Llevaban años reclamándose por parte de gobiernos como el de Cataluña la publicación de unas balanzas fiscales que permitieran conocer el saldo fiscal de cada territorio. Ahora, cada vez que se publican son motivo de bronca por las dudas que despierta la metodología empleada por los economistas elegidos por Montoro.
El Ministerio de Hacienda publicó este pasado martes el Informe del Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas 2012, las conocidas popularmente como balanzas fiscales. El resultado de las mismas muestran que en aquel ejercicio fue Madrid la comunidad autónoma que más recursos aportó respecto a los que recibió por parte de Estado, lo que arrojó un saldo negativo de -19.015 millones de euros (un 9,57% de su PIB); tras ésta se situaba Cataluña, con un déficit fiscal estimado de -7.439 millones de euros (un 3,75%),Comunitat Valenciana (-1.453 millones) y Baleares (-1.330 millones). El resto, en mayor o menor cantidad, mantienen un saldo fiscal positivo.
Durante años (décadas) los portavoces del Gobierno de la Generalitat de uno y otro signo político se desgañitaron pidiendo al Ejecutivo central que publicase las conocidas como balanzas fiscales. Esto es, unas cuentas cuya misión es reflejar lo más fielmente posible los saldos fiscales entre territorios; es decir, la diferencia entre lo que aporta y lo que recibe cada comunidad autónoma.
Tras muchos años reclamando su publicación (tanto que el propio Govern ya elaboraba las suyas propias por su cuenta), el Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro finalmente le encargó el pasado año a tres economistas especialistas en la materia: Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ramón Barberán, de la Universidad de Zaragoza, y Ezequiel Uriel, de la Universidad de Valencia. La misión: Que realizaran y publicasen unas balanzas fiscales con una metodología clara. Dicho y hecho, esta metodología fue puesta a disposición de economistas, académicos y público en general.
Tras la publicación, en 2014, de las primeras cuentas territorializadas (referentes al año 2011), esta semana se ha difundido la segunda edición de este informe, con los resultados arriba mencionados. Las reacciones no se ha hecho esperar, sobre todo desde Cataluña, el territorio cuyo gobierno era más insistente en la necesidad de publicarlas. Y en la mayoría de los casos las reacciones son muy críticas con el citado informe. Toda una enmienda a la totalidad al trabajo de De la Fuente, Barberán y Uriel.
Crítica por emplear solo un enfoque
Una de las primeras desautorizaciones llegó por parte del conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, quien cuestionó la metodología empleada por los economistas designados por el Ministerio de Hacienda, quien «presenta sus cuentas territorializadas solo con la metodología de la carga beneficio por un prejuicio estrictamente ideológico». Y es que unas balanzas fiscales se pueden calcular con varios métodos, y según cada uno el resultado variará notablemente.
El método conocido como de carga-beneficio trata de estimar el impacto de los servicios del Estado para los ciudadanos de cada territorio. Así, por ejemplo, la existencia de una agencia del medicamento, aunque geográficamente solo esté situada en un lugar, supone una cierta dosis de bienestar y unos servicios siquiera implícitos para toda la ciudadanía. El otro gran método es el de flujo monetario, y mide el saldo fijándose exclusivamente en el territorio donde se imputa un determinado gasto.
Ambos muestran realidades distintas porque miden cosas distintas. La crítica habitual al sistema de carga-beneficio es que si bien refleja los servicios que se prestan, en teoría, para toda la ciudadanía, es un sistema ciego a la hora de reflejar si el aparato del Estado está concentrado en uno o varios territorios, con la ventaja que ello supone para la capital administrativa en cuanto a funcionarios, infraestructuras, equipamientos, etc. «Mientras que el gasto en personal en un ministerio puede beneficiar a los ciudadanos de Cataluña, el hecho es que los lugares de trabajo no están en Cataluña y eso no queda recogido por este método», criticaba Mas-Colell, que reclamaba también el cálculo de flujo monetario.
Por otro lado, el método de flujo monetario no es efectivo midiendo el impacto de instituciones que sin lugar a dudas benefician a todos los ciudadanos pero que circunstancialmente (o no) están situadas en uno u otro territorio. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Mercados y Valores vela por el cumplimiento de las reglas de mercados bursátiles en todo el territorio, si bien con este último método solo se contabiliza como un dinero que sale de Cataluña en dirección a Madrid pero no revierte de ninguna forma. Mas-Colell ya ha anunciado que la Generalitat seguirá elaborando sus propias balanzas con ambos métodos de cálculo.
En su defensa razonada de por qué usan solo una metodología, De la Fuente y su equipo explican que «los posibles efectos indirectos del gasto público sobre el empleo y la actividad económica deberían ser una consideración muy secundaria en el mejor de los casos. Por otra parte, resulta muy dudoso que el método del flujo monetario recoja adecuadamente tales efectos, pues lo relevante no sería en todo caso dónde se materializa el gasto de la Administración, que es el dato que se utiliza en esta metodología, sino dónde se producen los bienes y servicios que ésta compra, lo que generalmente no se conoce», concluye.
«Esconder un déficit descomunal»
Otro de los economistas más prestigiosos de Cataluña, el profesor de la Universidad de Columbia Xavier Sala i Martín, reprodujo en su cuenta de Twitter un post escrito por él ya el año pasado mostrando su crítica a las balanzas publicadas por el Gobierno. Al margen de criticar el hecho de que el Gobierno no publica los datos en bruto para que otros economistas puedan replicar las cuentas, Sala i Martín tilda las balanzas de De la Fuente, Barberán y Uriel de «totalmente cocinadas por economistas afines».
En opinión de este académico, las cuentas publicadas por estos tres economistas responde solo a una pregunta: «¿Si Cataluña fuese independiente, cuánto dinero neto adicional tendría la Generalitat una vez tenidas en cuenta todos los nuevos gastos que debería pagar y que hasta ahora hacía el Gobierno central?». Unos 7.439 millones de euros. Sin embargo, deja sin responder una pregunta sobre cuánto obtendría Cataluña en caso de independencia, sin tener en cuenta nuevos gastos. Según Sala i Martín esta cifra alcanza los 16.000 millones de euros, que es lo que algunos tildan como «expolio fiscal».
«Las cuentas de Madrid son un chiste. Decir (…) que Madrid sale el doble de perjudicada que Cataluña por el sistema fiscal español es una farsa», añade este economista, defensor activo de la independencia de Cataluña. En su opinión, las cuentas están trazadas de forma que asignan al resto de territorios ingresos que en realidad benefician a Madrid, así como impuestos (los de los funcionarios del Estado) que deberían estar repartidos también territorialmente, lo que reduciría, sostiene, notablemente el déficit fiscal madrileño.
«No son balanzas fiscales»
También muy crítico es el catedrático de Economía Guillem López-Casasnovas, uno de los mayores expertos del país en cuentas territorializadas. En un artículo publicado en El Periódico de Catalunya, este académico ni siquiera tilda de balanzas fiscales el informe presentado por el Ministerio de Hacienda. «Está claro que lo que publicó el Ministerio, igual que pasó el año pasado, no son balanzas fiscales. Una balanza valora el gasto en un territorio (no supuestamente para un territorio) y lo hace a partir de los impuestos pagados (no estimativamente soportados) por los ciudadanos de ese territorio», explica. Es decir, que también reclama de que se atienda al enfoque de flujo monetario, el que por otro lado refleja un mayor déficit en contra de Cataluña.
De «pseudobalanza» lo califica también otro de los economistas ilustres del independentismo catalán: el catedrático de la Universidad de Barcelona Germá Bel. En un reciente artículo recuerda cómo las balanzas publicadas por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) en el año 2006 «ofrecían una metodología acordada por expertos de todas partes, siguiendo pautas comunes a las usadas en otros países».
Según Bel, es vox populi que sin Cataluña la fiscalidad en España perdería del orden de 16.000 millones. «A partir de ahí comienza en tuneo», lamenta. En su opinión es un error aplicar a cada región «una parte de los gastos que no se hacen en ella (…) suponiendo que todos valoramos igual el beneficio que nos da, pongamos, el ministro de Educación». Además, según critica, las cuentas territorializadas cometen el pecado original de no tener en cuenta las diferencias de precios en los servicios en función del territorio: «¡Y las diferencias de precios son brutales en España! ¿La falta de equidad es brutal!», exclama.
