El último proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno de Mariano Rajoy ha recibido el ‘no’ de todos los partidos de la oposición parlamentaria salvo de Unión del Pueblo Navarro (UPN) (socio electoral del PP), que han registrado hasta trece enmiendas de totalidad en el Congreso pidiendo la devolución del texto al Gobierno.
Este mismo hecho sucedió el año pasado. La oposición cree que las cuentas se basan en proyecciones macroeconómicas irreales, en las que se mantienen las medidas de austeridad y recorte a pesar de la recuperación de la que habla el Ejecutivo, además de señalar que priman el pago de la deuda frente a otros gastos sociales más necesarios, como serían las pensiones o las prestaciones por desempleo.
Los socialistas consideran que estas cuentas «son malas para España» porque mantienen la austeridad y los recortes, «no apoyan la recuperación» y son «insolidarios» con los más desfavorecidos, mientras conceden un «regalo fiscal» de más de 5.000 millones a las clases altas.
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), por su parte, considera que las cuentas no sirven a los intereses de la mayoría social sino únicamente a los mercados y a la troika, y opina que el Gobierno «no debería presentar un Presupuesto sino su dimisión y convocar elecciones».
Además, su portavoz económico, Alberto Garzón, reclama «más protagonismo» del gasto público para impulsar la recuperación, más gasto social en materias como educación, sanidad, dependencia o prestaciones por desempleo; y una recuperación del mercado de trabajo más justa y que acabe con la precariedad y la temporalidad.
Por otro lado, la portavoz parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, explicará el rechazo a unas cuentas que la formación magenta ve como el «brindis al sol» de un Gobierno «agónico» que, pese al «triunfalismo» que transmite sobre la recuperación económica, mantiene una política «continuista» con los recortes e «insolidarios» con las clases más castigadas por la crisis, mientras «sigue alimentando el despilfarro» autonómico.
A todo esto cabe sumar el reproche por la tramitación de las cuentas en pleno agosto con el objetivo de dejarlas aprobadas antes de la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales.
Ante esta situación, el principal partido de la oposición avisa de que en caso de ganar las generales de diciembre modificarán la ley. Además, retan a que sea Mariano Rajoy, y no Cristóbal Montoro, quien los defienda ante la Cámara Baja dado que los está utilizando, acusan, como plataforma electoral. Pues, será el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien intervenga en el Pleno de la próxima semana.