El CSN aprueba un estudio sobre el impacto radiológico del almacén de Villar de Cañas que sólo lo analiza en caso de funcionamiento normal, pero no en caso de accidente como exige la normativa. El CSN anticipa sólo parte del informe para que el Ministerio de Medio Ambiente pueda aprobar su declaración de impacto ambiental y poder continuar así con el proceso de autorizaciones que exige el proyecto.
El Gobierno asegura no tener prisa, pero el proceso para dar las autorizaciones necesarias para impulsar el almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca) se está acelerando… incluso con lo que parecería algún atajo. Los planes del Ministerio de Industria pasan por tener operativo el cementerio nuclear a finales de 2017, y los plazos empiezan a ajustarse, y mucho (incluso algunos expertos los consideran ya rigurosamente imposibles de cumplir).
El Consejo de Seguridad Nuclear ha aprobado un informe sobre el impacto radiológico del almacén nuclear que no evalúa los efectos en caso de accidente
El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó el pasado 15 de julio, a petición del Ministerio de Industria, un informe sobre el impacto radiológico del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radioactivos. El informe es obligatorio y sin él no se puede continuar con el proceso.
Pero el informe aprobado está incompleto: sólo analiza el impacto radiológico para la población si el almacén nuclear funciona con normalidad, pero no evalúa ese impacto ni para la población de la zona ni para el personal del centro en caso de accidente. Y según la normativa vigente (fundamentada en una instrucción del CSN de 2010), el organismo debe analizar el impacto radiológico para ambas circunstancias: operación normal del almacén y un eventual accidente en la instalación.
Para que el Gobierno pueda avanzar
El acta del pleno del CSN del 15 de julio confirma que se aprobó un informe del cuerpo técnico del organismo sobre la materia. Y en ese acta se apunta que el Ministerio de Industria había pedido que el CSN “anticipe” la evaluación del impacto radiológico del ATC. “El informe presentado [por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear] a la consideración del Pleno valora únicamente el impacto radiológico al público como consecuencia de la operación normal de la instalación”, recoge el acta, y no se contempla en cambio ese impacto radiológico si en el almacén se produjera un accidente, como es obligatoria para considerar que la evaluación está completa.
El CSN admite que Industria le pidió que «anticipe» la evaluación para que el Ministerio de Medio Ambiente pueda elaborar la declaración de impacto ambiental y seguir con el proceso
Según reconoce el propio CSN, la aprobación del informe incompleto se realiza “de cara a la formulación por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Declaración de Impacto Ambiental de la instalación”. Otro documento obligatorio para continuar con las siguientes autorizaciones y hacer posible que prosiga el proceso.
Esto es, el pleno del CSN (integrado por dos consejeros del PP, dos del PSOE y uno de CiU) aprueba un estudio que no está completo para que Medio Ambiente pueda avanzar en la elaboración de impacto ambiental. Sin embargo, expertos del sector nuclear consultados por SABEMOS expresan sus dudas sobre la legalidad del procedimiento, y entienden que se requeriría que el informe de impacto radiológico fuera total y contemplase también los efectos en caso de accidente.
“El CSN no ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente su informe completo sobre impacto radiológico del ATC, habiendo aprobado únicamente, en la reunión del pleno del 15 de julio un informe parcial limitado exclusivamente a la operación normal del ATC”, explican a SABEMOS fuentes del sector nuclear conocedoras del procedimiento. “En el informe se excluyen partes muy relevantes de lo exigido por la instrucción IS-29 del CSN sobre instalaciones de almacenamiento temporal de combustible gastado y residuos radioactivos de alta actividad, como, por ejemplo, las situaciones anormales o los accidentes que pudiesen afectar a la población circundante a la instalación y a los trabajadores expuestos. Y ese informe es preceptivo para que el Ministerio de Medio Ambiente pueda elaborar la declaración de impacto ambiental”.
¿Prisas antes de las elecciones?
Desde el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, y desde organizaciones ecologistas se denuncia desde hace semanas los intentos del Gobierno central de acelerar el proceso de autorización del almacén nuclear y avanzar lo máximo posible antes de la celebración de las elecciones generales, previstas para noviembre o diciembre.
«El Gobierno no tiene prisa. El CSN es el que determina los tiempos», dice Nadal sobre las denuncias de que se intenta acelerar la autorización antes de las elecciones
“El Gobierno no tiene prisa y no se está acelerando el proceso, que además va con retraso respecto a los plazos que se preveían«, explican fuentes de Industria. “El CSN es el que determina los tiempos y está pidiendo más información para seguir con el proceso. No hay prisas”. En efecto, el CSN esta semana aplazó su decisión sobre la autorización previa del ATC (otra de las fases del proceso y que implica dar por bueno el emplazamiento elegido para el almacén). El pleno del Consejo ha solicitado más información al cuerpo técnico por las serias dudas sobre la calidad de los terrenos y sobre su idoneidad para albergar un silo de residuos nucleares.
El pleno del CSN de la próxima semana, previsto para el 29 de julio, volverá a abordar la posible autorización de emplazamiento y lo hará sin despejarse las incertidumbres sobre la calidad de los terrenos. De hecho, Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de los residuos nucleares, pretende adjudicar después del verano un contrato para realizar sondeos adicionales que permitan un nuevo estudio sobre la calidad del suelo, cuyos resultados podrían no estar disponibles hasta abril o mayo de 2016.
No es que con esta autorización previa que ahora se debate se dé permiso para iniciar la construcción del almacén, pero sí se da un impulso crucial al dar por buena la ubicación elegida. Tras la autorización previa, el Gobierno debería aprobar la declaración de impacto ambiental, y el CSN aún debería dar otras dos autorizaciones: la de construcción (ya solicitada también por el Ministerio de Industria) y la de explotación del almacén.
Objetivo: un ATC a finales de 2017
La necesidad de construir un almacén centralizado para acoger los residuos nucleares de alta actividad de las centrales españolas se viene planteando desde hace décadas. En el último Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que data de 2006, se contemplaba inicialmente la construcción de un almacén temporal centralizado que estaría listo en 2010 o 2011 y que serviría para guardar los residuos durante varias décadas, sólo hasta la construcción de un almacén geológico profundo (AGP), que es donde se esconderá la basura nuclear durante miles de años.
Lo de tener el ATC en 2011, claro, no se cumplió. El Gobierno de Rajoy impulsó de nuevo el proyecto en ese mismo 2011 y se esperaba que, una vez elegida Villar de Cañas para ubicarlo, que el almacén pudiera estar operativo en 2016. Y es evidente que el nuevo plazo tampoco se cumplirá, ya que muy probablemente será en 2016 cuando se inicien los trabajos de construcción.
Los planes del Gobierno pasan por tener listo el almacén nuclear a finales de 2017. Ecologistas y algunos expertos ven imposible cumplir esos plazos
Los planes del Gobierno pasan por que el ATC esté operativo a finales de 2017. De hecho, fuentes de Industria reconocen que el almacén debe estar listo en esa fecha porque es “el momento en que empezaría a haber problemas con los residuos”. Los problemas a los que se refieren son, singularmente, que en 2017 deben regresar a España -en principio al ATC- los residuos de la central de Vandellós que ahora están custodiados en Francia. Y si no se cumpliera ese plazo, Enresa deberá abonar una sanción a razón de 67.000 euros al día.
Fuentes de Enresa sostienen que los trabajos de construcción del almacén se alargarán durante dos años una vez conseguidos todas las autorizaciones. Si los permisos se otorgan, en el mejor de los casos, a finales de este año, se podría cumplir el objetivo del Gobierno de tener operativo el cementerio nuclear a finales de 2017. Pero todo lo que no supongo acelerar el proceso al máximo, ya supondría poner en peligro los plazos a los que se aspira y retrasar la puesta en marcha del silo a 2018 o incluso más tarde.
No obstante, Ecologistas en Acción y otras fuentes del sector nuclear consultadas por SABEMOS ven imposible, precisamente por la probable calidad deficiente de los terrenos de Villar de Cañas, que las obras puedan completarse en sólo dos años como prevé Enresa. La mala calidad de los terrenos obligaría a hacer cimientos más profundos y más reforzados, y conllevaría realizar otras labores adicionales. Estas fuentes apuntan incluso que será difícil que ATC pueda estar operativo antes de 2020 o 2021.
