España ha salido de Bruselas duramente golpeada por partida doble. Por un lado, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, perdía la batalla contra el actual presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, para sucederle en el cargo para los próximos dos años y medio. Y por otro lado, el Consejo ratificó la multa por importe de 18,93 millones de euros a España por enviar a Bruselas estadísticas manipuladas sobre el déficit y la deuda de la Comunidad Valenciana.
Casi con resignación, el ministro español decía al entrar en el Eurogrupo que él había hecho lo que le pidió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. «El presidente me pidió presentar mi candidatura porque tenemos opciones«, señalaba. Se mostraba positivo con su posible nombramiento, a pesar de que la situación de Grecia había inclinado la balanza casi totalmente hacia quien ha seguido el proceso desde los comienzos, Dijsselbloem.
Como cabía esperar, el socialista holandés repetirá mandato para los próximos dos años y medio. Su gestión ha sido avalada por unanimidad en sus socios en la segunda vuelta, aunque la primera votación estuvo «ajustada». De Guindos no quiso revelar sus apoyos, pero aunque la votación era secreta, el ministro sabía casi con total seguridad quien le daría su apoyo.
«España es un gran país y tiene derecho a estar representado en la UE. Estoy seguro de que habrá otras oportunidades», señalaba Dijsselbloem en rueda de prensa. Casi con una frase idéntica se despedía De Guindos de la Presidencia del Eurogrupo. «Todos teníamos mucha ilusión en este tema. Pero saldrán otras cosas y yo estoy convencido de que España se merece tener más representación», decía el ministro.
La realidad por el momento es que se han ido perdiendo oportunidades una tras otra. Desde que en 2012 España perdiera su silla en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), todos los planes no han salido como se esperaban. Aquel año se designó al luxemburgués Yves Mersch como miembro del comité ejecutivo en sustitución de José Manuel González Páramo, echando atrás la candidatura del español, Antonio Sáinz de Vicuña, director del servicio jurídico de la entidad.
Hasta ese momento, los cuatro grandes de la eurozona (España, Italia, Alemania y Francia) tenían garantizada su presencia entre los seis miembros del directorio del BCE. La salida de España acabó con esa «norma» debido principalmente a la presión de los países con mejor calificación crediticia, que reivindicaban más poder en los cargos económicos de la UE.
En el nuevo equipo de la Comisión Europea, España aspiraba a una cartera de peso en materia económica. Se apuntaba alto
En el nuevo equipo de la Comisión Europea, España aspiraba a una cartera de peso en materia económica. Se apuntaba alto. A Asuntos Económicos o Competencia, pero fueron a parar a Francia y Dinamarca, respectivamente. El actual comisario español, Miguel Angel Arias Cañete, se quedó con la cartera de Energía y Clima, por debajo de una vicepresidencia, la de la Unión Energética, ocupada por la eslovena Alenka Bratusek, con poder de veto sobre el comisario. Se perdió la vicepresidencia de la Comisión, que con Durao Barroso ocupó Joaquín Almunia, y no se alcanzó las expectativas de peso que se tenían. Después, todas las esperanzas estaban puestas en el Eurogrupo. Pero una vez más se ha vuelto a perder.
Y para rematar el día, 19 millones de multa
Casi parecía un chiste cuando el Consejo anunciaba ayer en un comunicado que había ratificado la multa aprobaba por la Comisión Europea el pasado mes de mayo. Motivo: los datos estadísticos que se enviaron del déficit de la Comunidad Valenciana se manipularon. Si no soplaba el viento a favor para De Guindos, noticias como ésta tampoco ayudaban. Hace dos meses se dijo que el Consejo ratificaría la multa casi de inmediato, pero no lo hizo hasta ahora, en un momento poco oportuno para España. La decisión se tomó en el Consejo de Agricultura y Pesca del lunes, sin discusión.
La sanción asciende a 19 millones de euros (18,93), una cifra muy inferior respecto al máximo previsto en la legislación de la Unión Europea, donde se establece que una multa de estas características puede llegar a alcanzar el 0,2% del PIB del país, lo que en el caso español hubiera significado 2.000 millones de euros. Para llegar a ese nivel tendría que haberse demostrado intencionalidad en la actuación de la Comunidad y no está probado.
La noticia de la imposición de la multa provocó un enfrentamiento en mayo entre el Gobierno central y el de la Comunidad en cuestión, ambos en aquél momento del mismo partido, el PP, respondiendo con el mismo mensaje: «yo no voy a pagar». Si no se entendían perteneciendo a la misma formación, ahora se augura una importante lucha entre partidos para hacer frente a la multa. Bruselas la impone a España y será el Gobierno quien determine si paga él o pasa la factura a Valencia.
Se trata de la primera vez que un Estado miembro es multado por este motivo
Se trata de la primera vez que un Estado miembro es multado por este motivo. Para poder responder con un castigo económico a manipulaciones de estadísticas por parte de las naciones, la Comisión Europea creó una legislación específica hace cuatro años a raíz de descubrir las malas praxis, precisamente en Grecia, a quien se ha exigido la independencia total de su agencia de estadísticas.
La Oficina europea Eurostat se nutre de la información que envían los Estados miembros. El caso del falseamiento de las estadísticas en la Comunidad Valenciana se remonta a mayo de 2012. En aquel momento, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas anunciaba una revisión del déficit de 2011. Desde el 8,5% comunicado en un primer lugar, lo elevaba al alza en 0,4 puntos porcentuales apenas unas semanas después hasta alcanzar el 8,9%. Es en este contexto donde comenzó la investigación europea en julio de 2014, que ha finalizado con la ratificación de la multa.
