Con una reforma del Impuesto de Sociedades, el Gobierno dará por cerrado el caso de los activos fiscales diferidos (DTA) de la banca española. Se cierra así una investigación iniciada por Bruselas y que ponía en cuestión más de 34.000 millones de euros en capital de los bancos españoles.
Tras meses de incertidumbre, el Gobierno y la banca española por fin van a poder dar carpetazo al caso de los DTA (activos fiscales diferidos), que investigaba Bruselas por si podía constituir algún tipo de ayuda de Estado ilegal. Finalmente el asunto se resolverá con el pago excepcional de un impuesto que en su conjunto supondrá el desembolso de unos 420 millones de euros, según han confirmado fuentes oficiales.
En 2013, el Ministerio de Hacienda decidió modificar la legislación para permitir que los activos fiscales diferidos en poder de la banca española (tras años de pérdidas acumuladas) estuvieran garantizados por el Estado. De esta forma, podían contabilizarse como capital regulatorio, lo que dio paso a que se considerase una suerte de rescate encubierto a la banca española. En realidad, los DTA son derechos reconocidos de una u otra forma en todo el ámbito europeo; lo que hizo entonces el Gobierno fue en cierta manera armonizar su sistema (que hasta entonces era más restrictivo para deducir pérdidas) con el de países como Alemania, Francia o Reino Unido. Pero había que convencer a los socios europeos que sospechaban de un posible trato fiscal de favor a los bancos españoles.
Finalmente, y tal y como hacían saber los bancos de inversión y ya había adelantado SABEMOS, Bruselas no considerará ilegales estos DTA, si bien ha forzado a que España reforme su Impuesto de Sociedades, algo que se hará mediante una enmienda en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Se aprobará por tanto una modificación del tratamiento fiscal de los DTA que elimine «cualquier incertidumbre sobre la compatibilidad del tratamiento tributario de los activos fiscales diferidos en España con la legislación comunitaria», según explica el Gobierno.
La decisión llega después de que el Ejecutivo haya llegado a un acuerdo con la Comisión Europea, los ministerios de Hacienda y Economía y el propio Banco de España. La fórmula ideada por las autoridades supondrá que los DTA generados antes del 1 de enero de 2016 y que ya estuvieran cubiertos por la garantía implícita mediante la reforma de 2013 mantendrán su condición. «No obstante, si los beneficiarios de la garantía hubieran pagado menos impuestos entre los años 2008 y 2015 que el valor de esos DTA garantizados, deberán abonar una prestación patrimonial anual aen favor del Estado del 1,5% de la diferencia entre ambos importes», añaden fuentes oficiales, que estiman que esta cantidad rondará los 420 millones.
Por otra parte, a partir de 2016 el régimen de los DTA de la banca cambiarán su tratamiento. «Solo se garantizarán aquellos DTA que cumplan los mismos requisitos que en la norma de 2013 pero con un límite que depende del Impuesto de Sociedades pagado», concluyen. Es decir, que si no se paga el IS no se podrán generar DTA garantizables por el Estado (y por tanto computables como capital regulatorio).
Una investigación que lastro a la banca
Los meses que permaneció abierta la investigación de Bruselas respecto a los DTA, por muy inverosímil que resultara la posibilidad de que se les diera marcha atrás, supuso todo un lastre para las entidades. De hecho, la desinversión del Estado en Bankia, por ejemplo, se vio comprometida en parte precisamente porque el nubarrón de los DTA suponía una incertidumbre que penalizaba en Bolsa al banco nacionalizado; tanto que algunos cálculos estiman que el banco presidido por Goirigolzarri podría valer hasta un 40%.
Y es que los cerca de 34.600 millones de euros en DTA que ostentan las entidades financieras españolas suponían todo un problema en caso de que Bruselas o el Banco Central Europeo decidieran penalizarlos o revertirlos. En el caso de entidades como Bankia o Sabadell, el porcentaje de estos DTA sobre el total del capital superaba la mitad del mismo, lo que muy presumiblemente hubiera obligado a fuertes ampliaciones de capital en ese caso.
Por suerte para la banca, el asunto de los DTA se ha resuelto en su favor y con el pago de unos impuestos asumibles. Fuentes del sector presentes en las negociaciones han explicado a SABEMOS que debido a que las negociaciones se mantenían desde hace meses, los bancos ya tenían provisionada la mayoría del dinero necesario para quedar al corriente con Hacienda el próximo año.
