El sindicato mayoritario del Cuerpo denuncia la «remilitarización» a la que le está sometiendo Defensa, en «connivencia» con el PSOE. Lamentan que se les apliquen códigos castrenses cuando su labor es «atender derechos y libertades de los ciudadanos».
“Hacemos una función policial de protección de los derechos y libertades públicas de los ciudadanos y nos aplican unos códigos militares bajo parámetros del siglo XIX”. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, ha dicho basta ante la “remilitarización” a la que le está sometiendo el Gobierno, en “connivencia” con el PSOE. El sindicato considera inaceptable el “recorte de derechos” que están sufriendo los agentes en esta legislatura, con el único objetivo de tenerlos “controlados” bajo disciplina militar, explica su portavoz, Juan Fernández.
La Guardia Civil es un cuerpo que oficialmente depende de Interior y de Defensa, pero cada vez más está siendo gestionada desde este último Ministerio, proceso que ha incluido la reinstauración para acciones ordinarias “del código penal militar, que en 2008 se decidió que solo se aplicaría en casos de estado de sitio o para misiones en el extranjero”. Por ello, los agentes se han rebelado y su Junta Directiva decidió ausentarse del Consejo, órgano que trata sus condiciones. Un gesto que se ha saldado con la apertura de expediente a todos sus integrantes, que hoy han prestado declaración ante la Dirección General de la Guardia Civil.
«Pedimos que se adapte la institución al siglo XXI, que nos rijamos por leyes y códigos coherentes a la labor que desempeñamos»
La ocasión ha sido aprovechada por el sindicato para protestar ante lo que consideran una deriva intolerable, que ha tenido otros reflejos como la apertura de expediente al secretario general de la organización en Murcia. El motivo fue que apoyó a un agente condenado a cinco meses de prisión por discutir con un superior. “Es el modus operandi castrense”, lamenta Fernández, “se está haciendo un corta y pega de los códigos que aplica el Ejército”. Este diario ha intentado sin éxito recabar la versión de Defensa al respecto.
La asociación, a la que están afiliados 30.000 de los 72.000 miembros que tiene la Guardia Civil, asegura que el Gobierno no está solo ante esta política. El PSOE mantiene una actitud de “connivencia” que se refleja en hechos como el ocurrido este mismo miércoles en el Senado, cuando se aprobó el nuevo Código Penal Militar con los votos a favor del PP y la abstención de PSOE, Entesa y los nacionalistas vascos y catalanes. Solo IU, Podemos y ERC se opusieron a un proyecto de ley que será de aplicación, además de para las Fuerzas Armadas, para la Guardia Civil.
“Nosotros pedimos que se adapte la institución al siglo XXI, que nos rijamos por leyes y códigos coherentes a la labor que desempeñamos, que no es militar”, indica el portavoz de AUGC, que ha mantenido una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, obteniendo comprensión por parte de todos menos de “los dos que han gobernado España”.
