Arriesgándolo todo para entrar en Europa, más de 200.000 personas, en muchos casos familias enteras con niños, han entrado en Hungría en lo que va de año, después de una peligrosa travesía por el Mediterráneo, con el objetivo de acceder a la zona de libre circulación de Schengen.
Muchas de estas personas han acabado en campamentos de acogida en los que, según las diversas fuentes internacionales, viven sometidas a condiciones de vida inhumanas, tal como se ha podido apreciar en las portadas de numerosos medios de comunicación de todo el mundo.
El pasado martes, la situación se agravó considerablemente con la decisión del Gobierno húngaro del ultraderechista Viktor Orban de cerrar a cal y canto la frontera con Serbia y de poner en marcha nueva ley por la que se criminaliza la entrada ilegal en el país y se establecen juicios rápidos para los que incurran en este delito.
En estas circunstancias, el pasado miércoles se vivieron escenas caóticas en la localidad húngara de Horgos, con numerosas ambulancias y vehículos policiales en la parte serbia de la frontera y agentes antidisturbios en la húngara. Mientras algunos migrantes lanzaban piedras o botellas de agua, los policías húngaros respondían con gases lacrimógenos y cañones de agua. Varias personas fueron atendidas por los servicios médicos serbios, algunas de ellas por efecto de los gases.
En medio del caos, según Amnistía Internacional, al menos cuatro niños se vieron separados de sus familias y fueron trasladados por la Policía a un edificio de control policial. “Las familias están desesperadas por reunirse con sus hijos”, ha declarado la directora de crisis de la organización, Tirana Hassan. “No sólo han experimentado el traumático viaje hasta la frontera y el uso de la fuerza por parte de la Policía, sino que ahora han perdido la seguridad de estar con sus padres”, ha añadido, citada por Al Yazira.
De estas escenas, los medios de comunicación internacionales también han dado buena cuenta, con imágenes tan impactantes como la de un hombre con la cara ensangrentada y con un niño muy pequeño en sus brazos.
Ante las fuertes críticas internacionales que ha recibido Hungría por estos hechos (el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, y la ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, han utilizado la palabra “inaceptable” y el primer ministro serbio, Aleksandar Vucic, ha denunciado la forma “brutal” y “antieuropea” con que está repeliendo Budapest a los refugiados), el ministro húngaro de Exteriores, Peter Szijjarto (citado por el diario Hungary News), ha asegurado que la Policía fue víctima de “ataques brutales” desde el lado serbio del paso fronterizo de Roszke, y un portavoz de la Policía magiar, citado por la BBC, acusó a los refugiados, entre los que hay numerosos padres de familias que viajan con sus hijos, de utilizar a los niños como “escudos humanos”.
Guerra mediática
No obstante, El Ejecutivo no se limita a responder a las acusaciones y ha abierto otro frente en un terreno muy delicado. Según un documento interno filtrado a la cadena Al Yazira, el Gobierno ha ordenado a la televisión estatal que no difunda imágenes de niños en cualquier información relativa a la crisis de refugiados. La razón oficial de esta orden, según la misma fuente, es “proteger a los niños”, aunque todo apunta a que lo que realmente se intenta es impedir que cunda en la propia Hungría un sentimiento de solidaridad como el causado en todo el mundo por la imagen del niño refugiado kurdo Aylan Kurdi muerto en una playa después de naufragar con el resto de su familia.
La propaganda institucional refleja el temor de unas autoridades a que el tema de los refugiados se les puede volver en contra. En Hungría muchos discrepan abiertamente de lo que hace el Gobierno. Es el caso de la Unión de Libertades Civiles de Hungría y otras organizaciones del país, que han iniciado una campaña en la que piden el apoyo de “todos los ciudadanos europeos” para exigir al Ejecutivo “la retirada inmediata de las leyes recientemente aprobadas que permiten la expulsión inmediata de los solicitantes de asilo a Serbia y establecen penas de prisión por el cruce de fronteras”.
“Las leyes que prescriben la expulsión automática de los migrantes y que hacen del cruce ilegal de la frontera un delito punible con la cárcel tiene un único objetivo para el gobierno húngaro: librarse de sus deberes y obligaciones humanitarias”, prosiguen estas organizaciones magiares. “Hungría debe volver a la senda del respeto de los derechos humanos y a sus obligaciones en virtud del derecho internacional y los tratados de la Unión Europea”, agregan los firmantes.
El artículo 31 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, establece en términos inequívocos que “los Estados Contratantes” (entre los que figura Hungría desde marzo de 1989) “no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada (…) hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales”.
El artículo también deja claro que “los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias; y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país”. “Los Estados Contratantes”, añade, “concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro país”, como Alemania o Austria, por ejemplo.
La guerra mediática, oficial o no, ha alcanzado niveles ciertamente esperpénticos, y no sólo en Hungría, sobre todo cuando el objetivo es presentar a los refugiados como posibles terroristas del Daesh. Este riesgo, que ciertamente existe, está previsto por la propia Convención de Ginebra, que deja bien claro que “no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país”.
Recientemente, la red social Facebook sirvió de plataforma para difundir una imagen en la que se apreciaba a la misma persona en dos momentos de su vida. En una, un hombre joven y barbado vestido de paramilitar aparecía con un fusil en sus manos. En la otra, el mismo hombre figuraba con una camiseta en una fotografía, al parecer, tomada en “la frontera macedonia”.
“¿Recuerdan a este tipo? El año pasado posaba en las fotografías del ISIS (el Daesh) y ahora es un ‘refugiado’”, se lee en el mensaje. «¿Somos unos pipiolos o qué?”. La imagen, compartida más de 70.000 veces, fue inmediatamente difundida por Twitter y causó miles de comentarios.
El problema, según la BBC, es que el hombre que aparece en la imagen se llama Laith al Saleh y es un antiguo comandante del muy laico y opositor Ejército Libre Sirio (apoyado por Turquía y Arabia Saudí) que antes de la guerra trabajaba como enlucidor en la ciudad de Alepo, en el norte de Siria. Una de las personas que compartieron la foto, Peter Lee Goodchild, ha reconocido a la BBC que lo hizo “de buena fe”, por lo que ha perdido “perdón por el daño que haya podido causar”.
