Finalmente, el Gobierno pudo sacar adelante este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados su reforma del Código Penal con el apoyo exclusivo de su partido, el PP, y con el rechazo frontal de todos los grupos parlamentarios, que aseguraron que esta «cadena perpetua» resulta «desproporcionada» y atenta contra los principios reflejados en la Constitución.
Finalmente, el Gobierno pudo sacar adelante este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados su reforma del Código Penal con el apoyo exclusivo de su partido, el PP, y con el rechazo frontal de todos los grupos parlamentarios, que aseguraron que esta «cadena perpetua» resulta «desproporcionada» y atenta contra los principios reflejados en la Constitución.
Durante el debate previo a la votación del nuevo texto, que saldrá adelante con la mayoría del PP y que entrará en vigor, tras su publicación en el BOE, el próximo 9 de julio, la portavoz de Justicia del PSOE Rosa Aguilar, acusó al Gobierno de impulsar una medida «incompatible con la reinserción y la reeducación». «Lo saben y les da igual, lo que están haciendo es ideología pura cruda y dura», ha dicho.
Aguilar, que advirtió de que su partido derogará la norma «más pronto que tarde» porque el Gobierno «está acabado», ha puesto de manifiesto que la ley «recorta derechos y libertades, endurece las penas, recorta los derechos y se aproxima a un régimen autoritario». Esta postura fue compartida por el resto de grupos de la oposición. CiU, UyD y PNV han coincidido en su rechazo a la medida que el diputado de IU Gaspar Llamazares ha llegado a calificar como «ignominia».
Las críticas generalizadas fueron rechazadas por el diputado ‘popular’ Leopoldo Barreda, que ha acusado a los demás partidos de alejarse de la sociedad y de la verdad con su oposición a la prisión permanente. Barreda defendió que esta condena, pensada para los delitos «más graves y repugnantes», cuenta con el apoyo de dos tercios de los españoles. Asimismo, afirmó que no renuncia a la reinserción del penado y que pone el acento en los ciudadanos y su seguridad.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, manifestó durante el debate que, a partir de este jueves, España contará con «un mejor instrumento para la defensa de los más débiles». «Es un buen día para nuestro Estado de Derecho».
La sesión parlamentaria contó con la presencia en la tribuna de invitados de los padres de las menores asesinadas Marta del Castillo, Mari Luz y Sandra Palo y la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco.
La reforma del Código Penal, impulsada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, finalizó este jueves su recorrido parlamentario y, tras su aprobación en la cámara baja, se enviará al Boletín Oficial del Estado (BOE) para que comience a aplicarse a partir del próximo mes de julio.
