El Parlamento tramita una reforma de la Ley General Tributaria en la que dará carácter «vinculante» a las decisiones de la Dirección General de Tributos, cuya interpretación del decreto de la amnistía permitió a aquellos contribuyentes pagar impuestos solo por las rentas no prescritas y supuso una merma de ingresos públicos de unos 2.800 millones.
El programa especial de regularización de activos ocultos, la conocida popularmente como amnistía fiscal, sigue dando que hablar más de tres años después de su aprobación. Y es que el Gobierno estaría ultimando una reforma legal que en la práctica blindaría en el 3% el tipo medio efectivo aplicado a las rentas y bienes aflorados (40.000 millones de euros) gracias a esta medida impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
¿Cómo? En el proyecto de reforma de la Ley General Tributaria, que actualmente tramita el Parlamento (y prevista para este año), más en concreto en el artículo 12.3, se incluye un nuevo párrafo respecto a las conocidas como «disposiciones interpretativas o aclaratorias» con las que han de regirse los empleados de la Administración Tributaria. Este texto añadido otorga validez legal, de forma retroactiva, a una interpretación que permitió en la práctica que los defraudadores de la amnistía fiscal pagaran en total 1.192 millones de euros, solo un 3% de impuestos por los activos aflorados, y no un 10% como en teoría contemplaba de forma inicial el decreto de Montoro.
Dictámenes que pasan a ser vinculantes
La clave de la nueva legislación está en la capacidad normativa que se le da a los dictámenes de la Dirección General de Tributos (DGT), que hasta ahora eran apenas meros informes. Es frecuente que las leyes tributarias, con un redactado ambiguo, precisen luego de algún tipo de doctrina interpretativa, que solo puede ser vinculante y de obligado cumplimiento cuando las dicta el ministro de Hacienda. Es así como lo refleja la legislación tributaria aún vigente, si bien esto no ha evitado que órganos como la DGT hayan venido emitiendo informes que en la práctica han marcado la forma de actuar de la AEAT.
Precisamente un informe de junio de 2012 de la Dirección General de Tributos fue el causante del descalabro recaudatorio de la amnistía fiscal. Y es que en una resolución discutida y criticada por colectivos de inspectores y técnicos de Hacienda, la DGT determinó que solo tendrían que tributar al 10% aquellas rentas y activos que no hubieran prescrito; el resto, lo harían tan solo por los intereses. En la práctica, dejó escapar unos 2.800 millones de euros que de otra manera hubieran ingresado en las arcas públicas.
En el nuevo párrafo incluido en la reforma de la Ley General Tributaria se añade expresamente que las disposiciones emitidas por órganos de la Administración distintos al ministro de Hacienda (es decir, la Dirección General de Tributos) «tendrán efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos». Es decir, que aunque no tendrán el carácter de obligado cumplimiento (algo solo reservado para los dictámentes de Montoro) sí que serán vinculantes para todos los empleados de la AEAT.
Una amnistía barata para los amnistiados
En los primeros meses de 2012, Montoro dio luz verde al decreto ley de la amnistía fiscal. El objetivo: aflorar nuevas rentas ocultas con las que revertir en cierta manera la fuga de depósitos y capitales que por entonces sufría España debido a la crisis del euro, así incrementar la menguante capacidad recaudatoria de la Hacienda Pública con al menos 2.500 millones de euros. Para ello, el Ejecutivo anunció un tipo fiscal extraordinario que sirviera como incentivo, del 10% para todas las rentas y todos los contribuyentes.
Los objetivos de afloración de activos y rentas eran ambiciosos, si bien chocaban con un tipo impositivo general bajo, pero quizás no tanto. Con ello en mente, la DGT aprobó un informe en el que optaba por limitar ese 10% a las rentas anteriores al 31 de diciembre de 2010 y no prescritas, así como los intereses generados por las restantes. Por si fuera poco, este organismo consultivo optaba por fijar como criterio a seguir que cualquier renta en metálico que fuera ingresada en una entidad de la UE y aflorada pasaría a considerarse como obtenida antes del 31 de diciembre de 2010.
Así, como resultado la amnistía permitió emerger unos 40.000 millones de euros en rentas y capitales ocultos al fisco. Con ellos, siguiendo el espíritu inicial del decreto se tendrían que haber obtenido unos 4.000 millones de euros en impuestos, y sin embargo fueron poco más de 1.190 millones. Los más de 2.800 millones restantes se escaparon por las rendijas concedidas con los dictámenes de la DGT.
La oposición casi en bloque ha cuestionado la utilidad y legitimidad de la amnistía fiscal. Así, el PSOE presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que aún está pendiente de resolver. Además, el líder socialista Pedro Sánchez ha asegurado que si su partido llega al poder dará a conocer los nombres de los casos especialmente sensibles. En esta misma línea se ha mostrado Pablo Iglesias, quien ha vinculado la publicación de listados de defraudadores a que éstos opten antes (o no) a pagar los impuestos correspondientes al tipo regular. Otra formación como Ciudadanos, por su parte, ha anunciado que exigirá los 2.800 millones de euros que, en teoría se tendrían que haber recaudado de más con la amnistía.
