España se sitúa en la sexta posición en el ranking de los países con los índices de morosidad de crédito más altos, por detrás de Chipre, Grecia, Irlanda, Italia y Eslovenia, que están en los primeros puestos, según el estudio presentado por la consultora estratégica Olvier Wyman y el grupo especializado en servicios de gestión de crédito Intrum Justitia.
El estudio, que se realizó por última vez en 2008, pretende analizar la situación de los créditos al consumo y las pymes en 28 mercados europeos para prever su evolución para los próximos tres años. Se llevó a cabo en el último trimestre de 2014 con los datos de test de estrés publicados por la Autoridad Bancaria Europea en octubre.
Algunas de las conclusiones del estudio muestran cómo las entidades bancarias de los países con mayor riesgo de deterioro de sus mercados de crédito, donde se encuentra España, deberán asumir parte de deuda sin cobrar a corto plazo. Asimismo, en los mercados estables se espera un crecimiento lento.
Según el estudio, el crédito al consumo sigue siendo uno de los segmentos de los activos más atractivos. Sin embargo, la mayoría de estos mercados son maduros e implican que haya una alta competencia. Para conseguir crecer, las entidades deberán buscar segmentos desatendidos, como pueden ser los nuevos canales digitales.
En general, según Oliver Wyman e Intrum Justitia, los mercados tendrán que adaptarse rápidamente a las nuevas regulaciones, el cambio de la estructura de los productos, la gestión de datos de riesgo y la comunicación con el cliente para preservar la rentabilidad.
Asimismo, en el informe se desprenden cuatro retos claves para las entidades crediticias que se centran en las nuevas regulaciones, la innovación digital, el uso de servicios de terceros y los nuevos competidores.
El director general de Intrum Justitita, Juan Carlos González, ha señalado que se observa una tendencia creciente del volumen de la morosidad tanto a través de la venta directa como outsourcing, observándose grandes variaciones entre los mercados por el aumento de riesgo en la reputación y el cambio de regulación.
