El expresidente del Gobierno de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha acabado enredado en un asunto judicial a cuenta de la desaladora de Escombreras, por la que ACS, empresa presidida por el magnate español Florentino Pérez, exige una indemnización de 600 millones de euros.
Es nombrar a la desaladora de Escombreras, en Murcia, y los espíritus acuden silbando. No es para menos, dado que la cuestionada infraestructura funciona al 20%, arroja pérdidas anuales de 13 millones de euros y tiene pendiente el pago de una compensación de 600 millones a ACS, cuestiones que está investigando una comisión del parlamento regional. Toda una joya de la corona de la España del despilfarro.
Las instalaciones no están mal hechas, de acuerdo con la opinión mayoritaria de los partidos en Murcia, pero quizá sí están mal planteadas. En un principio, el agua de la planta iba a abastecer a desarrollos urbanísticos que finalmente no se construyeron por una mezcla de recalificaciones investigadas en los tribunales y del pinchazo de la burbuja del ladrillo, como sucedió en la promoción “Novo Carthago”.
Un promotor inmobiliario se ha querellado contra 12 altos funcionarios, uno de ellos Valcárcel
En el corazón de estas circunstancias aparece un promotor inmobiliario, Manuel Núñez, que se ha querellado contra 12 personas, altos funcionarios de las diferentes administraciones, entre las que aparece el expresidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel. Núñez les acusa de varios delitos de estafa, prevaricación, malversación de caudales públicos, delitos societarios y contra la ordenación del territorio, tal y como publica la revista Interviú.
La versión de este empresario apuntaría a la existencia de una “trama piramidal” en cuya cabeza se encontraría Valcárcel, según las informaciones. El motivo por el que ha acudido a la vía judicial es que ha visto perjudicada su actividad promotora después de la anulación por parte del Tribunal Supremo de los planes urbanísticos de algunos municipios cercanos a Escombreras, debido a irregularidades en la aprobación del abastecimiento de agua.
En la querella también se menciona la trama societaria que estaría detrás de todo este maremágnum de adjudicaciones, servicios públicos, contratos y compensaciones multimillonarias.
La vía judicial
Por este laberinto tratan de avanzar tanto la comisión parlamentaria como el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía, encargados de arrojar luz en el despropósito económico de Escombreras.
Pero no es la primera vez que Valcárcel aparece ligado a la vía judicial por una promoción inmobiliaria. Precisamente, el juez del caso “Novo Carthago” está investigando si el expresidente es culpable de delitos de prevaricación y cohecho en el marco de la recalificación de terrenos para construir esta urbanización.
También han surgido en la prensa local otras informaciones que apuntan a financiación algo opaca, con donaciones multimillonarias por parte de empresarios murcianos allá por la década de 1990, para las campañas del PP.
El expresidente tiene muchos frentes abiertos. No obstante, todo apunta que los fotógrafos tardarán en conseguir la esperada foto de Valcárcel acudiendo a los juzgados, dado que su condición de eurodiputado y flamante vicepresidente del Parlamento Europeo le convierte en un aforado y ralentiza los procesos judiciales en los que participe. Ventajas de vivir en el cementerio de elefantes políticos que es Bruselas.
