El último golpe de Soria a las renovables antes del 20-D

El Gobierno despide la legislatura con un decreto que frena el desarrollo del autoconsumo eléctrico en España o -como denuncian sus detractores- directamente lo hace del todo inviable. El sector prepara ahora la enésima batalla legal contra la reforma eléctrica del PP y la oposición al completo se ha comprometido a derogar el ‘impuesto al sol’ después de las elecciones.

El desarrollo de la energía solar bate récords a escala global. El año pasado se instalaron en todo el mundo más de 40.100 megavatios (MW) de nueva potencia de energía fotovoltaica (la de las famosas placas). Pero en España, en otro tiempo potencia mundial en eso de exprimir el sol, el estancamiento es casi total. Y es que aquí sólo se implantaron 22 MW de nueva energía fotovoltaica durante 2014.

El decreto del Gobierno impone unos nuevos cargos a los productores (conocidos como ‘impuesto al sol’) y llena el proceso de vericuetos burocráticos. Los fotovoltaicos denuncia que con ello se hace inviable el autoconsumo en España

Un parón que es heredero de la reforma eléctrica impulsada por el Gobierno (contrarreforma eléctrica la llaman entre dientes muchos directivos de compañías de renovables). Tras la moratoria a la implantación de nuevas renovables con que se inauguró la legislatura, los sucesivos paquetes de medidas aprobados en los últimos tres años por el Ejecutivo, con nuevos impuestos y recortes a las ayudas como baluartes, han supuesto un freno al desarrollo de las energías limpias en el país.

La voladura impulsada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, del anterior sistema de primas y su sustitución por un nuevo modelo de retribución de aplicación retroactiva que garantiza una rentabilidad razonable para las inversiones realizadas (hoy de un 7,5% bruto, pero que se revisará en 2019 y ya se verá) han puesto en jaque la viabilidad del sector. Las plantas fotovoltaicas se han lanzado a una generalizada refinanciación de su deuda con los bancos y los fondos (buitres o no) sobrevuelan el sector en busca de oportunidades a precio de saldo.

El resultado, ya se ve: 22 MW de nueva fotovoltaica en España frente a los 40.000 MW en el resto del mundo. Y desde el sector de la energía solar se considera, entre el hartazgo y la desesperación, que ahora el Gobierno ha decidido despedir la legislatura dando el golpe de gracia a su negocio.

‘Impuesto al sol’ a dos meses de las elecciones

El pasado octubre, apenas dos meses antes de las elecciones generales del 20-D, y a pesar de enfrentarse al rechazo unánime de toda la oposición (también la de los nuevos partidos Podemos y Ciudadanos), el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regula el autoconsumo eléctrico y que, según denuncia toda una legión de detractores, directamente lo hace inviable.

La regulación impulsada por Soria trae nuevos cargos que deben pagar los que se atrevan a convertirse en autoconsumidores, tanto un coste fijo por la potencia instalada en casa como uno variable por la electricidad consumida. Unos nuevos cargos a los que los críticos le han asignado la denominación de impuesto al sol, ya popularizada.

De estos recargos sólo quedan exentos aquellos hogares que decidan desengancharse por completo de la red eléctrica general: lo que resulta un impedimento crucial, porque la mayor parte del consumo de las viviendas y pymes se realiza en horarios en que no se puede producir electricidad con el sol, así que hay que utilizar la red como sistema de apoyo. Y también quedan exentos aquellos que, aun estando conectados a la red, tengan instalaciones con una potencia inferior a 10 kw (que dejarán de pagar sólo la parte variable, de la fija no se libran) y/o sean residentes en Canarias y Baleares. El resto pasan por caja.

Foto: Flickr | Alberto Martínez.

Desde el Gobierno se insiste en que si los autoconsumidores no pagaran estos peajes para cubrir los costes del sistema (el gasto en redes de transporte y distribución, la amortización de la deuda del sistema o los sobrecostes de la generación en las islas), deberían ser asumidos por el resto de clientes. Unos usuarios estarían financiando a otros, lo que sería –y ésta es la clave para Industria- profundamente insolidario.

Sin embargo, lo que los fotovoltaicos denuncian es que, lejos de ser insolidario, el autoconsumo será solidario por partida doble con la nueva regulación. Los hogares y las empresas que estén enganchados a la red eléctrica pagarán el término de potencia completo y el término de energía en función de lo que uses la red y cuánto consumas, como cualquier usuario normal. Pero el autoconsumidor, además, debe afrontar adicionalmente el impuesto al sol, abonando de nuevo recargos extra por la potencia instalada y por la energía autoconsumida.

Trabas para evitar el autoconsumo

El decreto también contempla un sobrecargo específico para los que cuenten con baterías para almacenar parte de la electricidad producida por sus paneles solares (fundamental para los que quisieran ser más eficientes y reducir aún más el consumo de la red); incluye trabas burocráticas como la inscripción en un registro de autoconsumidores y la solicitud de un informe de conexión a las compañías eléctricas; recoge barreras técnicas como la obligación de colocar los equipos de medida en un lugar accesible y cerca del punto de conexión a la red de distribución, lo que encarece la instalación dado que el punto de generación eléctrica puede distar mucho del punto de conexión; y queda prohibido compartir las instalaciones de producción entre varias personas, y eso en un país en el que un 65% de la población vive en bloques de comunidades de vecinos.

«Es la normativa más restrictiva del mundo en autoabastecimiento energético. Es un decreto contra el autoconsumo», dice Morales de Labra (Fundación Renovables)

“El real decreto de autoconsumo constituye una barrera normativa para evitar que ciudadanos y pymes puedan producir energía”, denuncian desde la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier). “Se penaliza esta opción a través de cargas y vericuetos burocráticos que disuaden de este tipo de iniciativas en un país como España, que tiene en el sol un activo que habría de ser irrenunciable”.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, llegó a decir en la rueda de prensa del Consejo de Ministros en que se aprobó el decreto –el 9 de octubre- que el nuevo marco buscaba “impulsar la generación eléctrica distribuida” y, además, que serviría para “darle un impulso a la utilización de las energías renovables” en España. Unos comentarios que enervaron al sector fotovoltaico y de las energías limpias, que anticipan que la nueva regulación provocará el efecto estrictamente contrario: un apagón total del autoconsumo en el país.

“El Gobierno ha aprobado la normativa más restrictiva del mundo en autoabastecimiento energético”, sostiene Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. “Es un decreto contra el autoconsumo. Y digo bien: es contra él”, sentencia.

Y es que los profesionales del sector dan por hecho una paralización total del autoconsumo en España a partir de ahora. “Tras el decreto del Gobierno, con muchísima suerte, pero mucha, España alcanzará los 20MW de nueva fotovoltaica en 2016”, explica José Donoso, director general de Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la persona a quien se le atribuye haber ideado la etiqueta de impuesto al sol para afear los cargos. Los cálculos de la asociación auguran que, sin no se hubiera aprobado el impuesto al sol, la fotovoltaica podría lograr instalar unos 200 MW nuevos en 2016 gracias al impulso del autoconsumo, 300 MW en 2017 y a partir de entonces se acomodaría de manera sostenida en una velocidad de crucero de 400 MW. “Con el decreto lo que ha buscado el Gobierno es que no haya autoconsumo. Y lo va a conseguir”.

Como tener una central nuclear en casa

La nueva norma impulsada por el ministro Soria no recoge la principal reclamación del sector, que era regular el balance neto de las instalaciones: que los clientes pudieran verter a la red la electricidad sobrante producida y que se le descontara de la factura, pagando sólo por la diferencia entre lo consumido de la red y lo aportado por sus placas solares al sistema eléctrico. Una fórmula que es la más extendida internacionalmente, y que ya está vigente en Alemania, Estados Unidos, Canadá, México, Holanda, Dinamarca,Portugal, Grecia, Italia, Japón o Australia, entre otros países.

Industria se olvida de la gran reclamación del sector, el balance neto: que los clientes puedan verter a la red la electricidad sobrante y que se descuente de la factura. Una fórmula que se utiliza en media Europa y en EEUU

El decreto español establece en este ámbito dos categorías diferenciadas de autoconsumidores en función del tamaño de su instalación. Los pequeños productores, con instalaciones con una potencial inferior a los 100 kilovatios, pueden verter a la red el sobrante de su energía, pero no percibirán nada (ni un euro) por ello. Pueden aportar electricidad a la red, pero regalándola.

Y los grandes productores, con equipos de más de 100 kilovatios, sí que cobrarán por la electricidad vertida y lo harán al precio del mercado mayorista en el momento en que se realice el vertido. Pero el tratamiento de esta actividad es jurídica y fiscalmente igual a que recibe cualquier otro gran generador de energía del país, y se tendrá que asumir además el peaje a la generación (0,5 euros por cada MWh) y el impuesto del 7% sobre la producción. “Hay que actuar como si se tuviera una central nuclear en casa”, ironiza Morales de Labra.

Ante este escenario, la rentabilidad de instalar equipos de autoabastecimiento se convierte en una aventura cada vez a más largo plazo. Según los cálculos de UNEF, el real decreto hace que un particular, con una potencia media y un consumo tipo, tarde 16 años en amortizar la inversión necesaria para colocar los equipos; una empresa del sector servicios tardaría 9,2 años; y una pyme industrial lo amortizaría en 6,4 años. Sin embargo, si el Gobierno hubiera optado por regular e impulsar el balance neto en el autoconsumo, los periodos de amortización se reducirían a 13 años para el usuario doméstico, a 5,4 años para los servicios y a 4,4 años para la pequeña industria.

Con efectos retroactivos… otra vez

En paralelo, las empresas del sector se quejan de que la nueva norma vuelve aplicar, como otras medidas de la reforma eléctrica, dos criterios que complican el presente y el futuro de la industria fotovoltaica. Uno, la retroactividad (dado que se aplica también a las instalaciones ya operativas) y otro, la transitoriedad (porque no se regula la metodología de los cargos y de las exenciones de los pagos, sino que sólo se establecen con carácter temporal y transitorio a la espera de establecer una fórmula para los cálculos en el futuro).

Así que algunas instalaciones ya existentes entrarán de lleno en un escenario que alegalidad sobrevenida si no pudieran ajustarse a las nuevas exigencias en el plazo de seis meses que marca el decreto; y los particulares y/o pymes que se plantean pasarse al autoabastecimiento energético se dan de bruces con unas condiciones temporales que nadie sabe si cambiarán a corto o medio plazo, lo que dificulta que nadie se atreva con una inversión que no sabe con exactitud cuándo amortizará o siquiera si en algún momento saldrá rentable.

Gobierno y grandes eléctricas defienden la necesidad de poner coto a una expansión descontrolada del autoconsumo para evitar que desestabilice a todo el sistema eléctrico del país

“A las empresas se les está complicando poder tomar decisiones con la incertidumbre regulatoria, no sólo en autoconsumo sino en energía fotovoltaica en general. Hay muchas medidas transitorias que hacen que las empresas no sepan a qué atenerse y no estén seguras de invertir”, se quejaba Iñigo Olaguibel, miembro del consejo de Fotowatio Renewables Ventures, hace unas semanas en el II Foro Solar, celebrado en Madrid y organizado por UNEF. “No se puede poner puertas al campo en autoconsumo. Es absurdo que España no esté abanderando la creación de empresas de autoconsumo. Estamos perdiendo una gran oportunidad”, apuntó.

Y es que la queja entre los profesionales del sector parece unánime. “El sector necesita reglas de juego claras, certezas para invertir y seguridad jurídica. Y todo ello se ha cercenado en los últimos años”, sostiene Jorge Barredo, consejero delegado de Gestamp Solar. “Coartar un sector en claro desarrollo, en claro crecimiento en todo el mundo, es una absoluta estupidez. Y en España se pone obstáculos para que no se desarrolle”.

Lo que (no) dicen las eléctricas

Los que defienden las bases de la nueva regulación –el Gobierno y, en todo caso, de manera poco explícita también las grandes compañías eléctricas- subrayan la necesidad de poner coto a una actividad que puede desestabilizar el sistema eléctrico nacional al completo. La expansión descontrolada de las instalaciones de autoconsumo –argumentan- generaría un recorte de los ingresos del sistema y provocaría un guirigay sin precedentes por la multiplicación aparentemente sin límites de los puntos de generación eléctrica en viviendas y en empresas.

En el otro extremo, los detractores de la norma ven en las cortapisas al autoconsumo impuestas por el Ejecutivo un intento de perpetuar el statu quo energético español, en el que las grandes eléctricas –el temible oligopolio, otra etiqueta de éxito- controla casi enteramente la generación energética, la distribución y la comercialización. Según los críticos, las compañías eléctricas tratan de paralizar la proliferación de instalaciones que vierten energía a la red, al verlas como una amenaza al control que ejercen sobre la producción o, como mínimo, como un potencial zarpazo a sus ingresos al reducirse el consumo de la electricidad que los grandes grupos generan.

Dos informes de las consultoras Boston Consulting y PWC, que nadie sabe quién ha financiado, alertan de las consecuencias de no aplicar el ‘impuesto al sol’: caídas millonarias de los ingresos del sistema y subidas del recibo de hasta el 6%

En los días posteriores a la aprobación en Consejo de Ministros del nuevo real decreto casualmente se publicaron varios informes en los que se alertaba de las consecuencias de una desorbitada expansión del autoconsumo (caída de los ingresos del sistema y, como contrapartida, importantes subidas del recibo de la luz para compensarla) y en los que se daba por hecho que el nuevo marco regulatorio serviría para ponerle oto.

Los informes estaban elaborados por The Boston Consulting y por PWC, pero las consultoras no desvelaron por encargo de quién habían redactado los estudios. “Ahora parece que las consultoras funcionan como ONG, elaborando informes sin que nadie se los pague”, dice con toda la sorna del mundo José Donoso, de UNEF. “Pero casualmente los dos informes comparten los mismos términos de referencia para empezar a hacer los cálculos, así que parece que el origen de ambos es el mismo”. Y es que en los mentideros del sector se da por hecho que ambos estudios vienen, como mínimo, apadrinados por las grandes eléctricas agrupadas en la patronal Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP).

El gran desastre que evitó Soria

El escenario que dibujan los informes de Boston y PWC es el de un desarrollo del autoconsumo controlado y sostenible gracias al nuevo marco regulatorio, pero que se convertiría inevitablemente en peligrosa burbuja si se optara por no aplicar el impuesto al sol. El potencial poder desestabilizador del autoconsumo sólo puede articularse por una excesiva penetración y por el impacto económico por unos menores ingresos por parte del sistema (que dejarían de pagar los insolidarios autoconsumidores y tendrían que asumir el resto de clientes).

Y este planteamiento teórico se sustenta en ambos informes sobre unas cifras y unas proyecciones de futuro que han hecho llevarse las manos a la cabeza a las asociaciones empresariales de fotovoltaicos, que las consideran exageradas, irreales o directamente inventadas.

El ministro Soria en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Foto: Chema Barroso.

PWC anticipa en su estudio que con la nueva regulación el autoconsumo alcanzará una penetración de 4.000 MW –sin precisar en qué plazo-, lo que supondría un recorte asumible de los ingresos del sistema de unos 102 millones de euros. Y plantea otros dos escenarios posibles en los que el impacto empezaría a ser más preocupante. Según la consultora, si se eliminara el impuesto al sol, el autoconsumo alcanzaría los 16.800 MW y los ingresos caerían en 491 millones; y si, además de no cobrar los cargos, se introdujeran incentivos para impulsar el autoabastecimiento, la potencia se dispararía hasta unos increíbles 39.000 MW y el golpe a las cuentas del sistema sería de 1.234 millones de euros (1.126 millones por menores ingresos y 108 millones por el pago de las primas).

Toda la oposición, con PSOE, Podemos y Ciudadanos a la cabeza, se ha comprometido a derogar el decreto después de las elecciones

The Boston Consulting augura, también sin marcar plazos concretos, que con el actual marco legal el autoconsumo rondará los 1.100 MW y el golpe a los ingresos será de sólo unos 64 millones. Pero si no se aplicara a los cargos y peajes a los autoconsumidores, su penetración podría dispararse hasta los 11.192 MW y tener un impacto económico de hasta 1.800 millones de euros, lo que obligaría a aplicar una subida de más del 6% en el recibo de la luz para compensar el batacazo en los ingresos.

“Ambos estudios se desprestigian por sí solos. Me sorprende que a alguien no le dé vergüenza poner esto por escrito”, reprocha Donoso. Y es que, según los cálculos de UNEF, el recorte en los ingresos del sistema eléctrico se sitúa en apenas 2,6 millones de euros por cada 100 MW (frente a los 3,4 millones que calcula PWC o los 16,47 millones de Boston). La asociación fotovoltaica prevé que la penetración del autoconsumo tras el decreto podría ser prácticamente nula e, incluso si no se aplicara el impuesto al sol, no superaría los 1.700 MW al cierre de 2020. “Si quieren dar un titular o un mensaje propagandístico, mejor que se lo dejen directamente a los políticos”, sentencia el director general de UNEF en referencia a las dos grandes consultoras.

La promesa de toda la oposición de derogar el decreto

El Gobierno aprobó el real decreto sobre autoconsumo no sólo con el rechazo del sector de las energías renovables, sino también con toda la oposición política abiertamente en contra. Con la excepción del PP (ejem), todos los partidos con representación parlamentaria y también los que previsiblemente la obtendrán por primera vez en las generales del 20-D (léase Ciudadanos y Podemos) han mostrado su rechazo frontal a la nueva regulación.

Hasta dieciocho partidos políticos (PSOE, IU, ICV, Podemos, Ciudadanos, PNV, CDC, UPyD, Equo, Compromís, ERC, BNG, CHA, Coalición Canaria, Geroa Bai, Amaiur, Nueva Canaria y UPN) se sumaron el pasado julio a un manifiesto conjunto en el que se comprometen a derogar el decreto después de las elecciones. Los pactos postelectorales darán la clave de si hay marcha atrás. Al manifiesto por la «democratización de la energía» se sumaron también 40 asociaciones de consumidores, sindicatos, patronales empresariales, organizaciones ecologistas y diferentes movimientos sociales.

“Esta norma trata de retrasar al máximo la inevitable llegada del nuevo modelo energético por el que ya transita todos los países desarrollados, todo para apuntalar el modelo fósil-nuclear que, en manos de unas pocas empresas”, resume Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la patronal fotovoltaica Anpier, organización también firmante del manifiesto. “El patrón energético que mantenemos es, en el plano económico, una irresponsabilidad; en el medio ambiental, una tragedia; en el geopolítico, un disparate; y en el social, una burla”. Pero, de momento, se mantiene.