El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intentó lanzar ayer un mensaje tranquilizador a los catalanes que se muestran contarios a la secesión y al resto de los españoles. “La soberanía nacional no se romperá y no habrá un proceso independentista en Cataluña”, dijo el jefe del Ejecutivo para, a renglón seguido, anunciar que su Gobierno está absolutamente preparado ante “cualquier problema” que pudiera surgir en esa comunidad autónoma.
Un día después de la presentación de la lista unitaria soberanista, el jefe del Ejecutivo insistió en decir a todos los catalanes que estén tranquilos porque no van a perder nunca su condición de catalanes, españoles y europeos, ya que la soberanía nacional no se va a romper y no va a haber independencia de Cataluña.
Por eso subrayó que el Gobierno no va a permitir que, tras la cita con las urnas en Cataluña, se produzcan declaraciones que supongan un ataque frontal a la ley y a las normas de convivencia, algo que, según él, no tiene precedentes en países democráticos. Es por ello que la Abogacía del Estado tiene la orden de impugnar cualquier acto o declaración que vulneren la Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.
SABEMOS ha querido indagar sobre el alcance de las palabras del presidente del Gobierno y, para ello, ha sondeado a algunos de los principales estrategas de la Moncloa. Todos ellos coindicen en la importancia de la convocatoria de la Comisión Constitucional del Congreso, que hoy -con capacidad legislativa plena- aprobará el proyecto de ley de Seguridad Nacional.
Sin recurrir al temido artículo 155 de la Constitución, la futura norma permitirá al Ejecutivo hacer frente al órdago independentista, en el caso de que el Parlamento que salga de las urnas apruebe una declaración unilateral de soberanía.
En efecto, con una mayoría simple del Congreso y sólo a través de un real decreto, el Gobierno de la Nación podrá declarar la situación de excepcionalidad y hacerse con el control de los Mossos d´Esquadra y de las policías locales para suspender poderes de la Generalitat y de los municipios catalanes.
Preguntados los estrategas de Moncloa por la posibilidad de que el Ejecutivo hiciera efectivo ese control sobre las fuerzas de seguridad en dicha autonomía, estos contestaron: “Ya lo ha dicho el presidente, la soberanía nacional no se romperá, porque el Gobierno está preparado para hacer frente a cualquier problema que pudiera surgir”.
Las mismas fuentes destacaron el apoyo que hoy dará el PSOE al proyecto de ley de Seguridad Nacional durante la reunión de la Comisión Constitucional del Congreso. Precisamente, los socialistas se encargaron ayer de dejar clara su intención de hacer un frente común con el Gobierno para frenar el órdago independentista del presidente de la Generalitat y sus aliados secesionistas.
En un almuerzo-coloquio en Barcelona, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, avisó a Artur Mas y a sus compañero de la lista soberanista Junts pel sí (“Juntos por el sí”) de que el PSOE no permitirá ningún desafío a la legalidad tras las elecciones del 27 de septiembre.
Además, Sánchez advirtió de que en esos comicios los independentistas podrían llevar a la fractura social y política y a incrementar la frustración en Cataluña, al pretender seguir con el proceso soberanista sin la mayoría absoluta del Parlamento catalán.
Un madrileño paga al Estado el triple que un catalán
El mismo día que populares y socialistas escenificaron su frente común contra el secesionismo, el ministerio de Hacienda hizo públicas las balanzas fiscales, correspondientes al año 2012, con lo que se desmonta el pretendido victimismo de los nacionalistas catalanes.
En términos per cápita, un ciudadano madrileño da tres veces al Estado lo que pone un catalán, unos 2.927 euros al año frente a 984 euros. Además, el saldo de Cataluña con respecto al conjunto de regiones se eleva a los 7.439 millones frente a los 19.015 que computa Madrid. O lo que es lo mismo, un 3,75 por ciento del PIB de Cataluña frente a un 9,57 por ciento del PIB de Madrid.
Según el informe del ministerio que dirige Cristóbal Montoro, Madrid se convierte en la gran pagana del sistema, con un déficit fiscal de 13.672 millones de euros. Ninguna otra Comunidad aporta tanto a las arcas públicas. De hecho, el saldo de Cataluña con el resto del Estado se sitúa en los 1.220 millones.
Es decir, la Comunidad catalana tan sólo contribuye de forma neta con un 0,6 por ciento de su PIB, muy lejos del 6,9 por ciento que brinda la Comunidad de Madrid.
