Dos antiguos consejeros de la entidad, el expresidente José Antonio Moral Santín, y Rafael Torres, han remitido sendos escritos al juez Andreu para desmontar las imputaciones que pesan contra ellos.
«El uso de las tarjetas de crédito facilitadas por parte de Caja Madrid (…) formaba parte de la retribución de los distintos consejeros que formaban los órganos de administración de esta entidad». Esta es una de las principales alegaciones esgrimidas por el exconsejero de Caja Madrid en representación de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín. En un escrito remitido el 14 de septiembre a la Audiencia Nacional, el que fuera vicepresidente del Consejo de Administración de la caja rebate algunas de las afirmaciones que han servido para imputarle a él y a 87 antiguos altos cargos.
Los argumentos de la defensa no desmienten en ningún momento que los gastos efectivamente se efectuaran (si bien se pone en duda la obteción de la información, toda vez que estaba en poder de Caja Madrid, no de Bankia), y lo que esgrime es que éstos eran perfectamente legales ya que desde su concepción (en 1988) las tarjetas fueron concevidas como un complemento retributivo para los consejeros, no solo una tarjeta de empresa para gastos de representación.
«No parece que pueda discutirse a estas alturas que las tarjetas emitidas en favor de los consejeros de Caja Madrid fueron debidamente autorizadas por los órganos competentes», continúa el escrito de alegaciones. Al contrario de lo que argumentaba el informe de auditoría interno de Bankia a partir del cual se abrió la causa judicial (que decía en esencia que las tarjetas habían sido emitidas fuera del circuito ordinario) la representación de Moral Santín constata que esto en ningún momento fue así, ya que estos plásticos contaban con la aprobación en actas del consejo de administración, que había facultado al presidente (primero Terceiro y luego Blesa) a repartir y controlar las mismas.
Tarjetas sin control
El presidente que ideó las tarjetas de consejeros, Jaime Terceiro (durante su presidente, en 1988, se aprobaron como un medio para compensar las bajas dietas que se percibían entonces) declaró en calidad de testigo ante el juez Fernando Andreu que durante su mandato las tarjetas nunca fueron otra cosa que de representación y no para uso personal de los consejeros. Y para sustanciarlo, aseguró que se exigían las facturas de los gastos a cada consejero para llevar un control de los mismos.
Precisamente esta afirmación (que las tarjetas en la era Terceiro se controlaban, pero luego en la era Blesa se desmadraron) es lo que pretenden rebatir los abogados de Moral Santín, quienes han adjuntado con el escrito una relación de 33 facturas de restaurantes (tanto por semana como en sábado, domingo y festivo). Desde la representación de este exconsejero «siempre se ha negado que hubiera ningún tipo de reclamación ni comprobación por parte de Caja Madrid sobre los gastos y disposiciones de las tarjetas», explica, al tiempo que añade que tampoco se rechazó durante ese tiempo ningún tipo de gasto realizado con las black, a pesar de que hubo dispendios en restaurantes fuera de los horarios teóricos de una entidad bancaria.
¿Por qué esta línea de actuación? Tanto Moral Santín, como antes hiciera el también exconsejero Estanislao Rodríguez Ponga (exsecretario de Estado de Hacienda), aseguran que desde un primer momento las tarjetas era de uso libre y personal, siempre dentro de los límites marcados por la tarjeta y dentro del desempeño de un consejero. Tal y como pretenden demostrar, «todas las referencias posteriores que fueron sometidas a los órganos de gobierno, sobre el tema de las tarjetas, justifican que fueron tratadas como retribución». Es decir, que si eran una forma de pago complementaria a la retribución normal de un consejero (las dietas), no se tenía que justificar.
«El uso que se da a la tarjeta de consejero por parte de mi representado es el previsto en las actas del consejo», concluyen los abogados de la defensa, quienes aluden en todo momento a dichos gastos como «de representación de libre disposición». Este tipo de tarjetas, distintas a las de empresa propias de directivos o empleados de un banco (los consejeros no son empleados), tenían como finalidad «compensar los gastos por el ejercicio del cargo», así como los esfuerzos y dedicación de cada consejero en función de la valoración del presidente.
El dinero, para y del sindicato
Otro de los antiguos consejeros que han presentado un escrito de alegaciones ha sido Rafael Torres, antiguo miembro de la sección sindical de UGT en Caja Madrid y exmiembro en representación del mismo en la Comisión de Control de la caja. Es decir, en el órgano encargado de velar por el cumplimiento legal y normativo de la entidad. En su escrito, los representantes legales de Torres reclaman el sobreseimiento libre de su defendido, toda vez que en su opinión no ha cometido no solo ningún tipo de delito, sino que ni siquiera hay indicios de eso mismo.
Al igual que Rodríguez Ponga y Moral Santín, Rafael Torres advierte que las tarjetas fueron autorizadas y emitidas por el presidente, que gozaba de facultades estaturarias y legales para ello. Una vez con ella, y en la medida que era vocal de la comisión a instancia de UGT, entendió que la tarjeta de crédito «destinada a gastos de representación, estaba a disposición y sujeta al control de la Sección Sindical de UGT en Caja Madrid». Así, cada uno de los gastos con los que se corrió con el citado plástico estaba justificado en tanto que era dinero que Caja Madrid asignaba a dicha sección sindical.
«Los gastos efectuados con la tarjeta se realizaron en base a la representación de mi mandante como representante de los empleados de Caja Madrid en la Comisión de Control, designado a propuesta de la Sección Sindical de UGT», añade este antiguo consejero. Estos gastos, según él, englobaban la asistencia a reuniones, la vestimenta adecuada a las mismas, el envío y publicación de informes, circulares y otros comunicados a sus afiliados, la manutención en caso de viaje a alguna de las delegaciones…
Los gastos, sin embargo, no sólo los cargaba Torres, sino todos los miembros de UGT en Bankia. «La mayor parte de los gastos se efectuaron en concepto de transporte, alojamiento y manutención de los miembros de la Comisión Ejecutiva Estatal y Consejeros Generales de la Sección Sindical de UGT en Caja Madrid. En total unas nueve personas, todas empleadas de la entidad, y que residían en Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Barcelona, Ciudad Real, Palencia, Valencia y Madrid. Dichos miembros se reunían al menos una vez al mes entre ellos, y los gastos de los mismos corrían a cuenta de la black. ¿Cuánto? En total 79.076 euros repartidos en cinco años. En opinión de Torres y sus abogados, se cumplía así la legalidad, y por lo tanto no concurren condiciones para ninguna imputación de delito.
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