Mas trata de salvar su carrera política lanzando el choque definitivo con el Estado

Mas se aferra al órdago independentista para tratar de conservar el poder.

Un 53% de diputados catalanes a los que votó el 36% del censo inicia el proceso de ruptura de esa región con el resto de España, el mayor desafío al orden constitucional en 37 años de democracia. Rajoy recurrirá mañana ante un TC al que el independentismo niega legitimidad y cuyas resoluciones no acatará. Mas afronta hoy su primera votación de investidura y advierte a la CUP de que si no le apoya «el proceso queda encallado».

«El Gobierno que presido no va a permitir que esto continúe». El choque de trenes al que aboca el desafío secesionista de una exigua mayoría parlamentaria catalana (72 diputados de 135, votados por 2 millones de personas sobre un censo de 5,5) es ya inevitable. La Cámara autonómica consumó ayer su órdago al Estado, a la democracia y a la legalidad vigente aprobando la resolución que pretende ser el inicio de un proceso de «desconexión» con el resto de España. Dicho proceso se desarrollaría a lo largo de 18 meses y acabaría con la convocatoria de unas elecciones constituyentes para alumbrar la Carta Magna que vertebraría la nueva república.

Es la hoja de ruta con la que el independentismo se presentó a los comicios del 27-S y cuyos artífices pretenden sacar adelante a pesar de que no obtuvieron el aval de la mayoría del censo, ni tan siquiera de la mayoría de votantes, y a pesar de que no cabe en la ley y de que la rechaza, además de la mayoría de la sociedad catalana, la inmensa mayoría del conjunto de los españoles y la comunidad internacional. «Ha llegado la hora de ir a por todas», proclamó Raül Romeva, encargado de defender la resolución que votó su grupo, Junts pel Sí, y el del anticapitalismo independentista de la CUP. Enfrente estuvieron Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya Sí que es Pot.

El TC podría suspender cautelarmente la resolución soberanista mañana; sus impulsores no lo asumirán

La reacción del presidente del Gobierno llegó a los pocos minutos. Mariano Rajoy pidió un dictamen al Consejo de Estado para que en menos de 24 horas se pronuncie sobre el recurso ante el Tribunal Constitucional que la Abogacía del Estado presentará mañana, tras aprobarlo un Consejo de Ministros extraordinario. La resolución independentista que será objeto de esa impugnación recoge expresamente la voluntad de no acatar los designios de las instituciones españolas, especialmente las del TC. La suspensión cautelar de la misma -que podría decretarse este mismo miércoles- sería, pues, vulnerada. El Ejecutivo pedirá que la medida le sea notificada personalmente a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, en quien recaería la responsabilidad del incumplimiento.

Seducir a la CUP 

“¿Quién quiere vivir en un estado que persigue criminalmente a aquellos que promueven las urnas, (…) que trata a los demócratas como si fueran delincuentes, que utiliza las leyes y los tribunales para acallar la democracia y no para canalizarla?”, se preguntó ya por la tarde el promotor de este desafío, Artur Mas. El líder de Convergència tiene un proceso abierto por la consulta ilegal que convocó el año pasado y a ello se refirió en su discurso vespertino de investidura, donde desgranó el proceso de secesión que pretende liderar, pese a que la CUP se mantiene firme en su voluntad de no elegirle como presidente.

Mas perderá hoy su primera votación, el jueves la segunda y desde entonces dispondrá de dos meses para lograr el necesario aval de los anticapitalistas o bien dar paso a otro candidato. De no ceder en su determinación de ser el presidente, el bloqueo abocaría a nuevas elecciones en febrero o marzo.

Mas lanza guiños sociales y promete una legislatura de 18 meses para que la CUP le apoye pero esta se mantiene firme en el «no» a su investidura

«El reto es enorme, no sobra nadie, necesitamos a todos», exclamó el líder nacionalista ante el Parlament, donde trató de seducir a la CUP con esa llamada a la unidad para hacer frente al Estado. Aseguró que «no habrá querella, amenaza o miedo» que pueda frenarle y pidió al Gobierno español que aproveche el «margen para el diálogo y la negociación» que la resolución independentista recoge para dar una salida consensuada a la secesión. También avanzó que la creación de las estructuras de Estado -sistema de Seguridad Social, Hacienda pública y establecimiento de un marco jurídico que progresivamente sustituya al español- será desde ahora su prioridad, pese a lo casi imposible que tiene la investidura.

«Si no hay sintonía entre el timón y las velas» del barco de la independencia, dijo en clara referencia a la CUP, «el proceso queda encallado, al menos temporalmente». ¿Comparte este análisis la formación asamblearia? «Evidentemente que no», respondió Albert Botrán, diputado que ejerció ayer de portavoz del partido. Botrán se negó a hablar de la votación de hoy, aunque avanzó que su postura no se verá afectada por el discurso de Mas. También lamentó la falta de autocrítica del presidente en funciones y la ausencia de menciones a la corrupción en la casi hora y media que pasó en la tribuna de oradores.

«Toda la ley»

La resolución secesionista aprobada por la mañana no tiene efectos jurídicos inmediatos, al ser una declaración de intenciones de lo que vendrá en adelante, por lo que no se esperan respuestas drásticas del Ejecutivo. Otra cosa será cuando se consume la insumisión al Tribunal Constitucional o se avance en la adopción de medidas que abundan en la vulneración del marco jurídico.

Rajoy lo dejó claro desde Béjar (Salamanca): «Estamos decididos a utilizar todos los medios que el Estado de Derecho ha puesto a disposición de la democracia para defender la propia democracia. Utilizaremos sólo el Estado de Derecho, pero todo el Estado de Derecho; sólo la Ley, pero toda la Ley; sólo la democracia, pero toda la fuerza de la democracia». La respuesta será proporcional a las acciones que el Parlament vaya implementando, pues Moncloa tiene la fundada sospecha de que Mas busca una respuesta contundente del Gobierno, en forma de intervención de la autonomía, que provoque un conflicto abierto y lo internacionalice.

La Comisión Europea recuerda que la independencia implica la salida de la Unión; Sánchez cree que el Parlament sustituye la democracia por «la tiranía»

El propio presidente catalán en funciones se fijó esa internacionalización como uno de los puntos básicos a lograr. Lo hizo horas después de que una vez más la Comisión Europea recordara que su posición al respecto «es bien conocida desde hace años», concretamente desde que Prodi zanjara que si una parte de un estado miembro de la Unión se secesiona, los tratados dejan de aplicarse en dicho territorio. La Comisión no cambia de parecer «según los acontecimientos» y tampoco se implica en «asuntos que pertenecen al orden constitucional interno de nuestros Estados miembros», aseveró su portavoz, Margaritis Schinas.

También el jefe de la oposición, Pedro Sánchez, dio todo su apoyo al Gobierno en una declaración extensa, contundente y tras la que no admitió preguntas. Hoy se reunirá con Rajoy en La Moncloa (17h) para profundizar en esa alianza contra el desafío secesionista, que según el líder del PSOE «ha situado fuera de la legalidad al Parlament de Cataluña, y lo deja sin legitimidad». Para Sánchez, la Cámara regional ha renunciado «a la democracia para sustituirla por la tiranía de voluntades arbitrarias que escogen en cada ocasión la norma de actuación que conviene a sus exclusivos intereses». Mañana se citará con todos los barones socialistas y con el PSC para consensuar un mensaje común.

Guindos admite que el Gobierno podría cerrar el grifo del FLA a la Generalitat; Sáenz de Santamaría informa a Rivera del recurso ante el TC

El Ejecutivo mantiene también diálogo con el resto de fuerzas políticas, cumpliendo el compromiso que Rajoy adquirió tras su ronda de contactos con los líderes hace unos días. Irá informando de las respuestas que vaya preparando, una de las cuales podría ser cerrarle a la Generalitat el grifo del Fondo de Liquidez Autonómica. Al ser preguntado por ello, el ministro de Economía, Luis de Guindos, admitió que «todos [los instrumentos de respuesta] están siendo analizados» y lanzó el mismo mensaje de firmeza que Rajoy al garantizar que el proceso independentista es «un viaje a ningún sitio» y una «ensoñación sin ningún sentido».

La debilidad del liderazgo de Mas, a quien el «no» de la CUP podría enterrar políticamente, es una aliada potencial del Gobierno. Tal y como el dirigente nacionalista sostuvo ayer, un Ejecutivo regional en funciones no puede sacar adelante un plan como el de la independencia. «Hay una mayoría en el Parlament, no para gestionar una autonomía, sino para construir un Estado» y, según él, esa empresa solo saldrá adelante con su figura al frente. Sus compañeros de viaje tienen otra opinión y el tiempo corre en su contra.

división en podemos

La votación de la resolución secesionista provocó ayer un cisma en el grupo Catalunya Sí que es Pot, donde se integran los diputados de Podemos, ICV, EUiA e independientes que concurrieron juntos a las elecciones. La postura oficial era la del «no» al plan de Junts pel Sí y la CUP pero uno de los parlamentarios, Joan Giner, era partidario de la abstención para no alinearse con el «búnker» de los constitucionalistas -Ciudadanos, PSC y PP- ni ser «la muleta legitimadora del inmovilismo».

Así lo explicó el propio Giner, miembro de Podemos, en un artículo publicado a primera hora del lunes, donde denunciaba las amenazas que había sufrido por la dirección de Sí que es Pot para que se atuviera a la disciplina interna, so pena de ser expulsado. El teniente de alcalde de Ada Colau en Barcelona, Jaume Asens, también lamentó la postura de la coalición junto a la que se presentará su plataforma, Barcelona en Comú, en los comicios generales. Joan Coscubiela, portavoz de Sí que es Pot, aseguró que en su grupo están «tan en contra del búnker como de aquellos que han presentado una propuesta de independencia y una declaración de insurgencia».

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