El Ministerio de Industria descarta aplicar las propuestas del Ayuntamiento de Madrid y dice que ni se plantea reformar ahora el bono social, a pesar de que actualmente incluye criterios que permiten conceder el descuento a hogares sin problemas de recursos.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se reunieron por primera vez el pasado jueves. El encuentro fue afable y el ministro se mostró abierto a estudiar las propuestas de la alcaldesa para combatir la pobreza energética en el país, según fuentes conocedoras del contenido de la reunión. Pero el Ministerio, en cambio, no pretende reformar el bono social para introducir mejoras como solicitó Carmena.
El Ayuntamiento, como parte de su programa contra la pobreza energética, reclamó al Ministerio de Industria que reforme el actual bono social para sustituirlo por una tarifa realmente social y que así llegue a la población que realmente lo necesita. “El Ministerio no se está planteando cambiar ahora los criterios del bono social”, confirman a SABEMOS fuentes oficiales del departamento comandado por José Manuel Soria.
El ministro pudo mostrarse abierto en la reunión, pero la Secretaría de Estado de Energía no va a cambiar el sistema actual. El bono social se quedará como está, a pesar de que contempla algunos requisitos que hacen posible que accedan a él hogares sin problemas de recursos.
La propuesta del Ayuntamiento al Gobierno pasa por que los hogares vulnerables (los que dedican más del 10% de los ingresos familiares a gastos energéticos, los que perciben la renta mínima de inserción y los que tienen otras circunstancias que tendrían que evaluar los servicios sociales) puedan acogerse a una nueva tarifa social. Una nueva tarifa que contemplaría descuentos variables en función de las circunstancias y que, en caso de pobreza extrema, el descuento sería del 100% del importe de la factura. Pero no va a poder ser.
¿Cómo es ahora el bono social?
España no ha desarrollado una política específica de lucha contra la pobreza energética como tal y la única medida en este ámbito es la existencia del denominado bono social, una tarifa con descuento para determinados colectivos aplicable sólo al recibo de la luz, no al de gas natural.
El bono social contempla actualmente un rebaja del 25% en relación a la tarifa que utilizan la mayoría de clientes españoles, por lo que los que pueden acogerse también se ven afectados por la subida de la luz (hasta el año pasado, la tarifa social que contemplaba la congelación del precio eléctrico al nivel de 2009, manteniéndose ajena a los vaivenes del mercado).
Algunos de los criterios que permiten a determinados clientes acogerse a este bono social poco tienen que ver con situaciones de pobreza energética. Y es que al bono social pueden acogerse todos los usuarios que tengan contratada una potencia inferior a los 3 kilowatios y todas las familias numerosas. Los dos aspectos sí vinculados con problemas de ingresos que dan acceso al bono social son percibir pensiones mínimas y acreditar que en la unidad familiar todos sus miembros están en paro.
Según diferentes definiciones, se entiende generalmente que existe pobreza energética cuando se destina más de un 10% de los ingresos totales de un hogar a abonar las facturas energéticas o si la familia no puede destinar los fondos suficientes a tener su hogar entre los 18 y los 21 grados. Pero el bono social no contempla ninguna de estas circunstancias como requisito para acogerse a él.
Los criterios de renta que no se aplican
La legislación que regula el bono social, de 2009, establece que se debe establecer un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar, pero este aspecto no lo ha llegado a desarrollar ningún Gobierno. De hecho, el Partido Popular rechazó con su mayoría absoluta en los últimos años dos intentos de la oposición en este sentido.
E incluso un borrador de la propia Secretaría de Estado de Energía contemplaba fijar un umbral máximo de ingresos y vincular el bono social a la renta familiar. Pero el Gobierno acabó por aparcarlo y quedó así pendiente la única medida directa contra la pobreza energética que (por fin) se iba a contemplar en la legislación estatal. Fuentes del Ministerio de Industria confirman a SABEMOS que tampoco está previsto incorporar al bono social estos criterios máximos de renta.
