Los representantes sindicales de IBM S.A. ya están movilizándose para plantar cara a la dirección de la empresa y evitar en lo posible la intención de la compañía de recortar 137 puestos de trabajo y reducir un 12% los salarios del resto de empleados.
Los comités de empresa de IBM S.A. han remitido un comunicado conjunto a través de su plataforma electrónica en el que piden a todos los trabajadores de la compañía «apoyo económico» para contratar asesoría legal con la que enfrentarse la empresa, que pretende llevar a cabo un despido colectivo de 137 personas, tal y como adelantó SABEMOS. El pasado 22 de septiembre la dirección del gigante informático presentó a los representantes sindicales sus planes, que además de los despidos supondrán la reducción de un 12% en el salario del resto de trabajadores y la anulación del Plan de Pensiones.
«Sin financiación no será posible luchar contra esta triple amenaza. La empresa tiene medios, dinero y buenos asesores», señalan en su comunicado los miembros de los comités de empresa, que han habilitado además una cuenta bancaria para efectuar las aportaciones. El dinero se destinaría en esencia a contratar asesores legales con los que «rebatir con los mejores argumentos las elaboradas falacias que la empresa está utilizando en la defensa de sus intereses (…) Este asesoramiento tiene un coste y cuanto más invirtamos en ello, más posibilidades tendremos de ganar», añaden.
«Este asesoramiento tiene un coste y cuanto más invirtamos en ello más posibilidades tendremos de ganar». En su carta a la plantilla, el comité intercentros propone a cada uno de los trabajadores una aportación «orientativa» de 100 euros, aunque dejan libertad para donar la cantidad que se estime oportuna. «Es solo una sugerencia y no hay límites ni inferiores ni superiores a la cantidad a aportar. Todas las aportaciones serán tratadas de forma anónima», concluyen.
Este pasado miércoles se celebró en Madrid la segunda reunión entre empresa y sindicatos para negociar las condiciones del ERE. Aunque los propios representantes de los trabajadores reconocen que desde la aprobación de la reforma laboral en 2012 las empresas gozan de una amplia facilidad para acogerse a supuestos que le permitan llevar a cabo unos despidos colectivos. En este caso, IBM España alegó «causas de índole productiva, técnica y económica» para iniciar los trámites de su plan, si bien desde la parte sindical acusan a la empresa de utilizar un subterfugio para en realidad no acatar una reciente sentencia del Supremo que obligaba a la compañía a crear y capitalizar un plan de pensiones para todos los empleados.
También piden apoyo en las movilizaciones
Más allá de la batalla legal, desde el comité intercentros reclaman a los trabajadores de IBM S.A. (y a los de IBM Global Services) su colaboración para las próximas movilizaciones que tienen pensado llevar a cabo como medida de presión contra las intenciones de la empresa. «Solicitamos que todos llevemos en la solapa un lazo azul, que debería servir para mostrar de manera discreta pero fehaciente el rechazo de toda la población de IBM a las medidas presentadas por la dirección», explican.
El lema conjunto de los trabajadores de IBM en España será «No al desmantelamiento», toda vez que desde hace meses vienen denunciando movimientos de la compañía encaminados a reducir la presencia de esta entidad en el país.
30 días de consultas
Desde el pasado 22 de septiembre, cuando la empresa comunicó de forma oficial el inicio de los trámites para llevar a cabo el expediente de regulación de empleo, se inició un periodo de consultas que durará 30 días, en los que empresa y trabajadores tratarán en teoría de llegar a un acuerdo. En este tiempo, la empresa tiene la obligación de aportar información veraz a los representantes sindicales y conocer las causas que han llevado a la toma de medidas tan radicales.
Fuentes sindicales han explicado a SABEMOS que la compañía se ha basado en una mera caída de los beneficios (no unas pérdidas) para fundamentar su decisión de despedir a 137 personas. Para ello ha contado con la colaboración de consultoras de prestigio como People Matters, ITASO y Towers Watson, que han ayudado a fundamentar las causas económicas y organizativas que obligaban a optar por los despidos.
«Si transcurridos los 30 días del periodo de consulta, la empresa no modifica su posición o no se llega a un acuerdo, la Dirección puede poner en marcha las medidas anunciadas», explican los miembros de los comités de empresa. Es decir, que sin acuerdo la unilateralidad está en manos de la empresa. «En cuanto al Plan de Pensiones se abriría un proceso especial que incluye la intervención de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos». ¿Qué opción le queda a la representación sindical? Pleitear y esperar a que un juzgado les dé la razón, como ocurrió entre otros en el ERE de Coca-Cola.
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