El Consell valenciano se prepara para afrontar su primera gran turbulencia. El President Ximo Puig se autoimpuso la fecha del 9 de Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, para la reanudación de emisiones de Canal 9. Sin embargo el anuncio choca de frente con una montaña de condicionantes jurídicos, económicos y políticos que amenazan con convertir una promesa ilusionante en el primer tropezón político del nuevo gobierno valenciano.
¿Puede una comunidad autónoma al borde de la intervención económica tener como una prioridad la apertura de una televisión pública? Por muy raro que pueda parecer desde fuera, en la Comunidad Valenciana nadie duda de que la respuesta a esta pregunta ha de ser un rotundo sí. Hasta el Partido Popular valenciano, el encargado de cerrar Canal 9, aprobó hacia el final de su legislatura una ley que permitía la creación de una nueva Radio Televisió Valenciana, eso sí, vinculada a una sostenibilidad económica y abriendo la puerta a la externalización, total o parcial, de la producción de contenidos hacia productoras privadas.
Lo primero que hay que entender es que a pesar de no estar emitiendo contenidos —Radio Televisión Valenciana cesó sus emisiones entre el 28, fecha de fin de emisión de Ràdio Nou, y el 29 de noviembre de 2013, fecha en que Canal 9 fue a fundido a negro— RTVV sigue suponiendo un coste económico para el contribuyente valenciano. Los últimos trabajadores de la plantilla no firmaron sus despidos hasta finales del pasado mes de junio —más de año y medio tras el cese de emisiones— y el ente sigue existiendo formalmente, lo que implica que afronta pagos como el de 211.750 euros que ha desembolsado este mes para cumplir con la compra, acordada por la gestión anterior, de los derechos de emisión de la versión cinematográfica de Tirant Lo Blanc, uno de los mayores fiascos del cine español y cuyos derechos de emisión son desde este mes propiedad de Canal 9 a pesar de no tener cadena donde emitirlos.
Desde esta perspectiva, decidir qué es lo que va a pasar finalmente con RTVV es prioritario para el Consell. La liquidación de la empresa abriría nuevos problemas, como el qué hacer con las millonarias instalaciones del centro de programas de Burjassot, y con todos los medios técnicos que en él se guardan, o con el valioso archivo audiovisual de la cadena.
La carrera hacia el 9 de Octubre
Asumir pérdidas de derechos de emisión y mantener un edificio que no se va a rentabilizar no pasa por la mente del Consell. Entregarlo a la gestión privada para que haga negocio con algo que siguen pagando los valencianos, tampoco. Por eso el nuevo bipartito apoyado por Podemos cuenta como prioridad la apertura de la televisión y los contactos con extrabajadores para encontrar una fórmula de apertura son continuos.
En una declaración que hoy se antoja imprudente, Ximo Puig apuntó el 9 de Octubre, día de la Comunidad Valenciana como la fecha ideal para retomar las retransmisiones. Pronto Puig trató de matizar que la intención de su gobierno era que se retransmitieran, aunque fuera por una televisión provisional, los actos del día de la autonomía. Pero aún así el mal estaba hecho, y tanto las partes que presionan para la reapertura del ente, como la oposición que espera que Puig fracase en su intento, utilizan la fecha constantemente para aumentar la presión sobre el Consell valenciano.
Lo cierto es que el gobierno valenciano necesita una pronta reapertura de su televisión pública. A nadie se le escapa que el PP pagó caro electoralmente el no contar con la potencia comunicativa de Canal 9, y el bipartito no quiere cometer el mismo error de cara a la lucha por una financiación más justa en Madrid, y para la más que previsible reivindicación de la deuda histórica. Un Canal 9 emitiendo será una herramienta vital para mantener la tensión necesaria entre la población de cara a la negociación con el ejecutivo central. Y eso por no hablar de la capacidad de la televisión para transmitir a la audiencia todos los detalles de los escándalos de corrupción que aún arrastra la Comunidad Valenciana por la gestión anterior. En un irónico giro del destino Canal 9 puede acabar siendo un canal casi temático sobre los mismos escándalos que se encargaba de tapar antes la radiotelevisión valenciana. Pero si va a haber una televisión pública en Valencia, mejor tenerla antes de que el Ministerio de Economía pueda decretar la intervención económica de la Comunidad Valenciana.
El choque con los trabajadores
Pero la cuestión, claro está, es como reabrirla. El condicionante no es ni técnico, los trabajadores consideran que la puesta en marcha total llevaría menos de tres meses; ni económico, hay una partida presupuestaria de 34 millones para la televisión que podría ser mayor si se gana un juicio contra Mediapro para el que ya se han aprovisionado 11 millones de euros; los obstáculos son principalmente políticos y, sobre todo, jurídicos.
Todos los actores del conflicto asumen que Canal 9 tenía una estructura viciada, con lo que la puesta en marcha de la nueva Radio Televisión Valenciana es la oportunidad ideal para construir un nuevo modelo de televisión, y ahí es donde empiezan los problemas. Por mucho que se ha haya flexibilizado su figura, hasta convertirlos en una mero trámite administrativo, un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) no deja de tener consecuencias legales para la empresa, y en este caso se contempla que, la reapertura del ente antes de dos años desde su liquidación, obligaría a readmitir, tanto para puestos fijos como para contrataciones temporales, a los trabajadores que ya formaban parte de la televisión.
Este hecho es contemplado como problemático desde el gobierno valenciano puesto que ni están dispuestos a asumir una plantilla de más de 1.600 personas, ni, por qué no decirlo, ignoran que un nuevo proceso de selección podría permitir hacer una limpieza de afines al anterior gobierno popular (aficionado a colocar en la televisión y radios valencianas a partidarios del partido que sustituyeran a aquellos periodistas que se atrevieran a criticar la línea oficial de la cadena, y a usar el ente público como si de una Conselleria más se tratase).
Es en este punto en el que el Consell choca de frente con los extrabajadores del ente. Representados por su ya expresidenta del Comité de Empresa, Salut Alcover,de Intersindical Valenciana. Los trabajadores mantienen su intención de sentarse a negociar, pero no admitirán ninguna apertura del ente, ni provisional ni definitiva, que se haga de espaldas a la plantilla. «Si este gobierno sólo quiere recuperar las instalaciones de Radio Televisión Valenciana y no la plantilla que no cuenten con nosotros» ha llegado a advertir Alcover en la última concentración de trabajadores. En el fondo del problema se encuentra la falta de un modelo claro para la nueva radiotelevisión, algo que resulta completamente incomprensible para los trabajadores de la antigua corporación. La plantilla de Canal 9 critica que partidos que han basado gran parte de su campaña en el anuncio de la reapertura del ente digan que un mes después de su victoria aún no tienen claro cómo desean que sea la nueva televisión. Los trabajadores ya han advertido que de no contarse con ellos volverán a protestar como hicieron con el Presidente Fabra, a quien durante un año entero persiguieron con sus chalecos de “RTVV Tornarà” (“RTVV volverá”, en castellano) en todos aquellos actos que convocó la Generalitat.
Condenados a entenderse
A pesar de las amenazas de los extrabajadores el punto de ruptura con el Consell aún parece lejos de alcanzarse. La misma Mónica Oltra, portavoz del gobierno Valenciano, bajó a las puertas de la Generalitat para hablar con los trabajadores concentrados y recordarles que su gobierno hará frente a sus compromisos, aunque advirtiendo que la situación es más compleja de lo que se pensó en un principio.
Todos los implicados saben que la mayor parte del electorado espera el regreso de Radio Televisión Valenciana —quizás la mejor prueba de esto sea recordar como los partidos que celebraban el cierre a principios de 2015 como medida responsable, fueron moderando su postura al acercarse las elecciones al reflejar sus estudios internos que el electorado les penalizaba por ello—, puesto que la recuperación de uno de los pocos símbolos de unión de las tres provincias valencianas supondría una inyección de autoestima a una comunidad necesitada de la misma. Pero los trabajadores no aceptarán una reapertura a cualquier precio. “Los trabajadores de RTVV no somos un Photocall”, advertían en un cartel con fotos de Enric Morera (Compromís) y Ximo Puig (PSPV) fotografiándose junto a los trabajadores en campaña. Todo un aviso para un Consell que no ha tenido que esperar cien días para ver como se acaba la luna de miel con su electorado.
