El president Artur Mas ha asegurado este viernes que la contratación de la Generalitat es «impecable» y no hay posibilidad de «influir de una manera partidista o personal» en la adjudicación, al tiempo que ha remarcado que está «comprometido» con que el sistema sea transparente y con «plenas garantías para todos».
Mas ha defendido así la contratación pública de su Govern en su comparecencia, a petición propia, en la Diputación Permanente del Parlament, en la que da explicaciones tras la operación judicial y policial por supuestas mordidas del 3%, por la que se ha detenido esta mañana al extesorero de CDC Daniel Osàcar y se ha enviado a prisión a su sucesor, Andreu Viloca.
Durante su comparecencia inicial de cerca de una hora en la Cámara catalana, recogida por la agencia Efe, el presidente catalán en funciones ha sacado pecho de la transparencia de la Generalitat en la contratación de obra pública, con una retahíla de ejemplos concretos recogidos en un documento de buenas prácticas que ha trasladado previamente a los grupos parlamentarios.
Mas ha asegurado que, con los «esfuerzos» realizados en los últimos cinco años, la Generalitat se ha convertido en la administración autonómica «más transparente» del Estado: «En el 2012 estábamos en el puesto número diez, y ahora en el uno», ha asegurado el president.
Transparencia
Así, Mas ha citado numerosos ejemplos en aras de la transparencia en la contratación de la obra pública, como su publicación en el portal de transparencia, la publicidad de los criterios y normas de los concursos con «más antelación» de la que establece la ley.
También la apertura a «todo el mundo» de los concursos, la «limitación creciente» de las prórrogas contractuales, la «excepcionalidad» de las modificaciones de los contratos que hasta hace poco era una «práctica habitual» o la reducción del número de recursos ante el Tribunal contractual.
«Se ha dado un paso importante en la máxima transparencia», ha concluido Mas tras enumerar todos estos ejemplos.
En este sentido, el presidente de la Generalitat en funciones ha recordado que el pasado mes de julio se aprobó el Código de principios y conducta para la contratación de obra pública, dirigida a los altos cargos de la administración, directivos, cargos administrativos y empleados públicos en general que participan en el proceso de contratación.
Asimismo, Mas ha recordado que en 2011 la Generalitat fue líder a nivel europeo en la creación de oficinas de supervisión y evaluación de contratación pública, y que en 2014 la Comisión Europea emitió un informe sobre la lucha contra la corrupción en el que estimó que la oficina catalana era un «ejemplo de buena práctica».
«Hacer daño a un partido»
El presidente catalán ha aprovechado su comparecencia para hacer una lectura política de los últimos acontecimietos y ha denunciado que la investigación que instruye el juzgado de El Vendrell (Tarragona) sobre comisiones del 3 % por adjudicaciones de obra pública «busca hacer daño» y de forma «particular» hacerlo «a un partido», el que él lidera, CDC.
Mas también ha criticado que todas las fundaciones de partidos reciben donaciones pero sólo está bajo la lupa la fundación CatDem, de CDC: «Se está criminalizando las aportaciones a un partido y no las de los otros». «Se han hecho aportaciones a otras fundaciones de partidos y no salen nunca (…). Si se da dinero a esta fundación, es sospechoso de ser ilegal, y si se da otra, ya no», ha lamentado, citado por Europa Press.
Mas ha cargado contra la «parafernalia» que monta la Guardia Civil en los registros a la sede de CDC y en CatDem, y ha asegurado que no son necesarios estos dispositivos policiales porque encontrarían la misma información en el Tribunal de Cuentas. Asimismo, ha retado a cambiar la ley a quien no le guste la normativa que permite donaciones a las fundaciones, pero ha pedido que, mientras siga vigente, no se persiga a los partidos que reciben aportaciones: «Si tenemos un marco legal que permite estas aportaciones, no las criminalicemos».
Según el presidente, el partido facturó a su propia fundación por unos determinados servicios que prestaba, pero no ve que esto sea un problema que deba investigar la justicia: «Esto es cierto, pero esto también está comunicado a todo el mundo». Mas ha dicho que el Tribunal de Cuentas no afina lo suficiente los criterios contables por los que se deben regir los partidos, y ha contemplado que su formación haya podido incurrir en algún «error administrativo», pero no en ningún error que deba elevarse a categoría de delito penal.
CDC, según el presidente, lleva «10 años seguidos bajo una lupa de grandes aumentos» y no ha habido por ahora una sola sentencia que haya puesto en duda ni la actuación del partido ni la de la Generalitat sobre contratación pública. «Si no hay trato de favor por parte de la Generalitat, el resto de acusaciones caen por su propio peso», según Mas, que vaticina que, cuando quede claro que la Generalitat ha actuado bien, el resto del caso sobre las finanzas del partido quedará en nada.
ERC pide a Mas que «haga limpieza»
Durante la sesión, la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en la Diputación Permanente del Parlament, Marta Rovira, ha pedido a Mas que depure responsabilidades políticas y «haga limpieza» dentro de su partido, CDC, para evitar que recaigan sobre él acusaciones de corrupción.
Asimismo, Rovira ha pedido al presidente que aclare si él estaba al corriente de las donaciones de empresas que eran adjudicatarias de obras públicas de la Generalitat. También ha exigido que se informe de quién es el máximo responsable de las finanzas de CDC y que no haya dilaciones innecesarias en la tramitación judicial del caso.
Rovira (cuyo partido fue el principal socio de CDC en la candidatura Junts pel Sí de las pasadas elecciones catalanas) ha preguntado a Mas si va a asumir responsabilidades políticas y depurar del partido a los responsables de la presunta trama corrupta.
Marta Rovira ha propuesto varias medidas urgentes para evitar que se repitan o aparezcan casos de corrupción, entre ellas establecer «pactos de integridad» de CDC con las empresas adjudicatarias, prohibir donaciones a partidos de empresas que obtienen concesiones, instaurar una plataforma de contratación única y centralizada que evite el tráfico de influencias, e implantar un sistema de prevención y una oficina de denuncias anónimas.
