El FMI se sumó el pasado viernes a las autoridades europeas y también urgió al Gobierno a no dejar para el último momento la desinversión del Estado en Bankia y BMN, las dos entidades bancarias nacionalizadas que quedan aún por privatizar. El problema: el mercado los infravalora mientras no se resuelva la investigación de los DTA.
La investigación llevada a cabo por Bruselas para decidir si los activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) contabilizados por la banca son una ayuda ilegal está suponiendo todo un problema para que el Estado pueda vender Bankia y recuperar al menos una parte sustancial del capital público invertido en la entidad nacionalizada.
Esta es al menos la situación tal y como la percibe el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en un breve apartado de su informe sobre la misión enviada a España y publicado el pasado viernes reconocía que aunque los ingresos tanto de Bankia como de Banco Mare Nostrum (BMN, la otra nacionalizada) habían crecido «el valor de sus acciones se mantenía por debajo de sus precios objetivos en parte debido a las potenciales preocupaciones sobre los altos porcentajes de DTA en su capital».
Es decir, que tanto los niveles de beneficios como de solvencia muestran unas entidades con un valor netamente superior a los 11.000 millones de euros que hoy por hoy obtendría el FROB vendiendo sus participaciones en Bankia y BMN al precio de mercado. Sin embargo, a ojos de los inversores el peligro latente mientras no se resuelva la investigación de Bruselas (que el sector en España cree haber solucionado) hace que ambas entidades sufran de una relativa infravaloración, tal y como ya explicó hace más de un mes SABEMOS.
Un derecho a no pagar impuestos en el futuro
Los DTA son activos que las entidades financieras españolas pudieron contabilizar en sus balances tras haber reconocido cientos de miles de millones de euros en pérdidas y deterioros contables durante la crisis. Estas pérdidas generan el derecho a pagar menos impuestos en el futuro. Pero para ello hacía falta una condición imprescindible (al menos a priori): generar en ejercicios futuros los suficientes beneficios como para compensar esas bases imponibles negativas. Es decir, que para ejercer ese derecho a no pagar impuestos has de tener los suficientes beneficios antes.
Estos derechos (y aquí está el quid del asunto) bajo ciertas circunstancias, podían contabilizarse a su vez como capital regulatorio de los bancos; es decir, que los menores impuestos a pagar en el futuro servían como medida de la solvencia de una entidad en el presente. En el caso de España, como su banca había sufrido unas pérdidas inmensas, generó también un enorme volumen de DTA: más de 25.000 millones de euros, según recientes cálculos del think tank Bruegel.
En su conjunto, la banca española tiene algo más de un 15% de su capital formado por DTA, si bien el volumen es muy distinto según el banco. En su conjunto, y según cálculos de Credit Suisse, las entidades pasarían de unos ratios de solvencia de entre el 8-12% a un 5-8%. Para algunas entidades como Sabadell o BMN es tan grande el porcentaje de DTA en su capital que si Bruselas resolviera que no se pueden computar como tal entrarían por ello en una situación de práctica insolvencia regulatoria.
La restrictiva normativa de España en cuanto a deducciones supuso durante años un agravio comparativo frente a Europa que en noviembre de 2013 el Gobierno se decidió a solucionar de una sola vez, garantizando de alguna manera que aquellos DTA se materializaran hubiera o no beneficios, lo que para muchos en su momento fue todo un rescate al sector. Fuera así o no, lo cierto es que España lleva unos meses bajo la lupa por si pudiera haber beneficiado de forma indebida a su sector financiero. Tras la denuncia procedente de otro estado miembro, la Comisión Europea está investigando de forma preliminar si efectivamente hubo trato de favor o no al sector.
Bankia, hasta 560 puntos básicos de solvencia
En el caso de Bankia, y según los cálculos de los analistas de Credit Suisse, el mayor volumen de DTA garantizados de la banca española lo mantiene Bankia, seguido de cerca por Sabadell: unos 5.249 millones de euros, lo que supondrían en el caso de que no pudieran contabilizarse como capital una caída en los ratios de solvencia de unos 560 puntos básicos.
Ante estas cifras, «cualquier noticia negativa en este frente procedente de la investigación de la Comisión Europea en el mejor de los casos comprometería los planes de dividendos de la entidad», advertían los analistas de este banco de inversión suizo. Estos mismos trabajan sobre un escenario en el que el BCE no forzará a ningún banco español a recapitalizarse por problemas de insolvencia, aunque reconocen que el mercado está «incómodo» al respecto.
Desde la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri reconocen que el asunto de los DTA «sí que está influyendo en las valoraciones; la incertidumbre ahí está», aunque señalan que la preocupación de la entidad no es tanto la valoración como el ganar dinero de forma creciente y sostenible.
Prisas por vender de las autoridades
Las ventas de las participaciones del FROB en Bankia y BMN podrían ser más complicadas que las efectuadas en Novagalicia o Catalunya Banc, a juicio del FMI, en el caso de que las autoridades españolas optasen por posponer las mismas hasta cerca de los plazos límite (finales de 2017) con el objetivo de maximizar los ingresos y minimizar el impacto para el contribuyente.
«Vender estas dos participaciones, con un valor de unos 11.000 millones de euros (…) cerca de los plazos límite podría ser más difícil», advierten desde el Fondo, algo que ya hicieran también las autoridades europeas hace unos meses, cuando conminaron al Gobierno a continuar con la desinversión del Estado en Bankia cuanto antes. El problema, tal y como ya ha contado SABEMOS, es que el Gobierno lo fía todo a Bankia para recuperar el grueso del capital público invertido en rescatar a la cajas.
