Finales de 2017. El Gobierno, tal y como explicó SABEMOS, fue el que fijó la fecha límite para privatizar Bankia. Eso deja en manos del futuro Ejecutivo la decisión de qué hacer con la entidad nacionalizada y, en caso de venderla, cuándo y y cómo. Estas son las opciones que manejan los principales partidos.
Fecha límite: finales de 2017. Este es el calendario que, tal y como han manifestado en repetidas ocasiones, maneja el Gobierno de Mariano Rajoy respecto a la privatización de Bankia. Tal y como ya explicó esta misma semana SABEMOS, los tiempos para llevar a cabo la desinversión pública en la entidad rescatada no forman parte del Memorando de Entendimiento (MoU en inglés) firmado con Bruselas, sino que son legislación española. Es decir, modificable como cualquier otra ley.
El Gobierno actual insiste en que su intención es cumplir el calendario fijado por esta normativa, que determina que hay que desinvertir pasados cinco años tras la inyección de capital público. Es decir, antes de que finalice 2017. El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, reiteró el pasado mes de mayo que es esa la fecha que maneja el Ejecutivo. Más recientemente, organismos internacionales como la Comisión Europea y el FMI han urgido a España a acometer cuanto antes la desinversión, ante la posibilidad de que en el futuro los mercados estén más cerrados.
El problema es que los múltiples asuntos pendientes que sufre Bankia (causas judiciales, investigación europea a los DTA…) están afectando a la cotización de sus acciones, que sufren por ello una relativa infravaloración. Si la solución de estos temas sin resolver pudiera o no incrementar el valor de Bankia no parece una variable relevante para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ya vendió un 7,5% de la participación del FROB y que en todo caso espera recuperar el máximo dinero público posible pero siempre dentro de los plazos acordados con Bruselas.
Lo que también parece tener claro el ministro De Guindos es que la desinversión de Bankia no se hará para vender esta entidad a uno de los grandes bancos privados españoles (Santander, BBVA y Caixabank). El Ejecutivo se plantea que la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri se mantenga «independiente» y que así se favorezca una mayor competencia en un sector bancario cada vez más concentrado.
El problema para el Partido Popular es que estas decisiones podría no tener que tomarlas la formación que a día de hoy ocupa La Moncloa. Y es que las Elecciones Generales previstas para finales de este año pueden arrojar unos datos muy distintos, toda vez que al menos otras tres formaciones aspiran a ser fuerzas de Gobierno, y no todas esperan lo mismo del banco nacionalizado. ¿Y qué planes tienen estas organizaciones respecto a Bankia?
El PSOE: vender Bankia, potenciar el ICO
La idea del PSOE, si llegase al poder, sería «respetar el MOU y privatizar Bankia», tal y como señalan fuentes oficiales socialistas, que consideran que a día de hoy la entidad es «un bancazo con el que es mejor no correr». Su prioridad pasaría en todo caso por conseguir «recuperar la inversión pública en Bankia si fuera posible, por lo que esto puede recomendar que se modifiquen las fechas más allá de 2017 si entonces las condiciones de los mercados no son las idóneas», reconocen fuentes de Ferraz.
La formación liderada por Pedro Sánchez no tiene entre sus previsiones usar a Bankia como banco público. «Aunque a día de hoy es del Estado, querríamos que compitiera en el mercado con éxito, y nos gustaría que en la medida de lo posible fuera un referente de ejemplaridad y compromiso social; un revulsivo para el sector», explican fuentes socialistas. Y es que Bankia como banco comercial no encaja en el proyecto de banca pública que el PSOE sí que maneja de cara a futuro con el fin de impulsar el crédito público.
«Proponemos una agencia pública de inversión, basada en el ICO y que aglutine a otras entidades públicas con las que crear sinergias como podría ser el ICEX. La idea es crear un gran consorcio del crédito a imagen y semejanza de lo que en Europa sería el BEI», añaden estas mismas fuentes. El proyecto pasaría por un ente capaz de conceder crédito por sí mismo, sin necesidad de contar con las entidades privadas como puente. «Y esto pensamos en constituirlo a partir del ICO, no de Bankia»; concluyen.
Ciudadanos: no se vende si no se recupera la mayoría
En unas coordenadas similares se mueven los responsables del programa económico de Ciudadanos. La formación liderada por Albert Rivera considera que es imprescindible desinvertir la participación del FROB en Bankia, «aunque hay que recuperar el dinero de los contribuyentes», tal y como señala Francisco de la Torre, candidato número 2 de C’s por Madrid. «El criterio principal, por encima del calendario, es obtener el máximo retorno con la venta», asegura.
Aunque en Ciudadanos creen que los modelos de banca pública en España «no han funcionado y Bankia ha de ser privatizada», De la Torre es consciente de que los mercados saben que hay unas fechas límites para vender la entidad, algo de lo que se podrían aprovechar en detrimento de los contribuyentes. «Como creemos que se puede recuperar una gran parte del dinero público, y que no va a ser el rescate más caro pese a ser el banco nacionalizado más grande, no tendríamos problema en modificar la ley para aplazar la venta si las condiciones del mercado no fueran buenas, como de hecho ocurre ahora», concluye De la Torre.
Podemos: «embrión de banca pública»
En una línea muy distinta se expresa Nacho Álvarez, secretario de Economía de la Ejecutiva Estatal de Podemos. En el caso de que la formación liderada por Pablo Iglesias gobernase, el plan pasaría por utilizar «Bankia como embrión de banca pública, por lo tanto no somos partidarios de impulsar su privatización en 2017. Para ello habría que renegociar el Memorando de Entendimiento correspondiente al rescate de 2012», explica Álvarez.
«Esta banca pública debería servir para financiar: 1) infraestructuras y equipamientos públicos, 2) proyectos empresariales de largo plazo vinculados al cambio de modelo productivo, 3) pymes y colectivos sociales con problemas de acceso al crédito», añade este portavoz del área económica de Podemos, quien se muestra confiado en que bajo una correcta regulación (al igual que ocurre en Alemania o Estados Unidos) «la banca pública es un potente instrumento de desarrollo industrial y local».
Intenciones no muy distintas anticipó en su momento Izquierda Unida (IU), quien a través de su responsable federal de Economía y Empleo (José Antonio García Rubio) manifestó que los bancos y cajas nacionalizados deberían permanecer en manos del Estado «para constituir la base de una banca pública».
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