El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha advertido al Gobierno de que las comunidades tienen «competencia exclusiva» en materia de Medio Ambiente y que el verdadero «incremento de costes» es hacer un cementerio nuclear en un lugar inadecuado para ello.
El número dos de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha respondido al ministro de Justicia, Rafael Catalá, recordándole que «las competencias en materia de Medio Ambiente están claramente determinadas de manera exclusiva en favor del Gobierno regional» y que son las comunidades autónomas «las que tienen competencias exclusivas» en relación a la zona prevista para la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC).
Martínez Guijarro contestaba al titular de Justicia, que este miércoles advertía que el Estado “también” tiene competencia para adoptar «declaración de interés general» ante determinadas actuaciones, en referencia al primer permiso del proyecto de construcción del cementerio nuclear en la localidad conquense de Villar de Cañas que choca con el anuncio de la Junta de Castilla-La Mancha de ampliar la protección natural de la zona, lo que impediría por decreto la construcción de la instalación en Villar de Cañas.
En declaraciones a Radio Nacional de España, recogidas por Europa Press, Martínez Guijarro ha insistido además en que espera que cualquier decisión del Gobierno de España al respecto se haga «dentro de la legalidad y teniendo en cuenta las normativas europeas de protección ambiental». Así, ha asegurado en cuanto a una posible declaración de interés nacional del proyecto que el Gobierno estatal «tendría que justificarla», ya que cuando se quiere poner en marcha una instalación de este tipo dentro de una zona protegida «hay que demostrar que no hay ninguna alternativa posible».
«Y no es el caso de Villar de Cañas, ya que existen alternativas a la instalación en una zona protegida», ha explicado Guijarro, que ha tachado la decisión de instalar al ATC en la localidad conquense de «puramente política», ya que se trata de una zona «donde siempre se ha estado en contra» y que además «se ha hecho sin ningún aval técnico como ponen de manifiesto desde el Consejo de Seguridad Nuclear».
«Soria no habla del incremento de costes de hacer el cementerio en ese lugar».
El vicepresidente del Gobierno regional también ha contestado al ministro de Industria, José Manuel Soria, que el mismo miércoles aseguraba que la no instalación del ATC en Cuenca podría suponer un aumento de la factura de la luz de hasta el 30%, suponiendo que esta paralización implicara la suspensión de toda la actividad de las centrales nucleares del país. «Pero Soria no habla del incremento de costes de hacer el cementerio en ese lugar, donde hay suelos muy deficientes para ubicar una instalación de estas características».
Según Martínez Guijarro, el sobrecoste de traer el silo nuclear a Cuenca podría alcanzar los 300 millones de euros. «Se ha empezado la casa por el tejado, se decidió la ubicación por un planteamiento político y ahora se ha descubierto que esa ubicación no es la mejor». En este punto, ha subrayado que el Gobierno regional «va a estar atento a cualquier movimiento que pueda hacerse desde el Gobierno» para «plantear alternativas».
Ha dicho además que la postura del Ejecutivo es que el desarrollo de la región «no se base en ningún cementerio nuclear», ya que su modelo «pasa más bien por otras industrias y por las energías renovables». También ha querido recordar que antes de las elecciones todos los partidos políticos que concurrían en Castilla-La Mancha a excepción del PP suscribieron un pacto contra la instalación del silo.
Defenderá «los intereses» de la región ante los tribunales españoles y ante la UE.
Martínez Guijarro también ha advertido este jueves, en el curso de una rueda de prensa recogida por la agencia Efe, de que si el Gobierno central declara la construcción del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) de «interés general», acudirá a los tribunales españoles y a la UE para «defender los intereses» de la región.
«Doy por supuesto que si el Gobierno central toma la decisión» de declarar el proyecto del ATC en Villar de Cañas de interés general, «tendrá en cuenta la normativa autonómica y europea en materia de medio ambiente», ha declarado. Dado que la protección medioambiental tendría el reconocimiento de la Unión Europea, ha proseguido, «si se pretende generar una infraestructura en un área protegida de la UE, se tiene que justificar que no existe otra alternativa».
A su juicio, «sería difícil justificar que no existe otra alternativa en España», teniendo en cuenta que la ubicación de Villar de Cañas fue la cuarta opción elegida por los técnicos como la más idónea para construir el ATC, ha añadido. La elección del municipio conquense fue «un acuerdo político» entre la expresidenta autonómica María Dolores de Cospedal y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado.
El vicepresidente ha recordado también que las Cortes regionales, en la legislatura de 2007 a 2011, se mostraron contrarias a la ubicación del ATC en Castilla-La Mancha, que la paralización del proyecto era uno de los puntos del programa del PSOE en las últimas elecciones y que su partido incluso firmó un pacto contra el ATC durante la campaña electoral con todos los partidos que concurrían a los comicios, excepto el PP.
