A Bruselas no parece gustarle que los estados miembro sean accionistas de bancos, por mucho dinero público que se haya puesto para rescatarlos. Por ello insiste a España que se deshaga de su participación en Bankia cuanto antes y por eso aprobó unas condiciones más ventajosas para la antigua Novagalicia una vez en manos particulares.
El pasado mes de de julio, los nuevos gestores de Abanca (la entidad antes conocida como Novagalicia, NCG) abrieron una nueva oficina de representación en el extranjero. En concreto, en Frankfurt (Alemania), con el objetivo de atender «a un colectivo potencial de más de 130.000 españoles residentes en la primera economía europea», según señala la propia entidad en su último informe semestral, publicado la pasada semana en la web de la CNMV.
De esta manera, la entidad rescatada con 9.000 millones de euros públicos y ahora controlada por el banco venezolano Banesco ha ampliado su red de oficinas fuera de sus territorios «core» (tiene una docena más de oficinas en el extranjero), algo que prohibían las autoridades europeas tanto a Novagalicia, cuando estaba contralada por el FROB, como al resto del sector financiero español aún nacionalizado.
Y es que en junio de 2014, a la vez que la Comisión Europea daba su visto bueno a la venta de NCG a Banesco, se firmaba un nuevo programa de reestructuración suavizado, que «modificó sustancialmente las restricciones» que fiajaba el anterior acuerdo con Bruselas, de noviembre de 2012. En su último informe semestral (ver documento más abajo) la entidad ya privatizada explica algunas de las principales ventajas obtenidas gracias al nuevo acuerdo. En esencia, menos exigencias y más flexibilidad para decidir.
Menos restricciones y menos recortes
Entre otros cambios, el nuevo Term Sheet de Abanca redujo en un año el plazo del programa de reestructuración, «por lo que su vigencia se reduce hasta finales de 2016, frente al 2017 en el anterior», explican en su último informe semestral. Una de las grandes mejorías para la entidad es la reducción del ajuste de capacidad instalada; es decir, el cierre de oficinas. El anterior acuerdo de 2012 obligaba a un número máximo de oficinas dentro del ámbito geográfico del banco, y obligaba a cerrar todo lo demás y dejar «meros puntos de servicio».
Pero el acuerdo de junio de 2014 permitió ampliar no solo el número de oficinas del negocio core, sino que «un porcentaje de la red pueda localizarse fuera del área core«, explican. Esta medida, para una entidad que tenía el compromiso de cerrar entre un 40% y un 50% de sus oficinas, supone un notable alivio y una ventaja competitiva frente a los bancos aún nacionalizados.
Además, una vez consumada la fusión con el Banco Etcheverría, se les permitió «un mayor crecimiento» del balance crediticio. En concreto, la entidad originaria de Galicia podrá incrementar durante el periodo de vigencia el tamaño de su balance 3.000 millones de euros más de lo acordado con Bruselas en 2012.
Las restricciones también se acabaron respecto al volumen de crédito bruto en las zonas de negocio core (es decir, aquellas que forman parte de su ámbito geográfico básico), lo que «favorece un mayor dinamismo», algo que también se acrecienta con el permiso para que las unidades legacy del banco (aquellas que han de venderse antes de 2017) también incrementen su volumen de crédito. Bruselas incluso permitió a Abanca volver a conceder financiación a promotores inmobiliarios, «hasta un límite de crédito y siempre bajo el cumplimiento de una serie de garantías», se justifican.
No acaban aquí las nuevas condiciones: se eliminó el calendario estricto que obligaba a la entididad a vender un determinado número de participadas cada uno de los años de Term Sheet, y a cambio se fijaron unos objetivos a alcanzar en función del valor en libros a 31 de diciembre de 2016, algo que aporta flexibilidad a la entidad de matriz venezolana, quien tendrá ahora que ajustar su estructura en función de su nivel de eficiencia y por lo tanto podrá ir acomodándose según genere más beneficios.
No es lo mismo para las que aún son públicas
Entidades como BFA-Bankia o Banco Mare Nostrum, pese a que el ciclo económico parece haberse revertido, continúan sometidas a los estrictos programas de reestructuración (Term Sheet) firmados por las autoridades españolas con Bruselas en el momento en el que España solicitó el rescate a su sistema financiero. Es lo que no pocos en el sector financiero español consideran un «doble rasero» por parte de las autoridades europeas.
Bankia, por ejemplo, pese a ser una de las entidades más rentables e infravaloradas de la Bolsa española, obliga a sus gestores a cumplir un estricto calendario de items que ha de culminar a finales de 2017, con la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ya vendida y privatizada. Entre otras exigencias, el plan de reestructuración firmado por el Gobierno con la Comisión Europea obliga a la entidad nacionalizada a deshacerse de todo aquel negocio que no se circunscriba al ámbito geográfico originario del banco, excepto «un limitado número de oficinas en centros económicos principales de otras regiones españolas».
Más allá de que las exigencias de Bruselas buscaban minimizar la distorsión provocada en la competencia por la ayuda pública dada a las nacionalizadas, lo cierto es que estas distorsiones del mercado parecen ser una exigencia menor cuando la entidad puede pasar a manos de inversores privados. Organismos internacionales como la Comisión Europea o el propio FMI están urgiendo a España para que desinvierta cuanto antes su participación en Bankia, a pesar de que hoy por hoy pueda no recuperarse lo invertido. ¿Propondrá Bruselas un nuevo programa de reestructuración más flexible para convencer a los mercados?
