Aunque la Comisión Europea ni el Banco Central Europeo aún no se han pronunciado ni en un sentido ni en otro, el banco de inversión estadounidense considera que en ningún caso los 34.600 millones de euros en activos fiscales diferidos dejarán de formar parte del capital de los bancos españoles.
Desde que saltara la noticia en abril de este año de que Bruselas iniciaba una investigación para determinar si los activos fiscales diferidos (DTA) que albergan los bancos españoles en su balance son o no una ayuda de estado ilegal, el sector financiero español se ha visto golpeado por los mercados. Los DTA son, en esencia, derechos generados en el pasado (por haber tenido pérdidas) que permiten pagar menos impuestos en el futuro. En 2013 España aprobó una norma que blindaba de alguna forma estos DTA para que pudieran contabilizarse, a efectos regulatorios, como capital de máxima calidad, y ahora las autoridades comunitarias tratan de discernir si esto fue una ayuda encubierta a la banca.
Da igual que el Gobierno español esté seguro de haber convencido a la Comisión Europea: los inversores (en su mayoría aversos al riesgo) están penalizando en Bolsa a la banca ante el riesgo, real o no, de que Bruselas penalice a España y que una o más entidades puedan necesitar fuertes inyecciones de capital. Esta situación hace que la cotización de Bankia, por ejemplo, esté por debajo de su valor en libros (lo que a su vez dificulta la recuperación del dinero público invertido en ésta) y ha lastrado estas últimas semanas al Banco Sabadell, entre otras entidades.
¿Por qué un caso así penaliza tanto a la banca española? Porque para varias entidades (Bankia, Sabadell, Abanca, entre otras) el porcentaje de DTA respecto al total de su capital es tan grande que en caso de no poder contabilizarse como tal, se verían obligadas a fuertes ampliaciones de capital para volver a alcanzar los mínimos regulatorios. Y una ampliación, pública o privada, significa malas noticias para sus acciones.
Pero esta situación podría cambiar pronto. A falta de una confirmación oficial por parte de Bruselas y del Banco Central Europeo, analistas como los del banco de inversión estadounidense JP Morgan dan por hecho en un reciente informe al que ha tenido acceso SABEMOS que Europa en ningún caso dejará caer a la banca española y por lo tanto dará su visto bueno a los DTA que cuenten con la garantía del Estado. Es decir, que los 34.600 millones de euros con los que cuentan (según cálculos de JPM, ver gráfico inferior) seguirán formando parte del core capital de la banca.
Un régimen fiscal «más estricto»
El hecho de que la banca española tenga una alta cantidad relativa de DTA respecto a otros bancos europeos se debe a que el régimen fiscal fue durante años más estricto a la hora de permitir deducciones por pérdidas. Esto creó un agravio comparativo para los bancos, por lo que en 2013 (a la vista de las cada vez mayores pérdidas ocasionadas por la crisis) el Gobierno aprobó una regulación que permitiera compensarlo.
Así lo creen también los analistas de JP Morgan: «La mayoría de los DTA son resultado de régimenes fiscales más estrictos en los países de la periferia respecto a otros países europeos, así que obligar a descontar estos DTA del capital crearía una desventaja competitiva», señalan, al tiempo que consideran que tanto la regulación de solvencia europea (conocida como CRD4) como internacional (las normas de Basilea III) van en línea con esta consideración.
A diferencia de otros países de la zona euro, en España las pérdidas crediticias no son deducibles fiscalmente en el año siguiente al que han sido generadas, sino que se extienden en el tiempo. «En esencia, sería similar a un impuesto de prepago, o una especie de financiación bancaria al Gobierno, pero sin intereses. Eliminar estos DTA del capital regulatorio implicaría una penalización doble a los bancos, una por el trato fiscal desfavorable respecto a sus pares europeos, y otra por los créditos fiscales garantizados por el Estado», concluyen desde el banco de inversión estadounidense.
El informe de JP Morgan da otro argumento para sostener que Bruselas no perjudicará a los bancos españoles: «La mayoría de sus DTA son el resultado de adquisiciones que fueron impulsadas por el Estado y el regulador como parte de la reestructuración bancaria». Es decir, que no tendría lógica penalizar un cierto tratamiento favorable para unas pérdidas que en el fondo fueron provocadas o impulsadas por la propia administración pública.
¿Colchones adicionales?
Otros analistas, en este caso del banco suizo Mirabaud, consideran también que es altamente improbable que el BCE y Bruselas reviertan la decisión del Gobierno español de garantizar los activos fiscales diferidos para que puedan formar parte del capital de la banca. Dicho esto, lo que sí que anticipan desde esta entidad es que el supervisor bancario europeo sí que podría pedir colchones adicionales de capital en aquellos bancos que tuvieran porcentajes especialmente altos de DTA en el capital regulatorio.
Es el caso, por ejemplo, de Caixabank, que en opinión de los analistas de Mirabaud «será sometida a requerimientos de capital adicional, que podrían llegar hasta un 2% de los activos ponderados por riesgo» debido a que cerca de una cuarta parte de su core capital está formado por activos fiscales diferidos garantizados por el Gobierno.
Santander y BBVA, infracapitalizados en 2018
El informe de JP Morgan también señala dos aspectos preocupantes para las dos principales entidades financieras españolas: Estarán descapitalizadas para el año 2018, cuando se desarrolle la harmonización definitiva de los balances impulsada por la unión bancaria europea. Así, el Santander sería una de las entidades financieras de toda la zona euro más penalizadas, con un déficit de capital estimado de 5.500 millones de euros. El BBVA, por su parte, necesitaría recapitalizarse con cerca de 900 millones de euros.
En total, de los 35 grandes bancos analizados, solo 13 tendrían déficit de capital. Y de ellos, solo dos españoles (Santander y BBVA). «No estimamos ningún déficit de capital en cualquier otro banco de la península ibérica dentro de nuestro análisis», concluye el informe de JP Morgan. A falta de que sean capaces de generar o no este capital por si solos, o deban acudir a ampliaciones, tanto Santander como BBVA tendrían que reforzar su solvencia en los próximos tres años, algo que en todo caso penalizará el valor de ambos bancos en Bolsa.
