La ministra de Fomento ha reiterado su oferta a las autopistas de pago que están en concurso de acreedores, con una quita parcial de la deuda incluida para evitar el rescate total. Mientras, las concesionarias de vías de peaje han abierto varios frentes en los tribunales contra el departamento y exigen compensaciones.
Pastor ha manifestado que mantiene la “esperanza” en que los acreedores acaben por acogerse a la propuesta planteada por el Ministerio de Fomento en primavera, con una quita del 50% de la deuda acumulada de alrededor de 4.000 millones de euros y una titulización de la otra mitad. Esto convertiría la deuda financiera en bonos de una sociedad pública que gestionaría las autopistas deficitarias.
Este plan, que lleva medio año encima de la mesa, evitaría hacerse cargo de todo lo que deben estas empresas, algo a lo que Fomento está obligado por los contratos de concesión que adjudicó el Ministerio.
Pese al esfuerzo diplomático de Pastor, no se han producido excesivos avances y, como todo parece indicar, será el próximo Gobierno el que se haga cargo de la resolución de este entuerto. Pero a las compañías que construyeron las autopistas tienen asumidos desde hace años los números rojos.
Las propietarias de las concesiones al borde de la quiebra ya han provisionado las pérdidas de estos activos
La quita afecta a los bancos, no a las concesiones, “que ya se han apuntado las pérdidas contables que han generado estos activos”, como reconocen fuentes del sector a SABEMOS.
“La pelota está más bien en el tejado de los bancos y del Ministerio”, añaden otras fuentes del mismo mercado. “La condición es que lleguen a un acuerdo con los acreedores, y parece que no lo consiguen”, concluyen.
Sobre la propuesta de Fomento, no son muy optimistas.
“Llegará un momento en el que estos procesos judiciales de concurso de acreedores seguirán su curso y se decretará una liquidación. En ese momento, se activará el mecanismo de responsabilidad patrimonial de la Administración, que figura en todos esos contratos de concesión de las compañías, y automáticamente el Estado tendrá que hacerse cargo de la totalidad del activo y del pasivo, de la gestión de las empresas y de sus deudas”, zanjan.
Otras guerras
A Pastor le han abierto otros frentes judiciales las concesionarias de autopistas de peaje. En el caso de Abertis, la compañía ha llevado a Fomento al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y le reclama 769 millones de euros.
En virtud del contrato que firmó con Abertis, el Ministerio se comprometió a compensar a la firma catalana si un tramo de la AP-7 que había ampliado y que sigue explotando no alcanzaba unos mínimos de tráfico.
La misma empresa también le reclama a Fomento 444 millones de euros por construir una vía gratuita junto a una concesión de pago en Castellón, lo que generó una merma en el tráfico que acudía al peaje, con el consiguiente perjuicio económico para Abertis.
Se trata de una reclamación parecida a la que formuló contra el Ministerio la empresa Ausur, que explota el tramo de la AP-7 entre Alicante y Cartagena. En ese caso, a Fomento le exigían compensaciones de 315 millones por ampliar una vía gratuita que discurre paralela a esta concesión. El Tribunal Supremo acabó por darle la razón al departamento de Pastor, a quien todavía le quedan varios fuegos por apagar en el frente de las autopistas de peaje en quiebra.
