El pasado 1 de julio, SABEMOS adelantaba los problemas con la Justicia a los que se enfrentaba el empresario canario Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria, una compañía de seguridad que pasó del todo a la nada durante los últimos tiempos del PP de Madrid, con Ignacio González en la presidencia de la Comunidad de Madrid y José Manuel Soria, el ministro que inauguró su concesionario de BMW en Canarias, como ministro.
Valle Sanz, de UGT, explicaba entonces lo siguiente a este diario: “A él lo indultó el ministro Soria, pero aún sigue con causas pendientes con la Justicia. Todavía falta que le condenen por un delito que tiene contra la Seguridad Social y contra Hacienda. A nosotros las horas extras no nos las pagaba como extras sino como dieta, con lo que se ahorraba pagos a la Seguridad Social y a Hacienda. Además, con esto pagaba más barato al trabajador, que no cotizaba nada de eso. Esto cuando pagaba las horas extra, porque la gran mayoría de las veces ni siquiera las pagaba”.
Pero las sospechas de Sanz sobre la rectitud del empresario en su forma de hacer negocios iban más allá: “Esta empresa no es adjudicataria de ningún servicio que no sea de la Administración pública. Esto no es una empresa como Securitas, Prosegur o Seguribérica, que son solventes y que tienen otras contrataciones. No. En Seguridad Integral Canaria se mueven exclusivamente por las administraciones públicas, bien sean de Metro de Madrid o de Patrimonio Nacional”.
Su propia patronal de seguridad
A estas adjudicaciones habría que añadir las del Ayuntamiento de Madrid, donde Ramírez se ha hecho fuerte a través de una empresa considerada como su marca blanca, Marsegur. En realidad, entre las prácticas del empresario canario la presencia de varias compañías es una constante. Hasta el punto de que llegó a crear su propia patronal de seguridad, Acosepri, formada por empresas relacionadas directamente con él o con sus socios habituales, tales como las ya citadas Seguridad Integral Canaria y Marsegur, Power Sic y Sinergias de Vigilancia y Seguridad.
Un informe de la Inspección de Trabajo filtrado a El Mundo cifraba recientemente en 21 millones este presunto pufo a la Seguridad Social y a Hacienda por parte de Miguel Ángel Ramírez, también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.
El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, reconocía en una entrevista a SABEMOS estar al tanto de la situación de precariedad de los trabajadores de seguridad de Marsegur.
Y aunque es difícil actuar contra empresas cuando no se tiene constancia de que hayan incumplido las condiciones, subrayó que sí se vigilará atentamente. «Eso no quiere decir que no tengamos una posición política ante ellos. Lo que no tiene ningún sentido es que una administración local como el Ayuntamiento de Madrid sea colaboradora necesaria en la precarización del empleo. Eso es vergonzoso. Es una actuación claramente reclamable y denunciable desde el punto de vista político. Que la administración local piense que abaratando los contratos, de esa manera, está prestando el mismo servicio, es un claro error. Se está produciendo en la seguridad y en otros contratos de menor importe que también son significativos», subrayaba el economista.
Ahora parece que cambia la forma de trabajar en las administraciones madrileñas, con Ahora Madrid cazando concesionarias poco diligentes y el PP de la Comunidad de Madrid obligado a hacer limpieza en casa por parte de Ciudadanos, Podemos y el PSOE, queda sólo una duda: ¿Bastará con que se prueben estos presuntos delitos para devolver a este empresario a Canarias?
