Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 destinan un 53,5% del gasto consolidado al gasto social pero la principal causa está en la partida de las pensiones, que supone ya 44.000 millones más que hace una década debido fundamentalmente al envejecimiento de la población. La partida para desempleo cae un 21,7% respecto a 2015 pero el motivo fundamental es la pérdida de cobertura de los parados de larga duración, de hecho hoy hay tantos beneficiarios de prestación como a finales de 2008 con un millón de parados registrados más. Las cotizaciones siguen sin cubrir lo presupuestado para desempleo, lo que obliga a coger de los impuestos generales más de 4.000 millones. Y la inversión en infraestructuras está aún a 9.000 millones de distancia de los años de las vacas gordas, mientras que la de I+D civil es de 2.200 millones menos que en 2008.
¿Apuesta por el gasto social o envejecimiento de la población? El gasto en pensiones es de 44.000 millones más que hace una década
Para 2016 se ha previsto un Presupuesto para pensiones de 135.445 millones de euros. Es un 2,9% más que en 2015 pero, para ver la cifra con perspectiva, hay que fijarse en que son 43.992 millones de euros más que los que se destinaron en 2007 para el mismo fin. España envejece. Las pensiones no son solo el principal gasto social, copan ya siete de cada diez euros de esa partida (en 2007 eran seis de cada diez), permitiendo a gobiernos de todo signo sacar pecho con su preocupación por la mejora del gasto social cuando la parte más significativa del mismo crece imparable por más intentos legislativos que hacen por evitarlo. Las pensiones son ya el 38,5% del total del gasto consolidado y la principal causa de que el Gobierno pueda repetir hasta la saciedad que el gasto social para 2016 se sitúa en el 53,5% del gasto total consolidado.
A cierre de 2007 había en España 7,6 millones de pensionistas que cobraban 8,3 millones de pensiones y, en julio de 2015 (según el último dato facilitado por la Seguridad Social) hay 8,5 millones de pensionistas que cobran 9,3 millones de pensiones. No solo son más, sino que sus pensiones son más altas. Alrededor del 70% de la nómina mensual de las pensiones se corresponde con pensiones de jubilación, cuya media superó los 1.000 euros a mediados de 2014 y sigue subiendo según se incorporan al sistema pensionistas con historias de cotización más elevadas.
Dicho esto, el PP puede decir hasta la saciedad que el PSOE congeló las pensiones, aunque fuese solo un año y aunque la medida no afectase a las mínimas (que de hecho subieron alrededor del 50% durante los gobiernos de Zapatero) y el PSOE puede decir que el PP ha provocado que baje el poder adquisitivo de los pensionistas con su Ley del Factor de Sostenibilidad, que entró en vigor en 2014. Esto último es probable que ocurra cuando repunte con fuerza la inflación pero, de momento, desde que empezó a aplicarse la subida mínima del 0,25%, la inflación se ha movido en terreno negativo lo que significa que, en teoría, los pensionistas han ganado poder adquisitivo.
De lo que hablan menos unos y otros es del recurso que han hecho al Fondo de Reserva de las Pensiones durante la crisis, unos por omisión y otros por acción. El Ejecutivo de Zapatero dejó de destinar a la hucha de las pensiones 14.000 millones de euros en 2008 y 2009 que utilizó para pagar prestaciones por desempleo. El Gobierno del PP directamente ha sacado dinero de la hucha, que ha pasado de tener 66.815 millones a finales de 2011 a 41.634 millones a cierre de 2014. De estos habría que restar otros 3.750 millones que han sido utilizados para pagar parte de la paga extraordinaria de julio del presente ejercicio. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, aseguró ayer que seguirán usándolo porque está destinado a estos momentos del ciclo en que pueden darse tensiones de liquidez. Que esa tensión siga demuestra que no se ha salido de la crisis.
Las cotizaciones aún no cubren el gasto en desempleo: 4.137 millones adicionales del Estado en 2016
La partida destinada a desempleo en el proyecto de Presupuestos para 2016 es de 19.821 millones de euros, un 21,7% menos que lo destinado en las cuentas de 2015, que ya supusieron una reducción de esta rúbrica. Por segundo año consecutivo, la explicación del Gobierno a esta caída presupuestaria se centra en las bondades de sus políticas económicas y en concreto en materia laboral, esquivando dos explicaciones que son de calado.
La primera es que, hasta el año 2007, las prestaciones por desempleo se cubrían íntegramente con las cotizaciones de trabajadores y empresas a la Seguridad Social. A partir de ese año ha habido que dotar partidas adicionales, ya fuera cogiendo lo que debió ir al Fondo de Reserva de las Pensiones, ya con partidas concretas procedentes de los impuestos generales. La cota máxima de este bocado a los impuestos se alcanzó en 2010, cuando de los 30.612 millones para prestaciones hubo que dotar una cuantía adicional de 16.898 millones que no se cubrían con cotizaciones. Hasta 2015 incluido, esa cantidad adicional no bajó de los 10.000 millones. Para 2016 se vuelve a dotar una cantidad adicional que es en este caso de 4.137 millones, la segunda menor de la crisis pero la prueba de que aún la Seguridad Social no tiene el equilibrio necesario para cubrir sus fines.
El mismo número de prestaciones que en 2008 con 1.000.000 de parados más
La segunda explicación a la reducción de 5.500 millones de euros que experimenta la partida de prestaciones por desempleo en 2016 respecto a 2015 (incluidas las que se financian con cotizaciones y las que salen de impuestos generales vía aportación adicional) está en que los parados que cobran una prestación con respecto al total son cada vez menos.
Ayer mismo el Ministerio de Empleo anunció que el paro registrado del mes de julio se situó en 4,05 millones de personas y que el número de beneficiarios de prestación (a cierre de junio porque se da con un mes de desfase) es de 2,16 millones. La cobertura (que no se calcula sobre el total de parados registrados sino sobre los que devengaron derecho a recibir prestación en algún momento) ha caído ya al 55,72%.
Hay que remontarse a finales de 2008 para encontrarse una cifra tan baja de beneficiarios de prestación de desempleo, con la diferencia de que los parados registrados en aquel momento eran casi un millón menos. Además, la cuantía media de la prestación contributiva rondaba entonces los 825 euros al mes mientras que actualmente es de 786 euros, entre otras cosas por la modificación normativa del PP que hizo que desde el sexto mes se pasase a cobrar el 50% de la base reguladora en lugar del 60% que se cobraba hasta mediados de 2012.
La losa de intereses de la deuda no baja de los 30.000 millones
Hubo un tiempo en que los españoles miraban con asfixia a una cifra con la que abrían sistemáticamente los telediarios: la prima de riesgo, la diferencia de rentabilidad que se exige al bono español a diez años frente al título de deuda alemán al mismo plazo (el bund). Aquel estrés mezcla de desconfianza y juego del mercado (es importante recordar que la situación se neutralizó con una frase del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en julio de 2012) provocó que los intereses de la deuda se disparasen hasta el entorno de los 30.000 millones de euros al año. ¿Bajan ya esos intereses, como defiende el Gobierno de Mariano Rajoy, creando junto con la caída de las prestaciones por desempleo espacio para activar otras políticas de gasto social?
Para 2016 se han presupuestado 33.490 millones de euros destinados a este fin. ¿Por qué no baja más, si no paran de explicarnos que la prima ha llegado a tocar mínimos hasta situarse en terreno negativo para la deuda de determinados plazos? Porque lo que ahora es inmenso es el volumen de esa deuda. En mayo volvía a superar el bilón de euros, si se incluye el pasivo de todas las administraciones públicas. Muchos son los motivos, explicados ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que la deuda haya llegado a ese punto. El déficit en que ha incurrido el sector público durante la crisis (se prevé que baje al 2,8% en 2016, situándose ya dentro de los parámetros de Maastricht), las ayudas al sector financiero y los planes de financiación autonómica y municipal (fondos de liquidez autonómica, de pago a proveedores, etc.).
Es más, la cifra de intereses de la deuda, de momento, no está claro ni siquiera que baje por más que las cifras de Presupuestos del Estado así lo reflejen. El ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoció tanto a cierre de 2013 como de 2014 que el gasto en intereses había quedado sensiblemente por debajo de lo previsto en los presupuestos de ambos ejercicios. En el caso de 2013, lo que ocurrió es que el Ejecutivo optó por dotar en exceso en los Presupuestos la partida para este fin, una reacción no muy de extrañar teniendo en cuenta las turbulencias de 2012, que cerca estuvieron de llevarse el euro por delante. El hecho es que el Gobierno situó el gasto previsto en intereses cerca de los 40.000 millones de euros. No solo no se alcanzó dicha cantidad sino que la cifra final supuso un coste en intereses 8.000 millones de euros por debajo de lo que se había presupuestado. Algo similar ocurrió en 2014, con un coste de 5.000 millones por debajo de lo presupuestado.
Con esas cifras revisadas, y a falta de conocer la de 2015, se ve cómo el aumento de la cifra destinada a intereses de la deuda no ha dejado de aumentar durante la crisis.
A 9.000 millones de distancia del año que más se invirtió en infraestructuras
Si en 2008, la cifra que recogían los Presupuestos para inversión era de 15.083 millones de euros, en 2014 (tras el enésimo recorte), dicha cifra tocó su suelo: 5.452 millones de euros. Las cuentas de 2015 recogieron el primer aumento de la crisis, hasta 6.150 millones, que vuelve caer en el borrador de 2016 a 5.983 millones.
El borrador de presupuestos recuerda que a esta cantidad hay que sumarle la que invertirá el sector público empresarial, que deja el total a niveles de 2015. «Si se tienen en cuenta las inversiones que realiza el sector público empresarial, las inversiones totales en infraestructuras se mantienen en niveles casi idénticos a 2015, alcanzando los 9.492,50 millones de euros, 9,74 millones de euros más que en 2015». La mayor cantidad se destina a infraestructuras ferroviarias, a las que se dedicarán 4.318 millones. De estos, 3.687 millones serán de Adif Alta velocidad.
I+D civil, una partida que sigue 2.400 millones por debajo de su máximo en 2008
Si hay algo que hay que reconocerle a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero es el foco que pusieron en la inversión pública en investigación y desarrollo, especialmente la inversión civil, que pasó de 2.903 millones presupuestados en 2004, a 8.203 millones en 2008, su pico más alto. La caída, especialmente la operada durante los gobiernos del Partido Popular, llevó a esta partida a situarse en torno a 5.600 millones tanto en 2014 como 2015. Para 2016, pese a la apuesta decidida que el Gobierno asegura hacer por el cambio en las bases de la economía nacional y la importancia que en ello tiene la I+D, la cifra crece ligeramente (2,2%) hasta 5.793 millones, todavía a 2.400 millones de distancia de aquel 2008.
