El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la distribución de los 13,1 millones de euros que cada trimestre de este año se reparten los fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados, en concepto de gastos de funcionamiento ordinario de sus mastodónticos aparatos burocrático. Un cálculo pormenorizado de las cantidades que los partidos han recibido en los últimos años da cuenta de que estos se han convertido en auténticas máquinas de derrochar dinero público.
En total, las fuerzas políticas han costado a las arcas públicas nada menos que 700 millones de euros en la última década por ese concepto de gasto de funcionamiento ordinario. Si a ello se suman las subvenciones electorales por votos y escaños conseguidos, los pagos para sufragar los gastos de seguridad y las ayudas a las fundaciones de los partidos, el coste para el Estado sobrepasa con creces los 800 millones de euros.
La evolución, año tras año, de las subvenciones al funcionamiento ordinario de los partidos deja datos asombrosos que harían sonrojar a más de un dirigente político. Lo más llamativo es que cuanto más dura era la crisis económica y más se apretaban el cinturón los españoles, más abultadas eras las ayudas públicas a las fuerzas parlamentarias.
Por ejemplo, el Estado repartió en 2011 más de 83,2 millones de euros en este tipo de subvenciones a los partidos con representación en el Congreso. Durante los años anteriores, la tendencia era parecida: alrededor de 80 millones en 2008 y algo más de 81 millones en 2009 y 2010.
Mayores subvenciones durante la crisis
No deja de ser un contrasentido que, cuando estalló la crisis económica, el Gobierno de la época –que presidía entonces el socialista José Luis Rodríguez Zapatero- decidió aumentar más de un 15 por ciento las ayudas a los partidos políticos. Precisamente, en 2007 el Estado se gastó 65,2 millones de euros en el funcionamiento ordinario de las fuerzas parlamentarias. Un año después –en 2008- el coste se disparó a los 80 millones de euros.
La victoria electoral del Partido Popular y la sustitución de Rajoy por Zapatero como principal inquilino de la Moncloa supuso un cambio de tendencia. El déficit público del 8 por ciento del Producto Interior Bruto que dijo encontrarse el Ejecutivo del PP, dos puntos más que el declarado por el Gabinete socialista, hizo que Rajoy ordenase medidas drásticas de ajuste. Una decisión que motivó que el nuevo Gobierno decretase la reducción del 20 por ciento en las subvenciones del Estado tanto a los partidos políticos como a las organizaciones sindicales y patronales.
En efecto, en el año 2012 el coste para las arcas públicas por el funcionamiento ordinario de las organizaciones políticas descendió a los 66 millones de euros. Volvió a disminuir en 2013 a los 52,7 millones y, desde entonces y hasta ahora, el gasto se ha mantenido congelado en esa cifra.
Como es previsible por su representación en el Congreso, los dos partidos mayoritarios –PP y PSOE- se llevan el 80 por ciento del montante anual. El año pasado, los populares se llevaron 24,5 millones de euros en el reparto del pastel. Los socialistas, por su parte, se quedaron con algo más de 16 millones.
Los partidos políticos en España –en especial los dos grandes- se financian con el dinero público, dados los escasos ingresos que reciben de las cuotas de sus afiliados. La cuenta de resultados hecha pública por el PP hace diez días dejaba en evidencia que el 80 por ciento de sus gastos los pagan, vía impuestos, los españoles de su bolsillo. Esta manera de financiar la política en España contrasta con lo que ocurre en Estados Unidos, donde la mayoría del dinero que las organizaciones se gastan en las campaña electorales proviene de fondos privados.
Ayudas para seguridad
El BOE publicó también ayer las subvenciones estatales anuales a las fuerzas políticas para sufragar los gastos de seguridad. En total, ese concepto le cuesta al Estado alrededor de 2,5 millones al año. En 2010, cuando ETA no había abandonado su actividad criminal, las cantidades eran un 20 por ciento mayores. El PP se lleva 315.374,79 euros al trimestre para subvencionar su seguridad, mientras el PSOE, casi 180.000.
