El Gobierno de Emiliano García Page pretende ampliar una zona protegida para que alcance los terrenos donde se ubicará el almacén nuclear y así hacer imposible por decreto la construcción de la instalación en Villar de Cañas.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio ayer un impulso crucial al proyecto de construcción de un almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) al conceder la autorización de emplazamiento, que en la práctica significa dar por buena la ubicación, a pesar de las dudas que existen sobre la calidad de los suelos para albergar una instalación de este tipo.
Hasta ahora, la Junta de Castilla-La Mancha de María Dolores de Cospedal venía apoyando el proyecto y promovía la construcción del silo en la localidad conquense. Pero el nuevo Gobierno regional, ahora comandado por el socialista Emiliano García-Page, rechaza de plano la construcción del cementerio nuclear y ha iniciado una batalla política para paralizar el proyecto.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy iniciar los trámites para ampliar un espacio de protección medioambiental hasta conseguir que llegue hasta los terrenos en que se pretende construir el almacén de residuos radioactivos, con lo que intenta así hacer imposible las obras de construcción.
La Junta pretende multiplicar por 25 la superficie el espacio de la Red Natura de la Laguna del Hito, para que el espacio protegido pase de abarcar las 1.000 hectáreas actuales a un total de 25.000. Con ello, la zona protegida incluiría los terrenos en que está previsto ubicar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas.
Una ampliación que conllevaría la prohibición de “realizar actos en ese territorio que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno” y, con ello, se conseguiría que “no fuera posible continuar con el proceso de construcción del almacén nuclear de Cuenca”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero regional de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha explicado que la decisión de dar inicio a este procedimiento «responde a una petición de más de 50 entidades ecologistas, agrarias, sindicatos, ayuntamientos de la zona y partidos englobados en la Plataforma contra el Cementerio Nuclear», informa Europa Press.
La decisión de ampliar el espacio protegido es una competencia reserva al Gobierno regional. Pero el Ejecutivo central sí puede revocar las implicaciones que protección medioambiental sobre los terrenos del ATC si decidirá declarar el proyecto de “interés nacional”, una condición que se impondría a cualquier otra normativa.
