La portavoz adjunta de Sanidad de Podemos en la Asamblea de Madrid es una veterana del sistema sanitario con tres décadas de ejercicio de la medicina y un historial de activismo en la llamada Marea Blanca. Nos recibe en las oficinas del partido en el parlamento de la Comunidad con la mesa llena de papeles y mucho trabajo por delante…
José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del PSOE, siempre subraya que el sistema paralelo gestionado principalmente por Quirón Salud hace que sea todo más difícil de gestionar en Madrid. En SABEMOS, por ejemplo, hemos publicado pruebas de unos sistemas de derivación inadecuados. Y muchas de las críticas se dirigen al hospital de Collado-Villalba. ¿Coincide?
De Collado-Villalba todo el mundo piensa que es la puerta de entrada a la Fundación Jiménez-Díaz de todo el noroeste de Madrid. Así se infrautiliza Puerta de Hierro. Ya se ha reducido su presupuesto y más que se reducirá. Collado-Villalba dice en su contrato de servicios que tiene superespecialidades, pero no lo cumplen in situ, lo que hacen es coger una ambulancia y llevarse al paciente a la Jiménez-Díaz. Nos lo dice el personal de las ambulancias, que a Puerta de Hierro no llevan a nadie. La gente se cree que nuestras quejas son las típicas de profesionales o sindicatos, pero que al final el madrileño es un sistema bueno y eficiente. Y no. La desorganización de las últimas legislaturas es tremenda. No se pueden imaginar el caos que introdujo en organización y planificación el área única, y ha sido tremendo el mal control de todo lo nuevo, ya sea público de gestión privada o totalmente privado. Estamos hablando de un gasto sanitario total de 7.450 millones –con los presupuestos de 2016– y 962 millones van a gestión privada, sea un modelo u otro. En 2014 eran 446 millones. Con un gasto público parecido, la parte que va a lo privado se ha duplicado, y prácticamente la mitad va para Quirón Salud.
¿Y por qué se ha duplicado?
Ha crecido todo lo privado, y el incremento que tiene la Fundación Jiménez-Díaz es increíble. Se ha llevado buena parte de todo esto. Y lo malo no es que la sanidad privada tenga ya el 13% del presupuesto público. Si hubiese control sería menos grave. El problema es, precisamente, que pierdes el control del dinero, de los profesionales y de la planificación de la política sanitaria y la dejas en manos de gente que tiene muchísima fuerza para negociar. Sólo desde hace dos años se están cobrando a estos hospitales los servicios intercentros, pero con el agravante de que ellos tienen verdadera presión para no derivar a los hospitales públicos.
Se han aprobado una Proposición no de Ley (PNL) para exigir que se renegocie Collado-Villalba. ¿Es imposible o hay posibilidades de que salga adelante?
La redacción de esa Proposición No de Ley (PNL) cambió desde su redacción hasta su defensa. En el Pleno el PSOE insistió en que ponía el acento menos en la reversión al sistema que en la renegociación. Los pliegos se firmaron con una serie de condiciones y estamos en situación de pedir que se vuelva a incorporar al Servicio Madrileño de Salud. Queríamos demostrar que se están perdiendo cientos de millones de euros.
¿Pero desde el Gobierno ha habido algún tipo de paso en esa dirección, con su socio de gobierno y toda la oposición a favor?
Que yo sepa no. Ángel Gabilondo, entre otros, ha preguntado a Cifuentes si iban a tener cierto efecto las PNL que hemos ido aprobando, que no son pocas. Y la respuesta más clara fue de la presidenta: Que los demás hagan proposiciones que ella gobernará. Hay que seguir con la presión, y no sólo en la Asamblea, sino de toda la ciudadanía, de la Marea Blanca. Si no, no lo vamos a conseguir. Ha pasado igual con lo de la tarjeta sanitaria a inmigrantes, nuestra primera PNL. Y nos hemos quedado en el filo de la navaja. Hemos conseguido que César Pascual, director de Coordinación de Asistencia Sanitaria de Madrid, dé un orden para atender a todo el mundo a través de una carta, pero eso puede cambiar cualquier día. En los hospitales todavía se hacen facturas después de esa orden. Tenemos ejemplos, como Fuenlabrada, Gregorio Marañón o el Clínico. En algunos sitios se cumple y en otros no.
¿Pero esas facturas se pueden reclamar?
Se están reclamando, pero la factura está hecha. Es un mecanismo que disuade al inmigrante para que no vuelva, con lo que además supone un agravamiento de sus patologías. ¿Quiénes son los directores de esos hospitales para seguir cobrando cuando hay una orden que dice que no se haga? El Gobierno dice en grandes titulares que atiende a todos, pero no es verdad. Y eso no es de antes, sino con este Gobierno en marcha.
¿Y a qué se puede deber?
Puede ser que el consejero de Sanidad mande poco, que César Pascual mande poco… o que lo tienen permitido, y entonces es una cuestión política. Hasta junio he estado ejerciendo durante casi tres décadas. La gente tiene miedo, los emigrantes no van al médico hasta que se ponen muy malitos.
¿Pero cómo se puede cambiar esta situación? Se esté o no de acuerdo con la ley parece ridículo que los hospitales no cumplan una orden del Gobierno regional…
Para empezar, retirando los carteles que Sanidad Universal, una plataforma a la que he pertenecido desde hace poco, está denunciando desde hace tres años. Hay todavía carteles que dicen que para la atención sanitaria es necesaria tarjeta sanitaria. Y existe una ley que dice que existen excepciones, y una orden en la que se dice otra cosa.
Y si eso sucede en los hospitales públicos, ¿cómo será en los de gestión privada?
¿Sabe alguien si la Fundación Jiménez Díaz cumple la cartera de servicios que tiene firmada con el SERMAS? Yo no. No hay suficiente control de la cartera de servicios que supuestamente ofrecen a los ciudadanos.
(Durante la entrevista, San José denuncia también la falta de datos sobre la plantilla de los centros, una información que, en buena medida, se publicó el pasado 23 de noviembre. Pero, por supuesto, sólo para los hospitales de gestión pública, no para los de gestión privada.)
