El reparto de escaños catalán penaliza a Barcelona y sobrerrepresenta a Lleida, que con el 6% de la población elige al 11% del Parlament. Si todos los votos valieran lo mismo, Junts pel Sí obtendría 56 escaños en la encuesta del CIS y no 60-61. Ciudadanos ya pidió en 2012 implementar la circunscripción única porque «votan las personas y no los territorios».
Cataluña es la única región de España que carece de ley electoral propia. La falta de acuerdo a lo largo de 35 años ha imposibilitado el desarrollo de una norma que traduzca los votos en escaños de la forma más fidedigna posible. Así que la solución interina de 1980 -aplicar el sistema que rige para designar los diputados al Congreso- se ha ido prorrogando, ante la incapacidad de elaborar un marco autonómico que avalen dos tercios del Parlament (90 diputados), el mínimo exigido.
Como consecuencia, se registran disfunciones que tradicionalmente han beneficiado a CiU, formación hegemónica en las provincias menos pobladas. El desencuentro entre fuerzas políticas se debe fundamentalmente a que unas son partidarias de un sistema más proporcional -tendente a aplicar la máxima “una persona, un voto”– y otras son proclives a ponderar a los territorios poco poblados, para que no queden relegados a la irrelevancia.
El nacionalismo solo ha gobernado cuatro años Barcelona y nunca Hospitalet, Badalona ni Tarrassa
Actualmente, los 135 escaños de la Cámara catalana se reparten de forma no proporcional entre las cuatro provincias. Barcelona aporta más del 73% de la población, pero solo reparte el 63% de los escaños (85, cuando le corresponderían 99). En Lleida viven menos del 6% de los catalanes, que eligen a más del 11% del Parlament (15 escaños en vez de 8). Tarragona y Girona, por su parte, eligen cuatro y tres diputados más de los que por población les correspondería (18 y 17 respectivamente en vez de 14).
El gran beneficiado del sistema es el nacionalismo, que no tiene rival en la sobrerrepresentada Lleida y sin embargo está mucho más discutido en Barcelona. Hasta tal punto es así que solo de 2011 a 2015 ha ostentado el Gobierno municipal de la capital, y jamás lo ha logrado en las otras tres ciudades más grandes de Cataluña: Hospitalet de Llobregat, Badalona y Tarrassa, todas en Barcelona. La ciudad condal y su área metropolitana es el histórico granero de votos del PSC y donde tratan de hacerse fuertes Ciudadanos, PP y Sí que es Pot ahora que el socialismo catalán está en declive.
Los socialistas trataron en varias ocasiones de impulsar una ley electoral autonómica, pero no lograron consenso suficiente ni cuando ostentaron la presidencia de la Generalitat. La propuesta de José Montilla fue establecer un mecanismo similar al alemán: elegir por un lado un diputado en cada circunscripción -siendo estas las comarcas denominadas veguerías o las localidades más pobladas- y por otro lado al resto de la Cámara, en circunscripción única y mediante un sistema proporcional puro. La iniciativa naufragó por las reticencias de los soberanistas.
La propuesta de Albert Rivera
Ciudadanos, por su parte, abogó en 2012 por una reforma que impusiera la circunscripción única sin más miramientos. Rivera había visto cómo en 2010 Solidaritat Catalana obtenía un diputado más que su partido pese a tener menos votos y creía urgente poner fin a esas anomalías: “Aquí votan las personas y no los territorios”.
Con un sistema puramente proporcional como el defendido por la formación naranja, cuya demanda no fue atendida, la composición del Parlament sería sensiblemente distinta. Hasta el punto de que la mayoría absoluta sería una quimera inalcanzable para la alianza Mas-Junqueras. Según los datos del CIS y aun estimando una participación superior a la de 2012, Junts pel Sí no llegará al millón y medio de votos -sobre un censo de 5,5 millones- el día 27.
Otorgando a todos los sufragios el mismo valor, el resultado le reportaría a la lista conjunta 56 escaños y no los 60-61 del sondeo. Los beneficiados con ese mecanismo serían Ciudadanos y Catalunya Sí que es Pot, que pasarían en el primer caso de 19-20 a 21 y en el segundo de 18-19 a 20. La CUP se quedaría con los mismos ocho y PP y PSC apuntalarían el mejor resultado contemplado en la encuesta: 13 y 17 diputados, respectivamente. En ese escenario, Mas no podría conservar el poder ni recabando el apoyo de la CUP.
Algo similar hubiera ocurrido en 2012. A CiU proporcionalmente no le correspondieron en esta legislatura que expira 50 escaños, sino 45. El PSC ganó en votos a ERC hace tres años pero obtuvo un diputado menos, por lo que con un reparto puro el socialismo tendría 21 diputados y Junqueras, 20 y no al revés. ICV hubiera pasado de 13 a 14, Ciudadanos de 9 a 11 y la CUP de 3 a 5. El PP mantendría los mismos 19.
En 2012, ERC tuvo menos votos que el PSC y un escaño más; CiU obtuvo 50 y proporcionalmente le correspondían 45.
Parece poco probable, en cualquier caso, que vaya a reformarse ese sistema la próxima legislatura. Pensar en un acuerdo de 90 diputados para consensuar un sistema electoral propio en una Cámara partida en dos por el secesionismo es política ficción. Máxime cuando el principal perjudicado sería el proyecto que quiere independizar a Cataluña gracias a una mayoría parlamentaria que solo sería posible con las actuales reglas de juego.
