Google ha movido los cimientos del ecosistema empresarial esta semana. Otros, por el contrario, creen que solo ha sido una leve reestructuración porque no les va precisamente bien. Por lo que respecta a la Comisión Europea, todo eso da lo mismo.
Desde hace mucho tiempo las reuniones más importantes de Google, ahora Alphabet, o como quede en llamarse para atender a sus asuntos legales, no son sobre innovación, tecnología o estrategia corporativa. Las reuniones de más alto rango las mantiene con la Comisión Europea, y el motivo no es otro que sus frentes abiertos contra las acusaciones de posición dominante y ayudas hacia su comparador en la herramienta de compras.
Sea como sea, parece que esas reuniones dan su fruto, ya que un portavoz de Google ha hecho público que la Comisión Europea ha acordado volver a ampliar, hasta el 31 de agosto, el plazo dado a la compañía para responder a la acusación formal de Bruselas de las acciones antes mencionadas. Dicho plazo vencía el próximo 17 de agosto, pero con un golpe de fortuna, tendrá hasta finales de mes para preparar la defensa.
Concretamente, «la Comisión ha aceptado la petición de Google de ampliar el plazo para responder a su pliego de cargos por un período adicional de dos semanas. Esto significa que el plazo para dar respuesta ahora vence el 31 de agosto», ha confirmado el portavoz comunitario Ricardo Cardoso.
No obstante, el propio portavoz comunitario se muestra muy tajante al afirmar que los cambios corporativos no van a afectar en lo más mínimo la posición de Bruselas. Además, añade Cardoso, que ninguno de estos cambios afecta a la investigación que se está llevando a cabo. Y asegura que no habrá forma de aislarse de la investigación de competencia pese a la gran reestructuración que se haya podido realizar.
De dónde viene todo
El pasado 15 de abril, la CE acusó formalmente a Google de abusar de su posición de dominio en las búsquedas en internet, al favorecer «sistemáticamente» su producto de comparación de compras en su buscador, y anunció la apertura de una investigación antimonopolio a su sistema operativo móvil, Android.
La Comisión informó de que había enviado un pliego de cargos con esas acusaciones formales a la compañía, más de cinco años después de haberle abierto una investigación. Desde entonces, Google tenía un plazo de diez semanas para responder, que ahora ha sido aumentado.
La Comisión inició en 2010 una investigación para esclarecer si el modelo de negocio de Google podía suponer un abuso de ese dominio que restringiera la competencia en el sector de las búsquedas y la publicidad online. El antecesor de la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, Joaquín Almunia, apostó durante su mandato por llegar a un acuerdo con Google que hiciera legalmente vinculantes los compromisos ofrecidos por la empresa para disipar las dudas de Bruselas. En cambio, rechazó la oferta hecha por Google ante la continuación de las quejas de sus competidores e instó a la empresa a remitir una nueva propuesta.
Si la CE no ve satisfechas sus exigencias, podría en última instancia imponer a Google una multa de hasta el 10 % de su facturación, unos 6.001 millones de dólares, según sus cuentas de 2014.
¿Dudas razonables?
Desde que Google ha anunciado sus cambios corporativos y la reestructuración de la compañía, han surgido una serie de dudas sobre los motivos reales. Hay quien apunta de manera directa a una jugada para minimizar el impacto que puedan tener las acusaciones que se vierten sobre el gigante tecnológico de manera que el daño sea el mínimo posible.
La clave está en que la investigación que lleva a cabo Bruselas se remonta a hace cinco años, por lo que en principio avanzará de modo paralelo a sus transformaciones corporativas.
