Hasta 18 partidos políticos (entre ellos, PSOE, IU, Podemos, Ciudadanos, Convergencia y Equo) y 40 asociaciones, sindicatos, movimientos sociales y patronales de renovables lanzan una iniciativa conjunta con el objetivo de poner freno el decreto que prepara el Gobierno para restringir el autoconsumo eléctrico de los ciudadanos.
El Gobierno ultima el decreto que regulará el autoconsumo eléctrico y que, por los gravámenes que en él se recogen, lo hará prácticamente para inviable el autoabastecimiento con placas solares para particulares y pymes. El texto, que previsiblemente llegará al Consejo de Ministros este mismo viernes, recogerá la obligación de pagar un peaje por estar conectado a la red para costear los costes del sistema eléctrico. Y toda la oposición (ahora sí, toda, porque a última hora se ha sumado también Convergencia Democrática de Catalunya) muestra su rechazo a la medida y se compromete a derogar el real decreto cuando sea posible. Esto es, después de las próximas elecciones.
Dieciocho partidos políticos (PSOE, IU, ICV, Podemos, Ciudadanos, PNV, CDC, UPyD, Equo, Compromís, ERC, BNG, CHA, Coalición Canaria, Geroa Bai, Amaiu, Nueva Canaria y UPN) han suscrito un manifiesto en el que se comprometen a desarrollar el autoconsummo sin barreras discriminatorias y se comprometer a derogar la nueva normativa si el Gobierno finalmente la aprueba. El manifiesto en defensa de la «democratización de la energía» está también firmado por una amplia representación de la sociedad civil, y es que se han sumado 40 asociaciones de consumidores, sindicatos, asociaciones empresariales, ecologistas y movimientos sociales.
Todos los firmantes, singularmente las formaciones políticas, se comprometen a promover con «la máxima urgencia» una normativa realmente favorable al desarrollo del autoconsumo que permita a la sociedad en su conjunto «disfrutar de sus beneficios económicos, ambientales y sociales». En la rueda de prensa de presentación de manifiestación, celebrada esta mañana, los participantes han defendido la ncesidad de implementar medidas para fomentar el balance neto del consumo (esto es, que al usuario que genere electricidad se le descuente del recibo la energía que ha producido y que ha volcado al sistema eléctrico).
En paralelo, se comprometen a eliminar el impuesto al sol reconociendo la idoneidad del ahorro y eficiencia energética que supone el autoconsumo energético de fuentes renovables y comprometiéndose a eliminar cualquier cargo adicional a estos consumidores que resulte discriminatorio con respecto a otras medidas incluidas las de ahorro y eficiencia energética. Todos los firmantes denuncian que la propuesta de Real Decreto del Gobierno es parte de una «clara política de penalización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, junto a muchas otras medidas disuasorias de un uso más eficiente de la energía como el incremento abrupto del término fijo de la tarifa eléctrica».
La propuesta de regulación del Gobierno ha recibido casi 40.000 alegaciones ciudadanas pidiendo su retirada, así como la oposición de las principales asociaciones empresariales del sector, ecologistas, sociales, sindicales y de consumidores. Las asociaciones destacan que la propuesta del Gobierno va en contra de la democratización energética, viola la normativa europea en materia de energías renovables y eficiencia energética y carga de manera innecesaria al autoconsumidor con cargos y dificultades administrativas que impiden de facto el desarrollo de este derecho.
