferta mayorista del grupo a precios que aseguren la «replicabilidad» y eviten situaciones de «estrechamiento de márgenes».
El recurso contencioso administrativo se ha presentado ante la Audiencia Nacional en ambos casos antes del plazo máximo fijado por ley para este tipo de trámites, que finalizaba el pasado 30 de junio.
Tras la presentación del recurso, la Audiencia Nacional debe decidir ahora si lo admite a trámite y, en ese caso, si emplaza a las compañías a presentar una demanda formal.
En su escrito, los compañías piden que se adopten medidas cautelares para, entre otras cuestiones, asegurar que Telefónica ofrece un 75% de los contenidos ‘premium’ y no un 50% como le exige la CNMC y, además, otro sistema de fijación de precios en el caso de los contenidos deportivos, al considerar que el actual no permite competir en igualdad de condiciones.
En este sentido, el modelo incluye un coste mínimo garantizado, con el que se pretende compartir el riesgo asumido por Telefónica al adquirir contenidos deportivos, que tendrá en cuenta además el coste por abonado.
Asimismo, los rivales de Telefónica expresaron sus dudas respecto a los periodos de exclusividad. De acuerdo con los compromisos, Telefónica deberá limitar a tres años la duración de sus contratos de adquisición de contenidos y renunciar a los derechos de adquisición preferente. Por su parte, la explotación en exclusiva de los contenidos que adquiera la compañía queda limitada a dos años y a determinados tipos de ventanas de emisión.
