El Gobierno ha endurecido las críticas a las indemnizaciones cobradas por directivos de Abengoa poco antes de la presentación del preconcurso, mientras continúan los contactos para avanzar hacia un acuerdo con los acreedores.
Tras la reunión de la banca del lunes, los bonistas han celebrado un encuentro para analizar de forma conjunta su situación, -tal y como les pidió la propia empresa- una semana después de la presentación del preconcurso. Sin embargo, para avanzar en las negociaciones, la banca reclama al grupo de ingeniería que detalle su deuda, sobre la que han surgido ciertas dudas, antes de abrir el crédito y proporcionarle liquidez.
En estas negociaciones, la banca cuenta con la asesoría del despacho de abogados Uría Menéndez en España y actualmente busca asesores en el Reino Unido y los Estados Unidos. Ese mismo punto ha sido resaltado por el presidente de Bankia -uno de los principales acreedores de la compañía-, José Ignacio Goirigolzarri, quien ha pedido aclarar la situación patrimonial de la compañía y ha abogado por la entrada de un inversor privado que inyecte capital en el grupo.
Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha tachado las indemnizaciones pagadas a exdirectivos de Abengoa de «poco presentables desde el punto de vista ético».
De acuerdo con la documentación del grupo, la salida del expresidente Felipe Benjumea en septiembre y la del exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega en mayo, conllevaron unas indemnizaciones de más de 20 millones de euros. De la misma manera, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha destacado que «no parece lo más acertado» ni «lo más razonable» ofrecer indemnizaciones millonarias poco antes de presentar el preconcurso, ante lo que espera «una revisión».
De Guindos ha añadido que «los acreedores públicos están analizando si dichas indemnizaciones pueden llegar a afectar a sus intereses», ya que el Estado forma parte de los acreedores a través de préstamos del ICO, Cofides y Cesce.
El debate sobre los créditos públicos a Abengoa ha llegado hasta la Comisión Europea, donde el vicepresidente para el Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, ha reconocido que la concesión de fondos en inversiones estratégicas implica estar «preparados para pérdidas».
Mientras tanto, los representantes en Andalucía de CCOO y UGT han advertido de que España y Andalucía «no pueden permitirse perder a una empresa» como esta, por lo que han instado al Gobierno a buscar una solución para la situación del grupo. En este mismo sentido se ha expresado la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que ha apelado a la responsabilidad para resolver un problema que, en su opinión, es estrictamente financiero.
Los sindicatos también han pedido a la Junta de Andalucía que se implique para medir los eventuales riesgos para el empleo en la región, que consideran que en una primera fase afectaría más a los eventuales que a los fijos. De hecho, en algunos países en los que opera la compañía, como Brasil, ya ha habido consecuencias para el empleo. Según el sindicato brasileño Sintepav-BA, Abengoa ha despedido a 2.300 trabajadores en Bahía, estado donde tiene una planta que prácticamente va a cesar su actividad hasta que se aclare la situación. Esto supone prescindir del 42,5 % del total de la plantilla de Abengoa en Brasil, que asciende a 5.400 empleados, aunque según Sintepav-BA también ha habido despidos en los estados de Tocantins, Piauí y Maranhao, lo que elevaría el porcentaje de despidos en el país a más del 50 %. Los sindicatos regionales aún no han confirmado los despidos en estos últimos estados.
Mientras tanto, en el mercado, las acciones de la compañía continúan con su tendencia alcista en la cuarta jornada consecutiva de recuperación, un comportamiento eminentemente especulativo, según los analistas, que apuntan a un cierto optimismo relacionado con la buena disposición al acuerdo de la banca. En la sesión de ayer, las acciones «B» -las más líquidas- se han revalorizado un 23 %, hasta los 0,53 euros, con lo que duplican los mínimos del jueves, pero permanecen todavía lejos de los 0,91 euros a los que cotizaban antes de anunciar el preconcurso.
