El Gobierno está convencido de que «en ningún caso» Cataluña declarará su independencia tras las elecciones del 27 de septiembre ya que, a su juicio, carece de apoyo social, político y jurídico para hacerlo. Por ello, califican como una «ensoñación» el proceso soberanista liderado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, según informaron fuentes del Ministerio de Justicia.
De hecho, según recoge la agencia Europa Press, la Abogacía del Estado no está trabajando a día de hoy en ninguna querella ante un escenario secesionista y los ‘populares’ centran su acción en la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, que contempla medios coercitivos como apercibimiento o multa y, llegado el caso, puede sancionar con la suspensión de las funciones de quien desoiga las resoluciones del Alto Tribunal, según recuerdan las fuentes consultadas.
En este contexto, el Ejecutivo apuesta por que los partidos «constitucionalistas» hagan «pedagogía» y expliquen a los ciudadanos las consecuencias que tendría este proceso. Los dirigentes del PP han multiplicado sus apariciones y Génova ha trasladado la localización de su Escuela de Verano a tierras catalanas, concretamente a Lloret de Mar.
El Gobierno cree que las fuerzas independentistas no tendrán una mayoría absoluta y tampoco han concretado si separarán a Cataluña de España con una diferencia de un voto en la próxima cita electoral, con una posible mayoría de número de escaños pero no de sufragios, o qué día y de qué forma lo harán tras la constitución del nuevo Parlamento. Para entonces, recuerdan las fuentes, ya estará vigente la reforma del TC.
